El tema elegido como objeto de estudio tiene como motivación el hecho que no existe suficiente investigación, a diferencia de lo que ocurre respecto a las comunidades campesinas y quienes viven en zonas periurbanas, que contenga un enfoque constitucional que analice la problemática del acceso al agua que tienen las comunidades nativas y los colectivos originarios que residen en la selva peruana.
Analiza los efectos del estancamiento del proceso de formalización minera sobre las comunidades nativas Boca Inambari y Tres Islas en el departamento de Madre de Dios, Perú. Plantea que el estancamiento de la formalización minera en Madre de Dios, la incomunicación intersectorial de las entidades de decisión respecto al potencial de formalización de las Comunidades Nativas, así como las interdicciones, y los engaños de algunos consultores, han desestimulado el afán de las comunidades para ordenar sus actividades y las han conducido a asumir alternativas para subsistir.
La tesis comprende cuatro marcos conceptuales: El primero, el aspecto metodológico que sienta las bases de la investigación, desde el planteamiento del problema, la hipótesis y su justificación. El segundo, comprende el desarrollo doctrinario de la propiedad y del registro desde una óptica histórica, económica y jurídica, que permita explicar la necesaria interrelación de ambas instituciones como consecuencia de la libertad que gozan las personas para contratar en el mercado.
Desde inicios del siglo XXI, la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) se ha constituido en el modelo referente de manejo del agua a nivel mundial. Organismos multilaterales, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, y organizaciones internacionales, como la Global Water Partnership, han impulsado reformas institucionales en diversos países con el fin de instaurar un modelo de gobernanza que cristalice los principios de la GIRH.
Este informe presenta los hallazgos de la Misión Independiente de Constatación de los Hechos de Yanacocha (la «Misión»), realizada entre agosto de 2015 y marzo de 2016. A la Misión se le encargó examinar un conflicto entre una empresa minera aurífera multinacional y una familia campesina local en un área alto andina del norte del Perú. En la raíz del conflicto se encuentra una disputa sobre una parcela de tierra denominada «Tragadero Grande».
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