En Bolivia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la temática de la tierra responden parcialmente a la Agenda 2030 y existe una alerta sobre una serie de políticas y leyes que vulneran los derechos colectivos relacionados con los territorios indígenas y la presión ejercida sobre la tierra y recursos naturales debido a los proyectos extractivistas que afectan el control territorial de una diversidad de comunidades indígenas.

Esa es la principal conclusión a la que se llegó durante el evento “Objetivos de Desarrollo Sostenible, acceso y gobernanza de la tierra y territorios en Bolivia”, organizado por la fundación TIERRA y el Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica – IPDRS, en el que se presentó el informe “Gobernanza de la tierra y los Objetivos de Desarrollo Sustentable en Bolivia”, documento elaborado por el IPDRS, que hace un amplio y profundo análisis de los avances y retrocesos en el cumplimiento de los ODS relacionados con la tierra, tomando en cuenta para ello el Reporte Nacional Voluntario sobre ODS presentado por el gobierno boliviano a mediados de este año, además de otros documentos rectores de la planificación nacional  como la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020.   

Los ODS se adoptaron por todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2015 como un llamado para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para 2030.  Estos objetivos son 17 y están organizados en 169 metas y 232 indicadores. De ese grupo, cuatro metas y cinco indicadores están relacionados específicamente con la tierra.

“El informe que hemos presentado puede ser considerado una provocación ante los diferentes sectores de la sociedad para llamar la atención. El tema de tierra y territorio debe llamar la atención a más gente, a más actores, a periodistas, a autoridades e instituciones, a seguir analizando y a seguir vigilando. En definitiva, es también, una provocación para ejercer nuestro derecho a la información (…). Las autoridades comunican al exterior cosas que no están ocurriendo”, resaltó Ruth Bautista Durán, Responsable de Investigación del IPDRS.

Los cuatro objetivos relacionados con el tema tierra son el ODS 1 —Fin de la Pobreza— con el que se busca que las personas tengan los mismos derechos para el acceso a la propiedad y control de la tierra, recursos naturales, entre otros. El ODS 2 —Hambre Cero— tiene, entre otras metas, duplicar la productividad agrícola, los ingresos de los productores y fomentar el acceso equitativo a la tierra. El ODS 3 —Igualdad de Género— persigue que recursos económicos y el acceso a la propiedad de la tierra se puedan otorgar a las mujeres. Finalmente está el ODS 15 —Vida de Ecosistemas Terrestres— que tiene como finalidad combatir la desertificación, restaurar la tierra y el suelo degradados y promover la conservación. 

Entre algunas de las observaciones que se hicieron para temáticas que están dentro de los ODS 1 y ODS2, por ejemplo, está que, a pesar de lo avanzado, el proceso de saneamiento y titulación de tierras todavía tiene un retraso y esto genera nuevos conflictos emergentes por sobreposición de derechos, apropiación indebida e invasión de áreas protegidas. “El principal problema es la ausencia de un sistema transparente y público. Esta situación genera grandes dudas en la población en general; y, además, promueve el accionar delictivo en contra de la normativa”, señala parte del documento.

“En el caso del ODS 15, que se refiere a gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad, hemos encontrado mucho menos información en los documentos que hemos revisado y es algo preocupante (…). En el informe voluntario que presenta el gobierno a Naciones Unidas, se indica que es prioridad del gobierno, reducir la deforestación, incrementar las áreas forestales (…). No obstante, en base a todas las políticas que se mencionaron anteriormente, se está incentivando la ampliación de la frontera agrícola, el desmonte y la productividad antes de la conservación de la biodiversidad”, señaló Bautista. 

En el evento, Deborah Díaz Araujo, abogada agrarista del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social - CEJIS, expuso una larga lista de normas aprobadas para cumplir las metas que se tienen para el 2030 en tema de acceso y control de la tierra, destacando que la mayoría no se cumplen o han sido modificadas o reemplazadas, afectando en general en los procesos que tienen que ver con la tenencia de tierras, principalmente.

“Se han mencionado los avances de saneamiento y que ahora solo falta un 13% para sanear. Lo que nos decía el actual director del INRA es que le han dejado la parte más difícil (…). Aquí se trata de dar relevancia que el mayor avance en el proceso de saneamiento es a partir de 2006. Ojalá que en el 2023 se pueda concluir con este proceso, pero mientras se concluye el saneamiento también se van a incrementar los conflictos por la tierra.  Sigue habiendo pueblos y comunidades indígenas y campesinas que necesitan tierra y no se les está dotando, pero además se vienen otros conflictos”, manifestó.

Toribia Lero Quispe, diputada de la Asamblea Legislativa Plurinacional lamentó que la información para poder medir los avances de los ODS en Bolivia sea casi nula, incluso para ella en su condición de asambleísta. “Ese informe voluntario que presentó el gobierno fue elaborado por el Ministerio de Planificación, pero no sé si las organizaciones, las ONG han participado de esa elaboración, pero los pueblos indígenas, no (…).  Yo sugeriría a la sociedad civil que para hacer seguimiento a todos estos documentos comencemos a hacer informes sombra, para contrastar lo que hace el gobierno”, afirmó.

Por su lado, Jimena Mercado, periodista de investigación, narró desde su experiencia cómo la actividad extractivista afecta a las comunidades indígenas y cómo se debería entender este proceso en el marco de los objetivos de desarrollo.

“En el caso del ODS 15, que habla sobre la restauración de la tierra y el suelo degradados, estamos yendo en contra ruta en el norte de La Paz (…). Cuando hablamos de que la tierra tiene que ser restaurada, un suelo recuperado para la producción, lo que se ve allá es contaminación (por la minería). Las dragas, cómo remueven el río desde el fondo, sacan piedras, y eso es lo que queda en las orillas de los ríos, donde antes había tierras fértiles. Los ríos están muy contaminados por el tema del mercurio y los pueblos están contaminados por alimentarse con los peces que están llenos de mercurio”, relató Mercado. 

Tanto el IPDRS, como la fundación TIERRA son parte de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC por sus siglas en inglés), una red internacional de instituciones y organizaciones preocupadas por los derechos de campesinos e indígenas a la tierra y el territorio, y que en el marco de la iniciativa Tierra y ODS, busca acompañar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible articulados a la cuestión agraria con estudios como los presentados en este evento.