Más de 250 líderes han sido asesinados este año, según Indepaz | Land Portal

Según esta ONG y Somos Defensores, ni la pandemia ha frenado estos homicidios.

 

Por: María Isabel Ortiz y Julián Ríos Monroy.

 

A orillas del mar de Nuquí, donde Juana Perea se opuso a que construyeran el puerto de Tribugá, hallaron su cuerpo en la madrugada, con un disparo en la cabeza. Cuatro días después, el primero de noviembre, los armados llegaron hasta un caserío en el municipio caucano de López de Micay, y descargaron sus fusiles contra el líder afrodecendiente Audberto Riascos y Rocío Alomina Mantilla. 

No habían pasado 48 horas de ese hecho cuando sicarios llegaron hasta la casa de Jorge Solano Vega, delegado de la Mesa de Víctimas de Ocaña (Norte de Santander) y lo asesinaron. A casi 600 kilómetros de allí está ubicado El Peñol (Antioquia), donde ese mismo día acribillaron a Luis Gonzalo Hincapié, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cristalina.

Estos cinco nombres son los más recientes del desgarrador listado de asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos que ha documentado el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que el martes pasado llegó a los 251 registros en 2020, siendo Cauca (84) y Antioquia (26) los departamentos más afectados. Esto significa que, en promedio, según las cifras de Indepaz, cada semana mataron a 6 defensores. 

A la sombra de esta situación aparece una paradoja: los crímenes contra líderes aumentaron luego de la firma del acuerdo de paz con las Farc, muy a pesar de que en la negociación se previeron estas violencias y se dejó consignada la creación de mecanismos de protección, así como la implementación de una comisión para desmantelar a los grupos ilegales que hostigan a los líderes y defensores.

Las demoras en la puesta en marcha de esas estrategias y la ineficacia de otras que se han dispuesto han derivado en una masacre a cuentagotas que deja un saldo condenable: 1.055 asesinatos entre el 24 de noviembre de 2016, cuando se suscribió el acuerdo, y el 3 de noviembre de 2020, según datos de Indepaz.

Y ni siquiera el confinamiento por covid-19 les bajó el ritmo a las agresiones. Por el contrario, según el programa Somos Defensores, los asesinatos aumentaron un 61 por ciento entre enero y junio del 2020, en comparación con el 2019.

Estas cifras son mayores a las reportadas por la ONU -que es con las que trabaja el Gobierno-, y que  este año ha registrado 49 homicidios de líderes sociales, o mayor a las entregadas por la Defensoría del Pueblo. 

 

¿Por qué los matan?

Leonardo González, coordinador del Observatorio de Conflictividades de Indepaz, asegura que entre las razones están los atrasos en la implementación integral del acuerdo de paz. 

Según explica, las zonas en las que operaban las Farc no fueron copadas por el Estado, tarea que requiere, más allá de la presencia de la Fuerza Pública, la ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), un fortalecimiento en educación y salud, entre otras apuestas.

 

Uno de los temas centrales en la discusión son las causas que motivan estos crímenes, y aunque el Gobierno ha señalado al narcotráfico como la principal razón, para el investigador de Indepaz, “la gran mayoría de asesinatos no tiene nada que ver con narcotráfico, sino con otros conflictos por tierras, minería, ganadería, entre otras cosas”.

 

La gran mayoría de asesinatos no tiene nada que ver con narcotráfico, sino con otros conflictos por tierras, minería, ganadería, entre otras cosas”

 

González también indicó que los grupos ilegales operan en estructuras más pequeñas y, con un sicario y una moto, por ejemplo, pueden ejercer control. No obstante, explicó que aunque son redes ilegales las que principalmente ejecutan los asesinatos: “En la mayoría de los casos el grupo no es el autor intelectual”.

 

El efecto de la pandemia

Somos Defensores, en su informe ‘El virus de la violencia’, reveló un incremento del 61 por ciento en los homicidios contra líderes durante el primer semestre de este año, con 95 asesinatos, frente a 59 en el mismo periodo de 2019.

Una de las explicaciones de este aumento, señala, es que la cuarentena por covid-19 limitó la movilidad de los líderes y defensores y los obligó a estar de manera permanente en sus casas, lo cual lleva a que “sean fáciles de identificar por los actores que buscan silenciar sus luchas”. Durante el confinamiento se reportó el asesinato de 46 personas con liderazgo social, que corresponden al 48 por ciento del total de homicidios del semestre.

 

Para Lourdes Castro, coordinadora de Somos Defensores, otro de los factores que dificultan las garantías a los líderes es “el discurso negacionista desde el Gobierno sobre la situación de derechos humanos” y en particular el deterioro de entornos seguros para ejercer liderazgos. Castro reitera que en el acuerdo de paz se establecieron mecanismos claves “que no han funcionado como deberían”, por ejemplo, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual tenía que diseñar la política pública para el desmonte de grupos armados ilegales, que es “un fenómeno fundamental que se alinea con las agresiones a los líderes y defensores”.

De hecho, según Somos Defensore,s en 14 de los 95 homicidios en el primer semestre, los presuntos responsables son paramilitares; en 12, disidencias de las Farc; y en 4, el Eln. Una de las situaciones más preocupantes es que en 59 muertes (el 62 por ciento) se desconoce el autor. Pero hay un punto adicional: la Fuerza Pública aparece como presunta responsable en 6 casos.

Sobre los crímenes que no paran, Carlos Camargo, defensor del Pueblo, indicó que la entidad ha exigido a las autoridades el cumplimento de su obligación de proteger y velar por la seguridad de los líderes. Señaló además que con un préstamos del BID para modernizar la entidad, esperan desarrollar un Sistema de Alertas Tempranas “basado en tecnología de inteligencia artificial para asegurarnos de que es posible no solo reaccionar, sino anticiparse a los hechos con toda la oferta institucional y de protección”.

En todo caso, Somos Defensores apunta que solo en el 15 por ciento de los asesinatos de líderes sociales que investiga la Fiscalía se ha llegado a sentencia, por lo que las posibilidades de que estos crímenes queden impunes son altas.

Las cuentas diferentes

Mientras Indepaz reporta 251 líderes sociales asesinados en 2020, ONU Derechos Humanos registra 49 este año, y la Defensoría habla de 139 casos hasta septiembre. 

Según Leonardo González, de Indepaz, la razón de las diferencias en las cifras tiene que ver con las fuentes de información y los criterios que usa cada organismo. Por ejemplo, dijo que la ONU ha dicho que no tienen la capacidad de “hacer el análisis caso a caso en todo el territorio”, mientras que Indepaz recibe información directa de las organizaciones sociales a lo largo del país. Otras oenegés, como Somos Defensores, sistematizan las agresiones cada cierto tiempo.

 

Autoridades hablan de avances contra los grupos armados
 

Frente al homicidio de los líderes y las críticas por fallas en su protección, el alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, señaló que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad ha sesionado en 49 oportunidades y ha avanzado en la construcción de la política de desmantelamiento de las estructuras armadas. 

También resaltó que el Gobierno “ha dado golpes contundentes a los cabecillas de los grupos armados, dando de baja a varios de los principales autores de los crímenes contra líderes y defensores”.

Otro alto funcionario del Gobierno dijo: “Los grupos armados atacan a los líderes de manera cobarde, para proteger el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales a los que estas personas se oponen”.

 

Los grupos armados atacan a los líderes de manera cobarde, para proteger el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales a los que estas personas se oponen

 

Sobre las críticas por la implementación de los Pdet, Emilio Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, aseguró que la Agencia de Renovación del Territorio terminará el año habiendo entregado 900 obras en municipios priorizados. Agregó que se han obtenido logros importantes en materia presupuestal: “Cambiamos la Constitución para que se permitiera el adelanto de regalías para los Pdet. Vamos a tener alrededor de $ 4,5 billones para sumarle a lo que ya estamos haciendo”. 

Por su parte, la Fiscalía explicó que está trabajando para actuar en tiempo real y lograr la identificación de los determinadores y el desmantelamiento de las estructuras criminales.

En la actualidad hay 398 casos abiertos por crímenes ocurridos entre 2016 y octubre de 2020, en los cuales se han logrado avances en 241 casos (60,45 por ciento), incluyendo 54 condenas y 2 sanciones, 84 procesos en juicio, 35 en investigación y 51 indagaciones con orden de captura o imputación. 

Sobre este año, la Fiscalía reportó avances en 20 de los 49 casos que le ha reportado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DD. HH. 

Por otro lado, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció que fueron creados 11 nuevos juzgados para conocer procesos por homicidio de líderes y defensores. Los juzgados estarán en Buenaventura, Santa Marta, Riohacha, Tumaco, Valledupar (2), Medellín, Cúcuta, Montería, Popayán y Quibdó.

Y la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez,  aseguró que hay una "correlación estrecha" entre las acciones de los grupos armados organizados que intervienen en cadenas productivas ilícitas, con las zonas en donde hoy se están presentando la mayoría de asesinatos de líderes sociales. 

"Son las dinámicas delincuenciales de dichas estructuras armadas las que ponen en riesgo la integridad y la vida de los líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos", afirmó Gutiérrez, señalando que, según el reporte de la Fiscalía a octubre de este año, los mayores perpetradores de violencia contra los líderes son las disidencias de Farc, y después vienen grupos de delincuencia común con alcance local, el 'Clan del Golfo',  el Eln, Epl, y los 'Caparros'. 

 

Son las dinámicas delincuenciales de dichas estructuras armadas las que ponen en riesgo la integridad y la vida de los líderes sociales,

 

La Consejera para los derechos humanos también asegura que una de las acciones que han desarrollado para proteger a los líderes consiste en la creación de un índice de riesgo de afectación contra líderes sociales y defensores de DDHH’ "que permite focalizar los municipios de mayor riesgo, y articular acciones". 

 

Artículo publicado en El Tiempo 

 

 

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