Como representantes de la International Land Coalition, Frontline Defenders y CIVICUS, acompañados por la Pastoral de la Tierra y UDEFEGUA, hemos pasado la última semana visitando comunidades y hablando con representantes del gobierno local y nacional, instituciones de derechos humanos y socios internacionales en el ámbito del desarrollo.
El mensaje que hemos escuchado de las y los defensores de la tierra y el medio ambiente en toda Guatemala es: "No somos criminales, no somos asesinos, simplemente queremos trabajar nuestra tierra y alimentar a nuestras familias". Respaldamos su afirmación.
Hemos encontrado que a la fecha el gobierno de Guatemala no ha logrado dar una respuesta efectiva para proteger a las personas defensoras de derechos humanos (DD.HH.) en riesgo o investigar los crímenes en contra de estas. La inacción del gobierno ha generado las condiciones para un clima de violencia en el que las y los defensores de DD.HH. pueden ser asesinados con impunidad y sin temor a sanciones. Para nosotros es de suma preocupación que los actos de violencia contra las y los defensores de DD.HH. hayan ido más allá de actos aleatorios y se hayan convertido en un patrón sistemático de persecución.
El estado no está fallando solo en defender los derechos humanos fundamentales, sino que está desmantelando activamente las instituciones y los mecanismos de protección existentes. En lugar de defender los derechos humanos de las personas y las comunidades, los sistemas legales y judiciales están siendo utilizados para promover los intereses de poderosos grupos estatales y no estatales en contra de los intereses de las comunidades locales, a menudo a través de medios corruptos. Hemos sido informados por una gran variedad de actores en Guatemala que el sistema democrático ya no funciona. En las reuniones con las comunidades, hemos escuchado una y otra vez sobre el sentimiento de abandono que perciben por parte del estado. Los periodistas de las comunidades que han expuesto la brutal realidad están siendo ahora objetivos de ataques.
En la raíz del conflicto social está el acceso a la tierra, al agua y a los recursos naturales. Es evidente que el estado de Guatemala ha elegido priorizar un modelo económico de desarrollo rural que enriquece a unos pocos, a costa de empobrecer a las comunidades, incentivar la migración y destruir el medio ambiente.
El gobierno de Guatemala debe optar claramente entre abordar estos asuntos como parte de un proceso de construcción de una sociedad más justa e igualitaria, o mantener el status quo, lo que dará lugar a una mayor polarización y dificultades económicas para el pueblo de Guatemala. El punto de partida para construir un modelo de desarrollo rural más inclusivo es el consentimiento libre, previo e informado de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales. Para que las consultas de buena fe tengan algún valor, las personas deben confiar en que el gobierno actuará sobre la base de los acuerdos alcanzados con las comunidades. También es urgente poner fin a la estigmatización de las y los defensores de DD.HH. y reconocer el papel legítimo y positivo que desempeñan.
Nos ha impresionado profundamente en el transcurso de la misión la capacidad de resiliencia y la valentía de las mujeres y los hombres líderes comunitarios en toda Guatemala, que trabajan sin miedo para el mejoramiento de su pueblo y que todavía tienen esperanzas de que el gobierno los escuche. También reconocemos el papel fundamental desempeñado por el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Corte de Constitucional y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la defensa de las normas internacionales de derechos humanos.
“Instamos al gobierno y a la comunidad internacional a reconocer y apoyar el papel crucial de los líderes comunitarios y la necesidad de que estos sean incluidos en la definición e implementación de modelos de desarrollo económicos sostenibles y equitativos, asimismo, es fundamental que se reconozcan y protejan sus derechos a la tierra, al territorio, al agua y a los recursos naturales” sostuvo Michael Taylor de la International Land Coalition.
“Durante el último año, las personas defensoras de los derechos humanos han sido hostigados y asesinados con total inmunidad. Si bien celebramos el anuncio del Procurador General sobre un progreso significativo en la identificación de los asesinos de Juana Raymundo, es importante que aquellos que orquestaron el crimen también sean llevados ante la justicia. Confiamos en que se dará la misma atención a los otros 17 casos de defensores de los derechos humanos que han sido asesinados desde enero de este año " indicó James Loughran de Front Line Defenders.
La International Land Coalition – ILC (Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra) es una red global de organizaciones multilaterales y de la sociedad civil que trabajan juntas para poner a las personas en el centro de la gobernanza de la tierra. Los miembros nacionales de ILC en Guatemala son CODECA, UVOC, CCDA, Nuevo Día y CONGCOOP.
Front Line Defenders es una organización internacional de derechos humanos que se enfoca en la seguridad y protección de los defensores de los derechos humanos en riesgo.
CIVICUS es una red de organizaciones de la sociedad civil que fortalecen y promueven los derechos cívicos y los valores democráticos.
Contactos (español e inglés)
James Loughran | Frontline Defenders | +35 3872316049 | jim@frontlinedefenders.org
Zulema Burneo | International Land Coalition América Latina y el Caribe |+51 987814597 | z.burneo@landcoalition.info
Elisa Novoa | CIVICUS | +27 795817941 | elisa.novoa@civicus.org