La masacre de Curuguaty marcó la historia de Paraguay. Un violento desalojo de campesinos en el que en el que 11 labriegos y 6 policías pagaron con su vida el altísimo coste que implica reclamar un trozo de tierra en Paraguay.
El pasado 15 de junio se cumplieron dos años del acontecimiento. Pero aquí todo el mundo lo recuerda como si fuera hoy. Sobre todo porque provocó la destitución de Fernando Lugo, el primer presidente progresista tras 65 años en el poder de la derecha (incluida la dictadura que empezó en 1954). Acusado de incapacidad para gobernar, el juicio a Lugo duró una semana. La gente te cuenta dónde estaba cuando empezó todo, si lo vieron por la tele o lo escucharon en la radio, las llamadas de teléfono, las manifestaciones espontáneas en las plazas. La masacre de Curuguaty cambió el curso de la joven democracia paraguaya, que cumplía 23 años desde el fin de la dictadura de Stroessner. La derecha volvió a gobernar y con ella terminaron las posibilidades de un cambio real en el país.
Durante el desalojo de Curuguaty hubo 13 detenidos: todos campesinos, ni un policía. La acusación: invasión de propiedad privada (aunque las tierras son del Estado), intento de homicidio y asociación criminal. El castigo: 14 años de cárcel. Dolores Peralta, de 24 años, es una de las acusadas. Ella estaba en ese trozo de tierra de 2.000 hectáreas que 240 familias quieren cultivar siguiendo los trámites legales. Según la ley, las tierras del Estado deben destinarse a la agricultura familiar, pero los trámites son tan lentos que las personas ‘sin tierra’ suelen recurrir a la ocupación para presionar al Gobierno. En este caso, una empresa, dirigida por un poderoso terrateniente local, se había apropiado del terreno de forma fraudulenta y había pedido que desahuciaran a los molestos ocupantes.
“Pensábamos que iba a ser un desalojo normal, pero cuando vimos a todos esos policías nos asustamos mucho. ¡Incluso había un helicóptero!”, relata Dolores en alusión a los 250 antidisturbios que ese día desembarcaron en el lugar. “Nosotros apenas éramos 30 personas, entre los que había mujeres y niños”, constata. “Yo salí corriendo con mi hijo de 3 años y me escondí, pero me agarraron y en dos días estaba en la cárcel. Allí pasé mucho miedo. Ese sitio es el infierno”. Dolores, que estaba embarazada, consiguió el arresto domiciliario. Su esposo, Luis Olmedo, tampoco puede salir del perímetro que rodea su casa. Él consiguió el arresto domiciliario tras 58 días de huelga de hambre y 20 kilos menos.
“No somos culpables de nada. Lo único que pedimos es tierra para cultivar y un futuro para nuestros hijos”, dice Luis, una reivindicación que resume muy bien el drama de la masacre de Curuguaty y el de miles de campesinos en Paraguay.