Las comunidades shipibas cuyos territorios se ubican en la provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, enfrentan múltiples amenazas a sus derechos territoriales y sus vidas: narcotráfico, tala ilegal. Pero no solo actividades ilegales, también concesiones forestales y agrícolas otorgadas por el Ministerio de Agricultura y Riego en sus territorios. Los menonitas han deforestado grandes extensiones.
Este documento es el quinto de seis informes detallados que acompañan la Evaluación Comparativa de los Proyectos de Regularización y Administración de Tierras llevada a cabo por la Oficina de Evaluación y Supervisión (OVE). Este quinto informe evalúa cinco operaciones aprobadas entre 1996 y 2007 enPanamá, en lo relativo a actividades de regularización y administración de tierras. Estas operaciones son: "Proyecto de Administración y Regularización de Tierras, PRONAT" (PN0148); "Programa de catastro de la región metropolitana y modernización de la administración de tierras" (PN-L1018);
El cambio climático representa una seria amenaza para las sociedades centroamericanas por sus múltiples impactos previstos en la población y en los sectores productivos. En términos fiscales constituye un pasivo público contingente que afectará las finanzas públicas de los gobiernos por varias generaciones. Se estima que para 2030 Centroamérica aún producirá menos de 0,5% de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) del planeta1 , pero al mismo tiempo ya es una de las regiones más vulnerables ante los embates del cambio climático.
Históricamente América Central es una región con importantes niveles de inequidad en la distribución y uso de los recursos naturales. Estos niveles de inequidades, partes de procesos económico socios y políticos (concentración de las cadenas de valores, agricultura de escala industrial apoyada por políticas publicas hacia los mercados de exportación), han generado algunas problemáticas relacionadas a la gobernanza de los recursos y su tenencia, tanto para la población como para los ecosistemas que sustentan en gran medida el crecimiento económico de los países de la región.
Este estudio proporciona un análisis completo de la estructura de las políticas públicas de apoyo al sector agropecuario de Panamá, utilizando la metodología de la OCDE de Estimados de Apoyo al Productor (PSE en sus siglas en inglés). Este es el primer estudio de Estimados de Apoyo al Productor que se ha realizado para Panamá, y es el resultado de la colaboración entre la iniciativa Agrimonitor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) de Panamá.
La Constitución Política de la República de Panamá de 1972 (CPR), “reconoce y respeta la identidad étnica de las comunidades indígenas nacionales”, y dispone que el Estado debe establecer programas tendientes al desarrollo de dichas culturas y su protección. Este texto revisar la normativa legal que reconoce las comarcas indígenas como territorios indígenas autogobernados.
Es un hecho innegable que las mujeres en Panamá, al igual que en otros países del mundo, han contado con poca participación histórica en la tenencia de tierras. La cultura patriarcal predominante generó relaciones entre hombres y mujeres jerarquizadas, desiguales, inequitativas y discriminantes. Esto excluyó ayer y hoy a muchas mujeres de la propiedad de la tierra, dificultando el acceso a oportunidades y la generación de ingresos propios.
El presente trabajo busca hacer una lectura estructural de algunas de las dinámicas agrarias y rurales de las últimas décadas en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Se busca mostrar varias dimensiones que interactúan en el medio rural, como son la estructura agraria, el uso del suelo, el incremento de la superficie en fincas gracias a la ampliación de la frontera agrícola, y la evolución de la población tanto nacional como sobre todo en el ambiente rural.
El objetivo de este informe tiene como propósito la identificación de "políticas públicas, marcos jurídicos, protocolos institucionales y otros posibles mechanismos que ofrezcan oportunidades para diseñar estrategias de incidencia para acceso, control y/o propiedad de la tierra para las mujeres rurales" en Honduras.
En Honduras, con la expedición del Decreto Ejecutivo PCM-053-2013, empezó un trabajo institucional tendiente a reconocer que en el país, aún después del conflicto armado de 1907 y de 1969, persisten fenómenos de desplazamiento forzado, violencia y dinámicas de despojo de tierras, territorios y viviendas.
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