Decreto-lei n. 52/2015 de 24 de Setembro.
This Decree-Law amends and re-publishes Decree-Law No. 37/2014 of 22 July, approving the special legal regime for the implementation of land registers in the islands of Sal, Boa Vista, São Vicente and Maio.
This Decree-Law amends and re-publishes Decree-Law No. 37/2014 of 22 July, approving the special legal regime for the implementation of land registers in the islands of Sal, Boa Vista, São Vicente and Maio.
Las presentes disposiciones establecen el marco normativo que regula la adquisición, la administración y los actos de disposición de las tierras fiscales. Dichas facultades serán ejercidas a través del Ministerio de Tierras y Colonización.
El presente Decreto Ley crea los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final.
El presente Decreto aprueba el Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que tiene por objeto regular la aplicación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, de conformidad con los principios, finalidades, lineamientos de la política agraria de tierras y los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural y territorios ancestrales.Sobre las condiciones para determinar el cambio de la clasificación del uso del suelo rural, dispone que la Autoridad Agraria Nacional, a solicitud del Gobierno Autónomo Desc
El presente Reglamento General para la aplicación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, tiene por objeto regular la aplicación de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, de conformidad con los principios, finalidades, lineamientos de la política agraria de tierras y los derechos vinculados a la propiedad de la tierra rural y territorios ancestrales.
El presente Decreto establece cuáles son las acciones u omisiones no constitutivas de delito que se deberán considerar como contravenciones de las disposiciones legales vigentes en materia de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios, y del registro de la tenencia de la tierra.
El presente Decreto oficializa, para efectos de aplicación obligatoria, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 2012-2040 (PNOT), que busca integrar un marco de objetivos comunes entre una serie de actores institucionales y al mismo tiempo, constituir una guía para la planificación estratégica del territorio costarricense. El ordenamiento territorial es la expresión espacial de las políticas sociales, ambientales y económicas.
El presente Decreto establece normas sobre la operación del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas contemplado por el artículo 20 de la Ley N° 19.253. El Fondo tiene por objeto: a) el otorgamiento de subsidios para la adquisición de tierras; b) el financiamiento de mecanismos para la solución de problemas relativos a tierras ; c) el financiamiento para la constitución, regularización o compra de derechos de aguas o financiar obras destinadas a obtener este recurso.
El presente Decreto aprueba el Marco General de Política de Tierras (MGPT), con la finalidad de promover la formación y funcionamiento de los mecanismos de coordinación interinstitucionales e intersectoriales para la formulación de las políticas especificas, estrategias, planes e instrumentos conducentes a la implementación y fiel cumplimiento, así como el monitoreo y evaluación de efectos e impactos de su aplicación.Entre los principios que rigen la política nacional de tierras, cabe destacar los siguientes: garantía de los derechos de propiedad; sostenibilidad ambiental; precaución; plura
La presente Ley tiene como finalidad fortalecer y otorgar seguridad jurídica a los titulares de la propiedad, desarrollar y ejecutar una política nacional que permita la inversión nacional extranjera y el acceso a la propiedad por parte de todos los sectores de la sociedad.
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