Este artículo editado es de The Isaan Record, sitio de noticias independiente de Tailandia, y se reproduce en Global Voices como parte de un acuerdo para compartir contenido. Informes adicionales de Christopher Burdett y Hathairat Phaholtap. Fotografía de Adithep Chanthet.

Más de 300 personas se reunieron en la Universidad Ubon Ratchathani el 16 de diciembre de 2019 para analizar el estado de derechos humanos en la región noreste de Tailandia.

El Décimo Festival Anual de Derechos Humanos de Isaan reunió a comunidades de toda la región, activistas, académicos, estudiantes y diplomáticos extranjeros. El embajador de Suecia, Staffan Herrström, se unió al festival para una sesión especial sobre la perspectiva internacional de los derechos humanos.

El festival estuvo organizado por la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Ubon Ratchathani y fue coorganizado por The Isaan Record, y abrió un espacio poco común para que las comunidades de Isaan afectadas por proyectos de desarrollo y políticas gubernamentales pudieran expresar sus quejas. También destacó el trabajo de defensores de derechos humanos locales, y les brindó un escenario para hablar de los retos que enfrentan.

Thawat Maneephong, moderador del foro, dijo:

Nos enteramos de muchas historias desde la perspectiva de Bangkok. Los héroes de los que se habla son de Bangkok. Siento que estamos en medio de reclamar nuestra propia narrativa en este festival.

¿Una ley convertida en arma?

Con charlas principalmente en isaan-lao, los oradores pintaron una imagen sombría de los derechos humanos en el noreste, y expresaron poca esperanza de que la situación mejore bajo el actual gobierno militar-civil.

Duangthip Karnrit, del grupo de defensoría de Abogados Tailandeses para Derechos Humanos, señaló que desde el golpe militar de 2014, muchas personas en el noreste han sido despojadas de sus derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pública.

Después del golpe, la junta usó mucho dos mecanismos: la orden que prohibía asambleas políticas de más de cinco personas, y la ley de asamblea pública [de 2015]. Más de cien personas se volvieron refugiadas políticas, y 2408 civiles [en todo el país] debieron enfrentar juicios en cortes militares.

La junta militar, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden (NCPO), tomó el poder de un gobierno elegido democráticamente en mayo de 2014. Después de una controvertida elección en marzo de 2019, el partido Partido Palang Pracharat, con respaldo del consejo, pudo formar un gobierno de coalición promilitar que llevó al jefe del consejo, general Prayut Chan-o-cha, a asumir el cargo. El consejo se disolvió oficialmente en julio, pero los militares siguen ejerciendo su poder.

Otros oradores culparon a las políticas aprobadas e implementadas por el consejo sin participación significativa del público por las crecientes tensiones y el conflicto social en la región.

Nipaporn Pula, representante de la aldea de Ta Mui del distrito de Khong Chiam de Ubon Ratchathani, habló sobre el devastador impacto de la política de recuperación forestal de la junta en su comunidad. Varios habitantes de Ta Mui se enfrentan al desalojo tras acusaciones de invasión de tierras en el Parque Nacional Pha Taem.

Hemos estado en esta tierra durante generaciones. No puedo evitar sentir que no hay ningún lugar en Tailandia en el que los pobres podamos vivir. El sistema judicial es inútil. ¿Por qué nos aplican la ley selectivamente solamente a los pobres? ¿Por qué no pueden aplicar estas normas a la gente de las ciudades? El pueblo se ve obligado a luchar contra todo el Estado con sus escasos recursos, pero no recibe ninguna ayuda. No es justo.

En toda la región, varias comunidades forestales se resisten a ser desalojadas de las tierras en las que dicen haber vivido antes de que se anunciara la creación de una zona forestal protegida. Desde 2014, cuando el consejo comenzó a aplicar la política, hasta septiembre de 2018, se registraron más de 28 000 casos de invasión de bosques, cubriendo un área total de casi 820 000 rai (131 200 hectáreas).

Pero la sombría situación de derechos humanos no solamente ha sido obra del gobierno militar en los últimos cinco años, como sostuvieron algunos oradores.

Arunee Santhitiwanich, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Ubon Ratchathani, argumentó que el Estado tailandés no sólo perpetúa las desigualdades que ya existen en la sociedad, también desalienta la genuina participación pública.

Siempre que hay un conflicto, una táctica favorita del Estado es crear un comité, porque les permite ganar tiempo. Al nombrar funcionarios que inevitablemente serán trasladados antes de que se resuelva el asunto, alargan todo el proceso. Esto da falsas esperanzas de que se están resolviendo los problemas.

Al mismo tiempo, las audiencias públicas obligatorias para los proyectos de desarrollo casi nunca cuentan con la participación de verdaderos pobladores porque las normas dicen que solamente se permite la asistencia de miembros de la sociedad civil legalmente registrados, dijo Arunee.

En tres debates moderados, el público contó diversos puntos de vista sobre cómo abordar los desafíos de Tailandia en materia de derechos humanos. Algunos expresaron que se sentían como “ciudadanos invisibles” sin ningún derecho, mientras que otros hablaron de la sensación prevaleciente entre los jóvenes de querer irse de su país.

June, estudiante de la Facultad de Humanidades, dijo:

La situación política actual suprime nuestros derechos y libertades. Cuando miro a mis amigos en los medios sociales, muchos quieren dejar su país porque no ven oportunidades y no tienen esperanza. Y, por supuesto, también están los problemas económicos.

Un profesor jubilado del distrito de Khong Chiam dijo que muchos antiguos alumnos acabaron conduciendo taxis en Bangkok porque tienen pocas oportunidades de ganarse la vida en su provincia natal. Instó a los jóvenes a no caer en la apatía política, sino a impulsar colectivamente el cambio social.

Si los pobres no defendemos nuestros derechos, segjuiremos siendo polvo bajo los pies de otros.

Sompong Viengchan, antiguo activista que se opone a la presa de Pak Mun en Ubon Ratchathani y que fue citado por los militares después del golpe, repitió esta opinión.

Si vemos a alguien que nos roba los búfalos, ¿nos vamos a quedar parados y dejarles robar? ¡No! Debemos expresar una posición, hacer alboroto y hacer ruido. Tenemos que avergonzar al Gobierno por usar la violencia y la intimidación contra los aldeanos que solamente tratan de preservar sus medios de vida.

En una sesión especial vespertina, el embajador sueco Staffan Herrström destacó la importancia de la libertad de expresión y la participación pública como elemento fundamental de la democracia. También habló de la experiencia positiva con la descentralización del poder que ayudó a convertir a Suecia de un “país pobre, desigual y antidemocrático en el siglo XIX” a lo que es ahora.

Herrström elogió el coraje de los defensores de los derechos humanos en países como Tanzania, Polonia, Vietnam, Myanmar y la República Democrática Popular de Laos. Pero también expresó su preocupación por el creciente número de Gobiernos que actúan autoritariamente para silenciar a los críticos y violar los derechos humanos.