Un total de 1.179 personas y 177 comunidades de siete países de América Latina fueron objeto de ataques entre 2009 y 2018 por su trabajo relacionado con la protección del medioambiente, reveló hoy un informe periodístico.
La organización colombiana Consejo de Redacción presentó su proyecto "Tierra de resistentes" en el que investiga y denuncia los ataques contra activistas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.
"Cuando decidimos que fuera un tema de derechos humanos y que incluyera líderes tomamos las listas de la ONU y cinco de los países que están incluidos en este proyecto están en los primeros lugares en el número de asesinatos de líderes sociales", subrayó a Efe Dora Montero, presidenta de Consejo de Redacción.
Además de la organización colombiana, en el proyecto participaron Deutsche Welle Akademie (DW) y la Agencia de Cooperación Alemana, que financiaron la iniciativa.
Montero explicó que durante ocho meses medio centenar de periodistas, fotógrafos y camarógrafos reunió bases de datos de entidades estatales y organizaciones no gubernamentales para elaborar un trabajo multimedia en el que detalla cada uno de los ataques.
Según la investigación, de las 1.179 personas atacadas, el 81,69 % fueron hombres y el 18,31 % mujeres, todos ellos víctimas de amenazas, asesinatos, desplazamientos, desapariciones o violencia sexual, entre otras agresiones.
Asimismo, 177 comunidades de indígenas y afrodescendientes fueron víctimas, entre ellas la Munduruku en Brasil, que solo en cinco años sufrió 35 ataques, y la Nahua en México, que tuvo 30 agresiones.
El país que registró el mayor número de casos fue Brasil, con 754, seguido de México (222), Colombia (180), Guatemala (97), Ecuador (59), Perú (27) y Bolivia (18).
La mayoría de ellos ocurrieron por la defensa de la tierra, que abarca 867 casos, mientras que la defensa de los bosques fue la causante de 242 ataques y la del agua generó 234.
Montero destacó como factores comunes de los ataques en los siete países la presencia de grupos narcotraficantes y el abandono por parte del Estado de las regiones afectadas.
"El blanco de un alarmante 56 % de esos episodios de violencia pertenece a alguna minoría étnica, demostrando que los territorios indígenas y afrodescendientes son especialmente vulnerables a estos intereses criminales", añade el estudio.
La periodista lamentó además la impunidad en la que continúa la mayoría de los casos, pues de todos los ataques registrados tan solo hay 50 con sentencias y 274 siguen bajo investigación.
"Esperamos que se tomen algunas decisiones, queremos que realmente haya impacto e incidencia. Queremos mostrar lo grave que es la situación (...) La idea es colaborar con el proceso de verdad en la región (latinoamericana) y que a raíz de eso haya alguna presión", concluyó Montero. EFE