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*Miguel Ignacio Jerez Núñez
El pasado mes de febrero la población chilena vivió jornadas de angustia y luto, cuando varias regiones del sur y del centro del país fueron azotadas por un terremoto demoledor. Sobre esos hechos se han escrito numerosos artículos, estudios y testimonios. En el presente número de Diálogos se ofrece una mirada puntual sobre el impacto de la catástrofe en la agricultura chilena, particularmente en la situación de la pequeña agricultura o agricultura familiar.
La magnitud del daño
El gobierno chileno ha estimado a nivel global los daños del terremoto sobre la capacidad productiva del país en un monto cercano a los 30 mil millones de dólares. Según el economista Joseph Ramos, ésto no debería alterar de forma significativa el crecimiento económico, previsto cerca al uno por ciento del PIB, de hecho una cifra menor a la esperada para el año 2010, que fue estimada por el Banco Central en torno al cinco por ciento. Sin embargo, para el éxito de esa proyección es fundamental la inyección en capital productivo -planificado- a la pequeña y mediana empresa de las regiones declaradas como zonas de catástrofe (VI, VII y VIII región).
La heterogeneidad estructural en la agricultura chilena no es un tema nuevo. Numerosos estudios señalan que durante las últimas tres décadas ha ocurrido una progresiva transformación del agro, dando pie a que en la actualidad se pueda hablar de tres realidades coexistentes en la sociedad rural chilena en aspectos tan diversos como el económico- productivo, los asentamientos humanos y el ordenamiento territorial: 1) el sector agroindustrial exportador, 2) la mediana agricultura y 3) la agricultura familiar campesina.
Aunque las estadísticas consolidadas por el Ministerio de Agricultura sobre la magnitud del daño del terremoto en la producción agropecuaria no contemplan una distinción entre las distintas realidades de la agricultura como las anteriormente expuestas, sus datos sirven para orientar el análisis respecto a las diferenciaciones necesarias que deberían abordar las políticas públicas en materia de reconstrucción y fomento productivo.
Impacto en la agricultura familiar campesina
No existe un diagnóstico oficial exhaustivo del impacto productivo para estas unidades, tan importantes desde el punto de vista del porcentaje de población rural involucrada, pero que a nivel de PIB representa una fracción residual.
Por el contrario, en este sector de la realidad agraria chilena los daños de la tragedia están asociados con aspectos propios del "modo de vivir" la ruralidad, que no han sido relevados por el catastro y, por ende, no constan en la incipiente política de reconstrucción definida hasta el momento.
En el mundo rural chileno persisten unidades productivas familiares caracterizadas por: a) una relación muy estrecha, prácticamente del cien por ciento, entre tierra y trabajo familiar; y b) una producción orientada a la subsistencia, en rubros de baja rentabilidad para el mercado interno, en condiciones de competitividad muy baja como consecuencia de la serie de tratados de libre comercio suscritos por Chile en las últimas dos décadas.
Según los resultados del VII Censo Agropecuario y Forestal 2007, en Chile existen 208.412 explotaciones agrícolas menores a 20 hectáreas, lo cual muestra la excesiva concentración de la tierra en el país, como lo menciona el investigador Pezo, al considerar que si se toma como referencia el criterio de acceso a la tierra para uso agropecuario, hay una distribución tal que el uno por ciento de las explotaciones controla las tres cuartas partes del recurso, y las explotaciones inferiores a 20 hectáreas (que son el 75% del total) sólo controlan el 3,7% de la tierra (Pezo, 2007).
La población de este sector tiene en promedio una baja escolaridad y se inserta en condiciones asimétricas en cadenas productivas y de comercialización, lo que redunda en la perpetuación de las condiciones de pobreza y exclusión social. Similar condición enfrenta la pesca artesanal, también actividad de habitantes rurales, frente a la predominancia de la pesca industrial. Sin duda, este sector fue uno de los más afectados por el terremoto en términos productivos y habitacionales.
La catástrofe dejó evidencia de la progresiva tendencia al envejecimiento de la población rural que compone estas unidades productivas, su aislamiento geográfico y las precarias condiciones de vida de un sector de agro con serios problemas de inserción en la económica exportadora.
Impacto en el sector agroindustrial
Lo más significativo del impacto de la catástrofe es el alza injustificada en el precio de la harina, lo cual incide directamente en el incremento del porcentaje de ingresos familiares destinados a alimentación sobre todo en los quintiles más bajos, dado que el pan es parte fundamental de la dieta, mientras que en la producción de arroz para los sectores afectados, las consecuencias en la pérdida de cultivo atribuibles al fenómeno de la naturaleza no será superior al diez por ciento de la producción.
En el caso de la leche, a nivel general no presenta mayores impactos en sus sistemas productivos, ya que se han normalizado los sistemas de acopio y distribución, mientras que en la fruticultura los efectos no son significativos desde un punto de vista estructural, porque no se identificaron daños importantes en la producción de flores, asociándose los principales efectos a la pérdida de la producción orientada a la exportación, debido a problemas de conectividad vial y daño en la infraestructura portuaria. No ocurrió lo mismo con el tabaco, cuya producción está en manos de pequeños y medianos productores, habiendo sido seriamente afectada con daños mayores en infraestructura productiva.
El grueso de la estimación en costos realizada por el gobierno refleja en términos generales lo que ocurre con cada uno de los rubros hegemónicos en la agroindustria, debido a la facilidad de recolección de información de cada uno de los gremios y lo acotado y conocido del número de unidades productivas. No ocurre lo mismo con las unidades familiares de producción, por lo disperso y, en muchos casos, aislado de su ubicación territorial. De hecho, el levantamiento de información es más lento y hasta el momento adolece de un mayor detalle.
Respuesta estatal
El momento político en que se produjo la catástrofe correspondió al cambio de gobierno, sin embargo, es presumible que los lineamientos de política pública vigentes desde el último período en materia de desarrollo del agro chileno no sufran grandes transformaciones. Más bien, se puede hablar de cierta continuidad del impulso estatal en el posicionamiento de la imagen "Chile; potencia agroalimentaria" y en la articulación de programas de fomento productivo, el encadenamiento de rubros y especialidades, y la transferencia tecnológica, siendo aspectos constitutivos de una macro orientación gubernamental que data de años.
Por lo precedente, puede entenderse que la reacción de la Unidad de Emergencias Agropecuarias, organismo público coordinado por el Ministerio de Agricultura, en el que participan todos los organismos del Estado vinculados al agro frente a la catástrofe, considere el desarrollo de una serie de instrumentos para paliar la situación de las unidades productivas más afectadas, con énfasis en la pequeña agricultura.
Uno de los ítems fundamentales del presupuesto destinado al rubro de las reconstrucciones considera reponer las condiciones de habitabilidad de la población, debido a que el daño estructural en viviendas emplazadas en zonas rurales es significativo, ya que alrededor del 80% corresponde a la población económicamente más vulnerable.
¿Sostenibilidad?
Con la mirada puesta en la sostenibilidad política, económica y sociocultural de la re- construcción de los territorios priorizados, debe recalcarse que un papel fundamental en este proceso debería corresponder a la tarea de catastro. El relevamiento de información catastral es el punto inicial y de base en la definición e implementación de una política pública específica de reconstrucción en los territorios devastados y, por ello mismo, declarados zona de catástrofe.
Es imperativo que sea una política fundamentada en la orientación ética y política de inclusión social, equidad y gobernabilidad participativa y democrática, que considere las transformaciones de la sociedad rural chilena, en cuanto a: relaciones sociales, asignación de sentido al entorno físico, articulación de lo rural y urbano, dinámicas productivo laborales, sentido de pertenencia territorial, organización social y articulación público- privada
Se debe continuar con el fortalecimiento de los gobiernos locales como entes articuladores de la integralidad del proceso de desarrollo del territorio, como actores clave del proceso de reconstrucción. En los casos en que la reconstrucción implica el diseño e implementación de reasentamientos humanos se debe prestar singular atención a la relación existente, aunque en permanente transformación, entre las vocaciones productivas territoriales, la estructura del empleo y las lógicas de asentamiento y desplazamiento de las personas.
Las políticas y programas de reconstrucción no deben verse sólo como una respuesta urgente frente a la devastación producida por el terremoto, sino como una oportunidad importante para la definición de una política pública local y nacional que aborde sistemáticamente el ordenamiento territorial, como patrón armonizador del desarrollo económico. Un desarrollo que incluye la industrialización y la diversificación productiva, junto con las dinámicas socioculturales de uso del suelo desde perspectivas de mediano y largo plazo, identificando conflictos por actuales y potenciales por su acceso y uso y considerando las transformaciones de la relación entre lo urbano y lo rural.
(*) Sociólogo, Magister en Psicología Social Aplicada. Miembro de la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa - CIAL.
Este documento es la versión resumida. El documento completo estará disponible en la sección Exploraciones (http://sudamericarural.org/index.php?mc=98).
