Colombia tiene una de las mayores cifras de desplazados internos en el mundo. Sin embargo, hay un enigma. Mientras las cifras más recientes de las ONG calculan en 4 millones el número total de desplazados internos desde 1985, las cifras del gobierno colombiano muestran estimativos mucho más bajos, de 1,9 millones. De hecho, hay importantes discrepancias en las maneras como se identifica, cuenta y clasifica a los desplazados.
La construcción y el mantenimiento de infraestructura en Colombia han sido definidos como una de las locomotoras de desarrollo económico del país. Esto requiere de grandes inversiones. Estudios económicos recientes en países en vía de desarrollo, como Colombia, muestran que gran parte del financiamiento de proyectos de infraestructura se logra por medio de la inversión del sector privado. De este, más de la mitad es inversión extranjera. Colombia ha adoptado recientemente una política de apertura a la inversión extranjera.
The situation of internally displaced persons (hereinafter IDPs) around the glob is getting worse by the minute. The international community has responded by creating norms that ban the actions of belligerents (during armed conflicts) and States (in times of peace) which produce the unlawful displacement of people. However, an important part of the IDPs in the Americas are Indigenous Peoples; and even though there are some specialized norms for protecting them of the displacement, those norms focus exclusively in the proprietary interest of Indigenous peoples.
The American Convention on Human Rights embodied in an extensive way, the protection of the use and enjoyment of property, including land property. The Inter-American Court of Humans Rights has interpreted this right in an evolutionary way, according with the particular necessities of the people under the jurisdiction of the State Parties of the Convention.
La experiencia de reubicación de 62 familias desplazadas en el Departamento del Guaviare que accedieron a un Subsidio Integral de Tierras (SIT) en el año 2006, por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, se investigó cubriendo un horizonte temporal de una década (2005 al 2015).
Este artículo pretende hacer un análisis relacionado con la aplicación de las herramientas jurídicas desde las normas sobre la protección a la inversión internacional en Colombia, en especial, la aplicación de la expropiación indirecta y el estándar mínimo de tratamiento sobre una hipótesis pun- tual: la implementación de regulaciones o medidas por parte del Estado que tengan como efecto el detrimento de una inversión en una concesión portuaria bajo el régimen de zona franca permanente especial, ZFPE.
The high degree of vulnerability of the displaced population and the low impact of the programs directed towards this population have resulted in the illegal solution of housing problems, generated by the development of low-quality housing neighborhoods. Instead of proposing an evaluation of the housing policy for displaced populations due to violence, the article proposes an analysis of the housing public policy for displaced populations.
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