Camerún - Contexto y Gobernanza de la Tierra

La Constitución de 1996 otorga a los ciudadanos el derecho a la propiedad individual o en asociación con otros. En concreto, la tenencia de la tierra está regulada por la Ley nº 74-1 de 1974 y la Ley nº 74-2 de 1974. Además del derecho estatutario, el Estado se apoya en las autoridades tradicionales, cuyo poder se basa en su responsabilidad de gobernar los asuntos relacionados con la tierra, asignar los derechos de uso de las tierras de las aldeas y mediar en los conflictos sobre la tierra  [5]. Los derechos de usufructo pueden transmitirse por herencia patrilineal o ser asignados por las familias propietarias.

La legislación distingue tres categorías de dominios de tierra: la tierra pública, que está en manos del Estado en beneficio del pueblo, la tierra privada y la tierra nacional. En 1974, todas las tierras no registradas, incluidas las de tenencia consuetudinaria, pasaron a ser tierras nacionales bajo la gestión y administración del Estado, dejando a la mayoría de los cameruneses sólo con derechos de usufructo [6]. El dominio nacional es, con mucho, la categoría más grande, mientras que los títulos individuales sólo representan una fracción muy pequeña. Todas las tierras de propiedad privada deben estar registradas y tituladas para ser consideradas tierras privadas. Dicho esto, sólo los particulares pueden registrar las tierras y los propietarios están obligados a urbanizarlas visiblemente. Esto excluye naturalmente a las comunidades indígenas y pastoriles de la propiedad de la tierra.

La tenencia de la tierra es muy insegura para la mayoría de la población [7]. Los costes de registro y titulación son elevados, y el proceso es largo y complejo, por lo que la tierra privada sigue siendo accesible en su mayor parte para la élite, lo que agrava la desigualdad existente  [8]. La falta de un sistema de catastro a nivel nacional contribuye además a los conflictos relacionados con las transacciones y los registros de la tierra. La coexistencia del derecho estatutario y de una gran variedad de costumbres de tenencia y uso de la tierra se suma a los conflictos, por ejemplo, entre los pastores y las comunidades agrícolas o las poblaciones forestales y los agricultores que despejan el bosque para la agricultura [9]. Las instituciones de resolución de conflictos, incluidos los tribunales, parecen ser muy ineficaces y estar desbordadas por la cantidad de conflictos.

En 2018, el 56,4% de la población de Camerún vivía en zonas urbanas. Más de dos tercios de la población viven de la agricultura, la pesca y la silvicultura. Los tres sectores aportan alrededor del 15% del PIB. El país cuenta con 10 millones de hectáreas de tierra cultivable, de las cuales 2 millones están dedicadas a pastos permanentes y 1,8 millones a cultivos permanentes [14]. Camerún es rico en recursos minerales, como bauxita, cobalto, níquel, mineral de hierro y uranio. Además, el país cuenta con yacimientos de rutilo y tantalita, así como con importantes reservas de petróleo en alta mar.

El norte semiárido, con escasas precipitaciones, se destina principalmente a la producción ganadera y al cultivo de algodón, sorgo y mijo. Las zonas de altiplano y sabana se destinan a los cultivos de raíces, el café y el cacao. La zona costera es adecuada para la producción de aceite de palma, caucho y cultivos hortícolas, mientras que la región sur se caracteriza por una selva tropical única en el mundo, pero en peligro de extinción. La deforestación supone un gran reto en Camerún. El país perdió el 97% de su selva primaria húmeda entre 2001 y 2019 [15].

Industria de aceite de palma en Camerún, fotografía  por  CIFOR (CC BY-NC 2.0)

Camerún ha atraído varias inversiones a gran escala en la agricultura, las industrias extractivas y el desarrollo de infraestructuras mediante la concesión de incentivos, con un entorno fiscal favorable. Según la Land Matrix, más de 2,3 millones de hectáreas de tierra fueron asignadas a empresas internacionales y, en menor medida, nacionales, como concesiones agrícolas, mineras o madereras  [18].

Todo el proceso de asignación está muy orientado a los inversores y no tiene en cuenta las externalidades socioeconómicas y medioambientales, es decir, el impacto en los esfuerzos de conservación [19]. La mayoría de las inversiones presentan una regulación débil, un cumplimiento legal deficiente y provocan desplazamientos, la pérdida de medios de vida y conflictos (violentos) entre las comunidades y las empresas [20]. El conflicto de tierras más destacado surgió en el caso de la plantación de caucho y aceite de palma de SOCAPALM [21]. Desde que la empresa instaló sus plantaciones en las provincias del Litoral y del Sur en 1968, las comunidades afectadas se han enfrentado a enormes problemas socioecológicos, es decir, daños medioambientales, cuestiones de derechos y demarcación de la tierra no resueltas, malas condiciones de alojamiento para los trabajadores y el desprecio de la mano de obra local. En Camerún, las salvaguardias legales y el derecho a la indemnización sólo protegen a los propietarios registrados, excluyendo a la mayoría de la población rural de Camerún, y a los pueblos indígenas y las mujeres en particular. Del mismo modo, la gobernanza consuetudinaria de la tierra muestra una falta de transparencia y responsabilidad en las transacciones de tierras. Las autoridades consuetudinarias tienden a aprovecharse de las inversiones en tierras y recursos naturales sin compartir los beneficios con otros miembros de la comunidad.

Yaoundé y otras ciudades desempeñarán un papel fundamental en el desarrollo futuro de Camerún. En consecuencia, el gobierno se esfuerza por integrar la agenda urbana en el plan de desarrollo nacional [26]. ONU-HABITAT presta apoyo en la elaboración de una política urbana nacional y trabaja en los vínculos entre las ciudades y el campo, así como en su programa participativo de mejora de los barrios marginales. Los esfuerzos de urbanización del Estado han contribuido al desalojo de numerosos indígenas [27].

Mercado en Yaoundé, fotografía por Ludwig Tröller (CC BY-NC 2.0)​

Época precolonial - Derecho consuetudinario 
Antes de la época colonial, la tierra se regía únicamente por el derecho consuetudinario, que todavía se practica en la mayoría de las zonas rurales, aunque no esté reconocido por el derecho estatutario. El derecho consuetudinario abarca desde el uso de la tierra, las cuestiones de herencia, la silvicultura, la caza y la agricultura. 

1960 - 1980 - Auge económico basado en los ingresos del algodón, el café y el petróleo
Tras la independencia y la reunificación (1960/61), los ingresos del algodón, el café y el petróleo impulsaron la economía camerunesa. A finales de la década de 1980, los precios del mercado mundial cayeron y la moneda del país se devaluó. 

1974 - Adopción del marco legal para la gobernanza de la tierra y los recursos naturales
La Ordenanza nº 74-1 y -2 sobre el Régimen de la Tierra y el Estado, de 1974, pretende atraer inversiones comerciales en los sectores de la tierra, los minerales y los bosques. En este sentido, todas las tierras no registradas, incluidas las de tenencia consuetudinaria, fueron puestas bajo el control del Estado.

1985 - Adquisición obligatoria por parte del Estado en virtud de la Ley 85-09 
El gobierno puede adquirir terrenos para otorgar concesiones o promover el desarrollo (urbano).

1994 - Adopción de la Ley forestal (Loi forestière de 1994)
La ley pretende originalmente descentralizar y reforzar la gestión forestal comunitaria para reducir la deforestación. Sin embargo, la tala ilegal ha continuado. 

2001 – 2019  - Camerún pierde el 97% de su bosque primario húmedo.

2009 - Adopción del Plan de Uso y Gestión Sostenible del Suelo
El plan se elaboró para reducir los conflictos entre agricultores y pastores en la región occidental, es decir, mediante el establecimiento de corredores y demarcaciones ganadera