El pacto cuenta en la actualidad con veintidós firmas y busca “garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medioambiente sano y a un desarrollo sostenible”, señaló este lunes la presidenta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
Anita Ramasastry, explicó que el tratado ofrece garantías de buena gobernanza medioambiental, así como de respeto a las garantías fundamentales y que servirá para impulsar el desarrollo sostenible y la conducta empresarial responsable en América Latina y el Caribe.
Por ello, instó al Gobierno peruano a dar “el próximo paso vital hacia adelante” a través de la ratificación del tratado, que estuvo en fase de negociación durante seis años hasta lograr un entendimiento en marzo del 2018.
La nación sudamericana firmó el Acuerdo en septiembre del 2018 y actualmente se encuentra en fase de ratificación por parte del Congreso. De lograrse, solo faltaría la verificación de un país más para que el pacto entre en vigor.
Además, serviría para reforzar los procesos sobre la toma de decisiones medioambientales, la inclusión de las personas en esos procedimientos y abriría la puerta a recursos y compensaciones a las víctimas de daños relacionados con el medio ambiente.
“Asimismo, la ratificación del tratado representa una oportunidad para que las empresas cumplan su importante función de respetar el medio ambiente y los derechos humanos y, por consiguiente, ganen legitimidad y aumenten su sostenibilidad”, destacaron los integrantes del Grupo de Trabajo.
El Acuerdo también incluye normas específicas para la protección de los defensores de los derechos humanos en una región donde “arriesgan sus vidas al defender a las personas y al medio ambiente contra las consecuencias negativas de la actividad empresarial, este tratado regional es fundamental", mencionó Dante Pesce, vicepresidente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
La recomendación del Grupo de Trabajo fue respaldada por otros especialistas en derechos humanos: Francisco Cali Tzay, relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Mary Lawlor, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; David R. Boyd, relator especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, y Marcos A. Orellana, relator especial sobre las obligaciones de derechos humanos relacionadas con la gestión y eliminación ecológicamente racionales de las sustancias y los desechos peligrosos.