El avance del agronegocio sobre territorios ocupados por agricultoras y agricultores familiares y sobre territorios ancestrales de comunidades indígenas se ha ido intensificado en los últimos años, con graves consecuencias como desalojos forzosos, en muchos casos violentos, ya sea por el uso de las fuerzas policiales o empresariales, poniendo en riesgo la vida de quienes resisten a los mismos.
Las comunidades shipibas cuyos territorios se ubican en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, enfrentan múltiples amenazas a sus derechos territoriales y sus vidas: narcotráfico, tala ilegal. Pero no solo actividades ilegales, también concesiones forestales y agrícolas otorgadas por el Ministerio de Agricultura y Riego en sus territorios. Los menonitas han deforestado grandes extensiones.
El informe pretende visibilizar la situación de violencia estructural que enfrentan las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales, de la tierra y del territorio en México, a través del monitoreo, registro y análisis de las agresiones perpetradas en su contra en razón de su labor. Con ello se pone a la vista información de las cifras generales de dichas agresiones, las cuales lamentablemente no son alentadoras.
La publicación, denominada «Proteger nuestra casa común: Defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica», tiene como base una investigación realizada entre el 2019 y el 2021 acerca de las tendencias actuales de abusos de derechos humanos y medioambientales a los que se enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) en seis países de Latinoamérica: Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú.
La publicación, denominada «Proteger nuestra casa común: Defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica», tiene como base una investigación realizada entre el 2019 y el 2021 acerca de las tendencias actuales de abusos de derechos humanos y medioambientales a los que se enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) en seis países de Latinoamérica: Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú.
La publicación, denominada «Proteger nuestra casa común: Defensoras y defensores de la tierra y del medioambiente en Latinoamérica», tiene como base una investigación realizada entre el 2019 y el 2021 acerca de las tendencias actuales de abusos de derechos humanos y medioambientales a los que se enfrentan los defensores y las defensoras de derechos humanos (DDH) en seis países de Latinoamérica: Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras y Perú.
La crisis climática es una crisis de lesa humanidad.
Entre los grupos de personas defensoras más vulnerables, este documento se centra en dos de los reciben el mayor número de ataques en la actualidad: las y los operadores de justicia y quienes de enden la tierra y el territorio. La expulsión del comisionado Iván Velásquez y del organismo que presidía, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala (CICIG), supuso un duro golpe al sistema de justicia y es una muestra clara de la regresión que se vive en el país.
Nuestro informe anual sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y el medio ambiente de 2019, muestra el número más alto de muertes en un solo año hasta la fecha. 212 personas defensoras de la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en 2019, un promedio de más de cuatro personas por semana.
En 2018, Global Witness encontró que Guatemala experimentó el aumento más alto en el número de asesinatos de defensores de la tierra y el medio ambiente. Sólo el año pasado, el presidente del capítulo de la aldea del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), una organización nacional de movimientos sociales liderada por los indígenas que trabaja por los derechos a la
tierra, fue asesinado, así como cuatro de sus colegas de CODECA. Muchos de estos asesinatos ocurrieron en el
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