Guatemala. Una deuda sin saldar | Land Portal

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Date of publication: 
janvier 2020
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Entre los grupos de personas defensoras más vulnerables, este documento se centra en dos de los reciben el mayor número de ataques en la actualidad: las y los operadores de justicia y quienes de enden la tierra y el territorio. La expulsión del comisionado Iván Velásquez y del organismo que presidía, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala (CICIG), supuso un duro golpe al sistema de justicia y es una muestra clara de la regresión que se vive en el país. Nos encontramos con un poder judicial mermado por la falta de independencia y la total desprotección de aquellos funcionarios que intentan realizar su trabajo con rectitud, especialmente quienes están a la cabeza de los procesos relacionados con el con icto armado y otros de gran repercusión fruto del trabajo de la CICIG.

Además, de la mano de los Estados de Excepción y bajo la excusa de la pandemia, se ha incrementado también el clima de con ictividad y agresión contra las personas defensoras de la tierra y el territorio, quienes, aún así, han reforzado su actividad y se han convertido en el altavoz de denuncia de las irregularidades provocadas por el Gobierno.

Por último, es importante señalar que, en el año 2014, la Corte IDH resolvió el caso Defensor de Derechos Humanos y otros contra Guatemala (caso Defensor), en el cual ordenó al Estado guatemalteco el desarrollo de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, la cual inició un proceso de dialogo y construcción entre actores de sociedad civil e instituciones estatales del 2016 al 2018. Sin embargo, con la llegada de Alejandro Giammattei al Ejecutivo, esta política ha quedado en suspenso y aún no existe claridad del proceso que deberá continuar.

Se mantiene, por tanto, una deuda sin saldar con quienes de enden derechos. Con la presente agenda se busca dar recomendaciones concretas al Ejecutivo del presidente Alejandro Giammattei para que, sin mayor dilación, retome los espacios de protección desarticulados, e impulse una política pública que garantice la protección de las personas defensoras de derechos humanos en un contexto que, como veremos a continuación, pone de mani esto una grave crisis al derecho a defender.

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