El Programa Mujer y Tierra de la Coalición Internacional por el Acceso a la Tierra —ILC— América Latina y El Caribe fue desarrollado durante 15 meses en los años 2013 y 2014.
The year 2016 marks 15 years since the new wave land reforms became operational in Tanzania. Despite its ambitious goals – encouraging land registration and titling, and empowering women and other vulnerable groups – the results are disillusioning. A brief overview of 15 years of implementation, using the Village Land Act as a case study.
El libro Somos tierra, semilla, rebeldía: mujeres, tierra y territorio en América Latina, realiza un recuento de las luchas de las mujeres en América Latina desde sus comunidades y organizaciones, partiendo del cuestionamiento al capitalismo patriarcal, que agrega a la expropiación de las tierras que sufren el campesinado pobre y los pueblos originarios la división sexual del trabajo por la cual se invisibiliza el trabajo de las mujeres, tanto el trabajo en la casa como en las pequeñas unidades agrícolas.
Training volunteers to help their communities defend their land rights has proved an effective approach for promoting land justice in Tanzania. This report documents how Hakiardhi, a Dar-es-Salaam based research institute working on land governance issues, has established and trained a 600-strong network of male and female ‘Land Rights Monitors’ (LRMs) operating in 300 villages on various aspects of the land law, so they can help people and local governments to exercise and ensure respect for their legal rights in land disputes.
Entre el 23 de octubre y el 02 de diciembre de 2016, el IPDRS y el Land Portal, llevaron adelante un foro debate en línea sobre la Propiedad colectiva de la tierra en Sudamérica, desafíos y perspectivas, buscando alimentar la discusión que actualmente proviene de toda una dinámica global desde ONG, centros de investigación, activistas, universidades, colectivos y claramente organizaciones campesinas e indígenas que plantea todo un esfuerzo mundial para defender la propiedad colectiva de la tierra desde sus distintas dimensiones ante las presiones y amenazas provenientes del agronegocio y de
El objetivo del presente informe es dar cuenta de la situación actual de los derechos de las mujeres rurales, refiriéndonos en particular a mujeres campesinas, criollas e indígenas, de la región del Gran Chaco Argentino en relación al acceso a la tierra y recursos naturales, contemplando su vinculación con otros derechos interrelacionados.
Muchos estudios han abordado el tema de la producción agrícola y alimentaria, incluso respecto del aporte de las mujeres a las economías locales y los cambios de los sistemas alimentarios a nivel global. Sin embargo, en el ámbito rural, muchas veces las mujeres no son visibles, pese a que realizan una gran parte de las actividades en la finca. En general, además, los negocios rurales propiedad de mujeres tienden a enfrentar más barreras y reciben menos servicios y apoyo que los negocios en manos de hombres.
Ante los retos que actualmente se plantea la humanidad – lucha contra el hambre, erradicación de la pobreza, cambio climático y desarrollo sostenible –, se reconoce la centralidad de la tierra para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la importancia del aporte de las mujeres indígenas en la preservación de la biodiversidad, la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Sin embargo, éstas son marginadas de los procesos de gobernanza de la tierra.
En el marco del 1er. Foro de Información sobre la mina en Ixtepec, las mujeres ixtepecanas lanzaron un pronunciamiento comunitario en contra del proyecto de extractivismo minero en Ciudad Ixtepec, así como también un llamado a todas las mujeres istmeñas, tanto de zonas rurales como urbanas, para manifestar el rechazo a dicho proyecto.v
Las mujeres que demandan el cumplimiento del derecho a la igualdad y luchan para acceder al uso de recursos naturales y propiedad de la tierra son frecuentemente victimas de presión, amenazas o criminalización de sus actividades. En Honduras por ejemplo, entre el 2010 y el 2012 hubo más de 684 casos de campesinas procesadas en 15 departamentos del país. En 2013, la cifra sumó más de 700 expedientes judiciales en contra de mujeres que participaron en diferentes procesos de recuperación de tierras.
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