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* Jaime H. Díaz Ahumada
El conflicto armado que sufre Colombia desde mediados del siglo pasado ha contribuido a que se agudice aún más la pobreza en el país. Este conflicto ha generado una grave crisis humanitaria, cuya expresión más sensible es el desplazamiento forzado interno. Se estima que en Colombia hay más de cuatro millones de personas desplazadas contra su voluntad, lo que equivale al 9% de la población nacional.
En Colombia, a raíz de la guerra interna desde hace sesenta años, el desplazamiento y la lucha por el control del territorio por parte de actores armados y delincuencia organizada, ha conducido a la mayor situación de pobreza y concentración de la tierra desde el nacimiento de la República. El destierro y las políticas inadecuadas se traducen en el deterioro de las condiciones del 24% de las poblaciones total del país que habita el campo. El 44% de los habitantes rurales no tienen acceso al servicio de agua y el 89% carecen de acueducto. El 89% habitan en viviendas que no reúnen las condiciones de mínima dignidad.
En el campo, la pobreza afecta al 65% a sus habitantes y la indigencia al 32%, en gran parte a población campesina, generando desplazamientos forzados, que causan el abandono de sus tierras y la inseguridad que le impide el acceso a créditos. Hasta hoy continúa una progresiva e intensa concentración de la propiedad rural, en la que prolifera el latifundio ganadero y en los últimos años, particularmente durante el gobierno del presidente Uribe, la intensificación de la agroindustria, ligada sobre todo a los agro combustibles. Según datos de Herrera (La pobreza en Colombia: desafíos para la acción pastoral, 2006), al año 2006 l51.6% de los propietarios eran minifundistas concentrando el 1.7% del territorio registrado catastralmente, en tanto que tan solo 2.428 propietarios públicos y privados tienen en su poder 44 millones de hectáreas, que corresponden al 53.5% del territorio. El 62.3% del territorio nacional se utiliza para actividades ajenas a su vocación natural. En ganadería se usan 4 veces más las tierras (10.2 millones de hectáreas), en tanto que en agricultura sólo se emplea una tercera parte de los suelos aptos (3.9 millones de hectáreas).
El drama del desplazamiento
De acuerdo a la Comisión de Seguimiento de la política pública sobre desplazamiento forzado y los datos preliminares de su tercera encuesta nacional de verificación de los derechos de la población desplazada 2010: "el total de hectáreas despojadas y forzadas a dejar en abandono por causa del desplazamiento en el período comprendido entre los años de 1980 y julio 2010 ascendió a cerca de 6,65 millones de hectáreas, sin contar los territorios de las comunidades étnicas, lo que equivale a un 12.9% de la superficie agropecuaria del país. Este monto se distribuye en sus períodos así: cerca de un 1.0 millón de Has, entre 1980 y 1997; 5.3 millones de Has, entre 1998 y 2008, y 0.35 millones de Has., entre 2009 y julio 2010... Al abandonar forzadamente o ser despojadas sus tierras, una amplia mayoría de los desplazados perdió también sus casas, ya que en el 89% de los casos las fincas o parcelas despojadas o forzadas a dejar en abandono, contaban también con casa".
Según la misma fuente, los departamentos más afectados con este fenómeno fueron Antioquia y Chocó con 1.9 millones de Has, y Caquetá, Cauca, Nariño, Putumayo y el Municipio de Buenaventura, con 1.5 millones de Has. La Comisión destaca que las tierras despojadas y forzadas a dejar eran de aceptable o incluso buena calidad, puesto que el 82% disponía de agua durante la mayor parte del año, el 55,5% era área plana y sólo el 20% se ubicaba en ladera y era muy quebrada.
Depredación múltiple
Durante los ocho años de la pasada gestión de gobierno, se adjudicaron 8.828 concesiones mineras; en octubre de 2008 se informó que el 10% de los páramos ya estaban titulados para minería y un 47% adicional estaba siendo solicitado, es decir que se amenaza a más de la mitad de los páramos de Colombia. Entre 2002 y 2009 las áreas tituladas para explotación minera pasaron de un millón a 8,5 millones de hectáreas a cambio de leoninas concesiones a multinacionales, principalmente canadienses. El Departamento de Santander fue especialmente afectado con la entrega de concesiones mineras, como el páramo de Santurbán, cuyas minas fueron entregadas en concesión a la poderosa multinacional canadiense Greystar Resources Ltd. Si se llegara a consumar su explotación se dejará sin agua los 800.000 habitantes de Bucaramanga y varias poblaciones de los dos Santanderes.
La tala indiscriminada de bosques como consecuencia de la siembra de cultivos de uso ilícito y de cultivos agroindustriales y fumigaciones indiscriminadas, además de atentar con las reservas naturales amenaza las fuentes hídricas del país históricamente colonizado a punta de hacha, tumbando montes y selvas de manera indiscriminada. A comienzo del siglo XIX, los indígenas del Putumayo llamaban a los colonizadores "Hijos del Hacha". Hoy el hacha ha sido desplazada por la motosierra.
Se ha venido instaurando una "cultura ganadera", que tala bosques y convierte grandes latifundios en empresas ganaderas, y en muchas regiones del país los ríos son tenidos como vertedores de basura, aguas negras y desechos tóxicos, afectando gravemente a la población, que se pueden ejemplificar como en casos de malformaciones y enfermedades persistentes.
Haciendo historia
En Colombia, la población más pobre está ubicada en el sector rural. Los gobernantes desde siempre han tenido una opción prioritaria por los ricos y poderosos. Esa ha sido la historia de Colombia aún desde antes del establecimiento de la república. En 1493, el Papa Alejando VI en la Bula Inter Caetera, entregó las tierras descubiertas a los reyes Fernando e Isabel, soberanos de Castilla, León, Aragón, Sicilia y Granada, en estos términos: "Nos...por nuestra exclusiva generosidad, a plena conciencia y apoyados en la plenitud del poder apostólico, os hacemos donación y os asignamos todas las islas y tierras firmes encontradas y que puedan encontrarse, detectadas y por detectar, en dirección al occidente y al sur, etc.,...con la autoridad de Dios que nos fue otorgada en San Pedro y haciendo las veces de Cristo en la tierra, os las donamos y asignamos a vosotros y a vuestros herederos y sucesores, (reyes de Castilla y de León), de todos sus dominios, ciudades, campamentos, lugares y totales pertenencias, a perpetuidad, a tenor de los presentes. Os hacemos, constituimos y declaramos, pues, a vosotros y vuestros dichos herederos y sucesores, señores de ellas, con plena, libre y omnímoda potestad y jurisdicción" (Bula Inter Caetera, Papa Alejandro VI, Bullarium Romanun, Tomus V, páginas 361-364).
Ya en la República, a mediados del Siglo XIX se llevaron a cabo profundas medidas para la liberación de la mano de obra y de tierra, que permitieron ampliar el mercado tanto de las manufacturas y de la reciente industria, como de procurar tierras baratas para sus nacientes capitales, la primera reforma fue la enajenación de la tierra de los resguardos en poder de los indígenas, que una vez desposeídos constituyeron un ejército de mano de obra a disposición de la industria y de los grandes latifundios. En palabras del historiador Salvador Camacho Roldán (1890), uno de los efectos de esa medida fue: "Autorizados para enajenar sus Resguardos en 1858, inmediatamente los vendieron a vil precio a los gamonales de sus pueblos, los indígenas se convirtieron en peones de jornal, con un salario de cinco a diez centavos por día, escasearon y encarecieron los víveres, la tierras de labor fueron convertidas en dehesas de ganado, y los restos de la raza poseedora siglos atrás de estas regiones se dispersaron en busca de mejor salario a las tierras calientes, en donde tampoco ha mejorado su triste condición. Al menos, sin embargo, ha contribuido a la fundación de esa haciendas notables..." (Luís Nieto Arteta, 1989). Sin duda se cumplió una de las finalidades de la extinción de los Resguardos, la creación de una masa proletaria para la naciente industria. La otra reforma que cayó como anillo al dedo a los intereses liberales fue la "manumisión de bienes de manos muertas", mediante la cual la tierra expropiada a la Iglesia pasó a constituirse en grandes latifundios que se sumaron a los ya existentes nacidos de las encomiendas establecidas bajo la corona española. Aquí encontramos el origen del latifundio en Colombia.
En la actualidad, la opción del gobierno Uribe fue clara: los ricos eran su prioridad, expresada en la frase "la desigualdad en Colombia se reduce dándoles incentivos a los ricos", como uno de sus ministros, quien se declaró enemigo de la reforma agraria, promovida a finales de los sesenta por el presidente Lleras Restrepo, la que, llevó a que las tierras acabaran convertidas en "unos rancheríos, con dos matas de plátano, tres de yuca y dos o tres generaciones del adjudicatario inicial sumidas en la pobreza".
En el mismo periodo fue política del Ministerio de Agricultura la promoción e incentivo a los terratenientes, en detrimento de los medianos y pequeños campesinos, como muestra el caso emblemático de entregar a empresarios del sector privado, la Hacienda Carimagua en los Llanos Orientales (predio de 17.000 hectáreas), cuando había sido destinada a 80 familias. Por cierto, una decisión que fue anulada debido a la presión social.
En esos términos fue diseñado el programa bandera del Ministerio de Agricultura denominado Agro Ingreso Seguro (AIS), pensado y estructurado para regalar recursos económicos a empresarios del campo, como lo señaló textualmente el propio secretario jurídico de la Presidencia de la República: "No era una plata para que el pequeño campesino, sin conocimientos, recibiera donaciones (El Tiempo, octubre de 2009). Se multiplicaron los subsidios de $ 300, $ 400 o $500 millones de pesos a poderosas familias en distintas regiones del país y, de manera particular, en el Departamento del Magdalena y otras regiones de la Costa Caribe.
El principal programa que el Gobierno desarrolló dirigido a los pobres, se denomina Familias en Acción, creado durante el gobierno de Andrés Pastrana, fue desarrollado y ampliado por Uribe, pasando de 200.000 familias a 2.900.000 hogares beneficiarios. Tanto este programa como el de Familias Guardabosques, reciben un pequeño subsidio que genera dependencia asistencial del gobierno y conduce finalmente a establecer un nocivo clientelismo hacia el gobierno de turno.
Retos del presente
Tierra y territorio constituyen base fundamental en la vida de los campesinos, y entre ellos está la población más pobre de Colombia; por eso la devolución de las tierras y el inicio de una adecuada reforma agraria son los retos principales de hoy, ya lo dijo el analista León Valencia "buena parte de la gran propiedad agraria es hija de la violencia, del despojo y del engaño".
El nuevo gobierno ha propuesto la devolución y entrega de al menos dos millones de hectáreas. De hacerse realidad este propósito, y aunque ésta no es toda la tierra arrebatada a los campesinos, constituiría un paso formidable en la búsqueda de justicia y en el fundamento de una paz estable en el campo. Establecer una ley de tierras eficaz a favor de los campesinos es fundamental para producir resultados, sobre todo en un país que suele hacer lance en las leyes para favorecer a los poderosos, que desde sus fincas y escritorios con el apoyo de habilidosos juristas buscarán influir a su favor en la ley de tierras, que el gobierno quiere implementar. La devolución de dos millones de hectáreas exige de organizaciones sociales y de derechos humanos un acompañamiento meticuloso e inteligente, con propuestas viables y precisas que blinden la ley de tierras de los esguinces que pretendan los poderosos que puedan influir en este gobierno y en el parlamento (con fuerte presencia terrateniente y de herederos de la parapolítica), como también en el sector jurisdiccional.
Una de las propuestas que pueden contribuir seriamente a que en el campo se instalen los campesinos con garantías de permanencia y saliendo al paso de nuevas presiones para abandonarlo, es la de las Zonas de Reservas Campesinas (ZRC), consignada como figura jurídica en la Ley de Reforma Agraria vigente (Ley 160 de 1994), que representa uno de los pocos elementos progresistas que en materia rural han sido integrados en la legislación nacional. Como figura de ordenamiento territorial, se regula la tenencia de la tierra por parte de campesinos y colonos en las zonas de frontera agrícola, superando la idea de la simple asignación de tierras para plantear la construcción de estrategias de defensa del territorio sustentadas en la estabilización de la economía campesina, el fortalecimiento organizativo, el diseño de planes alternativos de desarrollo o planes de vida desde las propias comunidades y la limitación a la concentración de la tierra.
Es urgente la presión social para exigir al gobierno y a las guerrillas una negociación del conflicto armado, que ponga fin al desangre entre hermanos, al desplazamiento forzado por causa de la guerra interna, a los secuestros, a las extorsiones, al reclutamiento forzado sobre todo de niños y niñas. Si los ingentes recursos que destina el Estado a la guerra, superiores al 6% del PIB, se destinaran fundamentalmente a la lucha contra la pobreza, se contribuiría de manera importante en este propósito. El Estado debe emplearse a fondo a combatir y castigar a los grupos paramilitares de nuevo cuño, denominados bandas emergentes, que continúan violentando a la población. Los asesinatos, desplazamiento forzado, extorsiones, usurpación del territorio, intimidaciones, se continúan llevando a cabo por estos grupos armados.
La protección y defensa de la naturaleza debe ser prioridad de todos y todas los/as colombianos/as, pero sobre todo el Estado debe garantizar su preservación, ello implica implantar una política educativa a favor del medio ambiente, hacer frente y castigar los daños ecológicos, pero sobre todo revocar todas las concesiones mineras que atenten contra nuestro ecosistema, fuentes hídricas y hábitat de las poblaciones, sobre todo en territorios indígenas y afro descendientes, por ello debe respetar la consulta previa. Esta es una tarea pendiente frente a las concesiones mineras otorgadas en el gobierno anterior. El actual gobierno debe ser cuidadoso en la implementación de su política minera, sobre todo cuando ha querido erigirla en uno de los motores para jalonar lo que ha denominado "prosperidad democrática".
En síntesis, en Colombia es urgente una política agraria que permita la devolución de la tierra a quienes fueron desplazados de manera forzada y la entrega de tierra a los campesinos sin ella, debiendo analizarse cuidadosamente las diferencias y riquezas entre las poblaciones indígenas, afro descendientes y campesinas. Una auténtica reforma agraria es condición para la reconciliación y superación del conflicto armado en el país.
Texto extraído de las palabras del Dr. Jaime H. Díaz A., Director de la Corporación Podion sobre "LA PROBLEMÁTICA RURAL EN COLOMBIA" en el acto de homenaje a "El COMÚN" en el Aula Máxima de Coopcentral, el 3 de diciembre de 2010 en San Gil, Colombia
* Filósofo y Teólogo. Doctor en Teología y magíster en Países de Desarrollo y Sociología Política (Universidad Católica de Lovaina); Director de la Corporación PODION.
