Nicaragua: Las Regiones Autonomas frente al Covid 19 | Land Portal
Soy Dolene Miller, afrodescendiente de la Costa Caribe (Atlántica) de Nicaragua y para mi es importante y muy necesario apoyar toda iniciativa para proteger a mi comunidad del COVID19. Como minorías étnicas nos enfrentamos a una crisis sanitaria en condiciones precarias pues el mismo gobierno nacional no ha querido asumir su responsabilidad de proteger a la población del contagio,  no ha dictado cuarentena y, al contrario, promueve actividades masivas de acuerdo a su tesis de contagio del rebaño. Se han despedido médicos especialistas y se esconden las cifras de las personas que se han contagiado y de las que han muerto. La actitud del gobierno pone en peligro a nuestras comunidad y podría diezmar a nuestra población afrodescendiente, incluso acabar con esta población vulnerable pues las condiciones de atención de la salud, en la Costa Caribe, son precarias y hay poco personal médico que puede atender estos casos. 
 
Nuestras comunidades viven en pobreza y en pobreza extrema, por tanto los efectos de COVID19 en nuestras familias y comunidades significa profundizar aún más los índices de pobreza. Esto debido a que  las oportunidades laborales se han cerrado en el exterior al retornar muchos connacionales que eran el sostén de la economía familiar en nuestras comunidades a través de remesas. Es importante considerar que somos un país centroamericano con un índice de desarrollo humano similar al  de Haití y con una crisis económica que se intensifica a raíz de una crisis social y política que se ha presentado en el país, a partir del 2018, y que repercute en nuestras comunidades costeñas.
 
Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua tiene tres leyes que, además de la constitución política del país, son de vital importancia para su desarrollo. Una de ellas es la que reconoce el derecho a nuestra autonomía y autodeterminación conocida como Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (Ley 28) promulgada en 1987. La otra  ley es la de Demarcación de la tierras comunales (Ley 445) promulgada en el año 2002 a raíz de la sentencia del caso Awas Tigni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos  en donde estos pueblos compuestos por Indígenas Miskitus, Mayangnas, Ramas y afrodescendientes Creoles y Garifunas demandaron con la ley la reivindicación histórica de sus tierras comunales.  Finalmente está la ley de Lenguas (Ley 162) que además de obligar al estado de Nicaragua a educar a la población costeña en su lengua materna, establece que el sistema de justicia en nuestros pueblos debe también considerar el derecho consuetudinario.
 
Con el marco legal existente sobre el derecho a la tierra, nuestros pueblos pueden contribuir, de forma muy activa, a la mejora de la salud pública a través de la medicina tradicional. En este tiempo de pandemia se ha demostrado que detectando los primeros síntomas del COVID19, y con estricta cuarentena, las prácticas ancestrales podrían evitar mayores problemas para la comunidad. Esto se demuestra no solamente durante el tiempo del COVID19 pues en el país no se cuenta con suficientes médicos ni especialista por habitantes. Las dos regiones autónomas de la Costa Caribe tienen los índices de desarrollo humano más deplorables del país, pues a pesar de tener el 70% de los bosques éstos son explotados de forma indiscriminada por el gobierno nacional, que no contribuye a un desarrollo sostenible del país porque no respetan las propias leyes especialmente para conservar a BOSAWAS en el Caribe Norte y la Reserva de la biosfera del  Río Indio y Maíz en el Caribe Sur de Nicaragua. De esta manera el proceso de autonomía y la demarcación territorial de las tierras comunales en la Costa Caribe, que territorialmente significa el 54% del territorio nacional, si se administra bien puede contribuir contra los efectos del cambio climático y mejorar las condiciones para proteger la biodiversidad. Se podría generar una 'recuperación verde' de nuestro país porque las tierras comunales reza en nuestras leyes que son inembargables, inajenables e imprescriptibles por tanto es nuestra responsabilidad cuidar de estos recursos que son garantías de un ambiente limpio y de protección a la madre tierra.
 
Consideramos que el desarrollo no significa destruir los bosques ni sobre explotar los recursos. La sostenibilidad es fundamental porque necesitamos del bosque y las futuras generaciones lo van a necesitar por lo que no podemos ser agentes de destrucción.  Favoreciendo el cambio climático estamos arriesgarnos a la destrucción de nuestros pueblos. Como países en vías de desarrollo nuestras demandas son pocas y la calidad de vida puede lograrse con voluntad y un buen plan de desarrollo sostenible. 

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