Mientras los firmantes hablan sobre su importancia, actores claves, tanto latinoamericanos como europeos, se preocupan de posibles efectos nefastos de este tratado de libre comercio. El medio ambiente podría ser la primera víctima del texto.
"¡Histórico!", "una fuerte señal", "un hito", las partes del acuerdo firmado entre la Unión Europa (UE) y el mercado común del cono suramericano (Mercosur) no tenían suficientes palabras para describir su emoción al pactar un nuevo mecanismo de libre intercambio de bienes y servicios.
Tras dos décadas de negociación a puertas cerradas, los dirigentes comprometidos se enorgullecen de ir a contracorriente de las tendencias proteccionistas y de defender un multilateralismo cada vez más cuestionado.
Sin embargo, el texto está lejos de hacer consenso entre los 780 millones de ciudadanos que conformarán este futuro mercado, empezando por el método que llevó a esta conclusión. Único órgano de la UE constituido a través del sufragio universal, el recién renovado Parlamento Europeo no fue consultado. La diputada francesa Manon Aubry denunció un acuerdo hecho “a espaldas” de esta cámara “en detrimento de la agricultura y del medio ambiente” .
Riesgos para el medio ambiente en la era Bolsonaro
Diez días antes de la firma, más de 340 organizaciones de ambos lados del Atlántico emitieron una carta pública en ese sentido. El comunicado denuncia que en Brasil donde “activistas sociales, comunidades campesinas e indígenas y sindicatos enfrentan peligros extremos por la retórica incendiaria del Gobierno de Bolsonaro y sus partidarios” y pide garantizar que “ningún producto brasileño vendido en la UE, ni los mercados financieros que lo sustentan, estén provocando un aumento de la deforestación, el acaparamiento de tierras indígenas o las violaciones de los derechos humanos” y exige “pruebas” de que el Ejecutivo ultraderechista “cumplirá sus compromisos resultantes del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático”.
Señalando que “la UE está ofreciendo a los países del Mercosur más acceso al mercado europeo para la carne de vacuno y pollo, azúcar y etanol para biocombustibles, entre otros productos”, la ONG Greenpeace recuerda que “el ganado es el mayor impulsor de la deforestación en el Amazonas, con el 63% de las áreas deforestadas ocupadas por pastizales” y que “casi ocho mil kilómetros cuadrados de la Amazonia brasileña fueron destruidos en 2018”.
Los agricultores son los principales implicados por los efectos de este tratado, y sus gremios no mostraron mucho entusiasmo al respecto. “Inadmisible” por la Confederación Campesina de Francia, que denuncia un “sacrificio de la agricultura y la ganadería a favor de un comercio caníbal y de una carrera desenfrenada hacia el crecimiento, a costas del clima, del planeta y de los hombres”.
Interrogación sobre los compromisos climáticos y protesta de los agricultores
Mismo tono desde el gremio de la agroindustria gala, la FNSEA, que critica una distorsión entre el modelo agrícola de los países del Mercosur y el de la UE y una “incoherencia total entre la política comercial y las políticas agrícolas, sanitarias y ambientales”.
Nicolas Hulot, exministro de medio ambiente del Gobierno francés, quien dimitió estrepitosamente de su cargo el año pasado, expresó al diario Le Monde no entender que se pueda “firmar este acuerdo en su forma actual. Este tipo de decisión política muestra que no tenemos un enfoque sistémico y global para el control del clima”, afirmó, “este acuerdo es completamente antitético a nuestras ambiciones declaradas y, sobre todo, a la realidad de lo que se necesita hacer”.
En Argentina, la oposición a Mauricio Macri denunció enseguida el tratado. El diputado Nicolas del Caño criticó un “acuerdo ruinoso para el pueblo trabajador” , cuyos beneficios irían “para los agronegocios y las multinacionales”, mientras que el senador Pino Solanas arremetió en contra de “una política que vulnera nuestra producción y soberanía económica, atándonos a carros ajenos en una época de turbulencia.”
Lo más laborioso de este pacto entre la UE y el Mercosur se superó. No obstante, entrelineas y múltiples detalles quedan por concluirse. Especialistas estiman a dos años el tiempo que falta para que los diferentes legisladores ratifiquen el acuerdo. Un lapso que podría constituir una oportunidad de los opositores para pulir sus argumentos.