La Constitución Política de la República de Panamá de 1972 (CPR), “reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales”, y dispone que el Estado debe establecer programas tendientes al desarrollo de dichas culturas y su protección. Este texto revisar la normativa legal que reconoce las comarcas indígenas como territorios indígenas autogobernados.
Este documento analiza la creación de las comarcas indígenas en Panamá desde una perspectiva legal.
El derecho internacional ha avanzado en las últimas décadas hacia el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, expresada en regímenes de autonomía o auto-gobierno en sus territorios. En este sentido, la autonomía territorial indígena es un régimen acordado, que permite a los pueblos concernidos el control de sus propias instituciones sociales, políticas y culturales y de sus territorios, en el marco del Estado en que habitan. En el caso panameño, la figura donde se concreta la autonomía indígena es la Comarca.
La serie presenta cartillas con información actualizada de los derechos de los Pueblos Indígenas en el Perú y las normas internacionales referidas a ellos, poniendo un mayor énfasis en lo relacionado al derecho al territorio y a la tierra, desde los procesos de reconocimiento y titulación de las Comunidades Nativas. La información es expuesta a través de explicaciones apoyadas en ejemplos y en citas de normas importantes para su mejor comprensión. La cartilla N°2 aborda los derechos al territorio y los recursos naturales.
El reconocimiento de los derechos indígenas y tribales en el continenteamericano durante los últimos años ha sido significativo. Con un largocamino por recorrer, la lucha por el reconocimiento de sus derechos, suparticular forma de entender la sociedad, su relación con la tierra y laconcepción identitaria que de ella surge, cobran un determinante valor.La tendencia demostrada por organismos jurisdiccionales internacionales,en particular, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos paraabordar tal reconocimiento de derechos, proviene de una visión antropológicade la materia.
El presente Decreto Legislativo unifica los procedimientos de las comunidades campesinas y nativas de la sierra y de la selva con las de la costa, para mejorar su producción y competitividad agropecuaria.
Enmienda: Ley Nº 26505 - Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. (1995-07-17)
El presente Decreto Legislativo modifica la Ley que establece los principios generales necesarios para promover la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas, respecto a la necesidad que las comunidades regularicen su organización comunal para la adquisición de las tierras comunales y dispongan del voto a favor de no menos del cincuenta por ciento de los comuneros posesionarios con más de un año.
El presente Decreto Legislativo decreta la Ley especial para la legalización de los derechos de propiedad, posesión y tenencia de la tierra en las zonas limítrofes delimitadas entre Honduras y El Salvador por la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 11 de septiembre de 1992, por medio de la cual cada parte se obligaba a respetar los derechos y libertades de los nacionales de los Estados que quedaron viviendo o tuvieren derechos en los territorios de uno u otro Estado, y que tiene por objeto establecer un régimen jurídico especial que permita ejecutar en forma ágil y expedita, d
Las presentes disposiciones establecen el marco normativo que regula la adquisición, la administración y los actos de disposición de las tierras fiscales. Dichas facultades serán ejercidas a través del Ministerio de Tierras y Colonización.
El Decreto consta de 7 capítulos y 118 artículos. INDICE: Servicio Nacional de Reforma Agraria (I); Procedimiento ante las Juntas Rurales (II); Procedimiento ante los jueces agrarios (III); Normas para resolución (IV); Procedimiento ante el Consejo Nacional de Reforma Agraria (V); Normas de ejecución (VI); Disposiciones finales (VII).El Servicio Nacional de Reforma Agraria se crea para la ejecución de las disposiciones contenidas en el Decreto Ley Nº 03464, de 2 de agosto de 1953, que dispone la realización de la reforma agraria (art. 1º).
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