Campesinos piden derogar decreto que quita aranceles al maíz importado | Land Portal | Asegurando los Derechos a la Tierra a través de Datos Abiertos

La Alianza por la Agrobiodiversidad, conformada por 19 organizaciones, considera que la medida adoptada por el coronavirus es inconstitucional, innecesaria e inconveniente. Temen por las cerca de 390.000 familias que todavía cultivan ese alimento en Colombia.

 

 

La estocada final para los pocos productores de maíz que aún quedan en Colombia parece estar cerca. El decreto 523 de 2020, por medio del cual se estableció temporalmente 0% del arancel para la importación de materias primas como el maíz amarillo duro, el sorgo, la soya y la torta de soya hasta el 30 de junio de este año, prorrogable por tres meses más, se podría constituir en el declive para las 390.000 familias, aproximadamente, que todavía cultivan este alimento milenario en el país.

De las cerca de 340.000 hectáreas de maíz que existen en Colombia, alrededor de 112.000 son sembradas por campesinos y 224.000 por industriales, según Germán Vélez, ingeniero agrónomo y director de la Corporación Grupo Semillas, quien sostuvo que con esta medida para los labriegos y los industriales ya no sería rentable sembrar este producto y se desestimularía la producción agrícola nacional. 

Actualmente, el país importa el 85% del maíz que consume y el cual es usado, principalmente, como insumo para la producción de algunos alimentos balanceados y concentrados para las cadenas productivas porcícola, avícola y piscícola

 

También se teme que ante la avalancha de maíz amarillo duro que llegará procedente de Estados Unidos, país con el que Colombia firmó un Tratado de Libre Comercio (TLC) desde el 2011, las plazas de mercado se inunden de este producto que "es transgénico y de muy mala calidad, ante la falta de control de las autoridades y pese a que solo está permitido como materia prima para la producción de concentrados", dijo Vélez. 

El director del Grupo Semillas indicó que hoy es más barato importar maíz de Estados Unidos, debido a que en esa nación dicho alimento era subsidiado por el gobierno, razón por la cual llegaba a Colombia a un precio menor que el producido aquí, por lo que era muy difícil competirle. "Poner el arancel cero va a ser el acabose de la producción nacional y una pérdida más de autonomía alimentaria", sostuvo. 

 

El Gobierno nacional expidió este decreto el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica aduciendo que para proveer a los colombianos proteína animal durante la pandemia era necesario garantizar a la industria el acceso a materia prima barata en el mercado global, argumento que ha sido duramente cuestionado por la Alianza por la Agrobiodiversidad, conformada por 19 organizaciones, al considerar que esta medida es inconstitucional, innecesaria e inconveniente. 

Desde esa organización aseguran que esta iniciativa solo beneficiará a los importadores y a la industria avícola, porcícola y piscícola, así como a Estados Unidos, que al haber restringido su mercado de venta de soya con China (su principal comprador), tenía una sobreproducción de este alimento. 

En vista del grave golpe al campesinado colombiano que aún cultiva maíz, soya y sorgo, la Alianza por la Agrobiodiversidad realizó una solicitud para que el Consejo de Estado avoque conocimiento en control inmediato de legalidad del decreto expedido por le gobierno. 

Dora Lucy Arias, abogada de la Alianza por la Agrobiodiversidad, indicó que no pueden existir normas que basadas en las emergencias sanitarias, escapen al control constitucional. Aseguró que no se trataba de una medida urgente y sí de una podía generar efectos negativos para el agro colombiano. 

"El gobierno invocó ese decreto por la pandemia, pero en realidad no existía la necesidad de bajar los aranceles a cero, ya que evade el control judicial constitucional y legal necesarios. Esto consolida la política regresionista que se ha venido dando contra la producción nacional de alimentos por parte de los campesinos", manifestó. 

Para la jurista esta medida vulnera los derechos del campesinado, desconoce los derechos humanos y va en contra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). "Creemos que este decreto realmente está disfrazando su intención, que es promover la producción de países como Estados Unidos, sin importar los derechos de las personas que en el campo colombiano están produciendo. Esto les va a generar una situación muy difícil de resistir", apuntó. 

Desde la alianza se teme que esta medida que, aparentemente es transitoria, termine volviéndose permanente como el 4X1.100. "El Gobierno colombiano en vez de invertir en el fortalecimiento de la producción agrícola local, está favoreciendo la de otros países. Colombia tiene un alto potencial de producción, pero falta apoyo. Está en juego la soberanía alimentaria nacional", puntualizó Vélez. 

 

 

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