La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) expresaron su preocupación sobre la situación de violencia e indefensión de las comunidades indígenas y sus defensores en Guatemala.
A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron que dichos ataques están estrechamente relacionados con la situación de discriminación y exclusión que enfrentan las comunidades indígenas y la falta de seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios.
Asimismo, indicaron que de acuerdo a las informaciones que recibieron, el 9 de mayo último, en el departamento de Jalapa fue asesinado Luis Arturo Marroquín, líder del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y defensor del desarrollo rural de los pueblos indígenas y de los campesinos.
Un día después, el líder del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) y autoridad ancestral José Can Xol fue asesinado en el departamento de Alta Verapaz. Por su parte, el 13 de mayo el defensor e integrante del CCDA, Mateo Chamá Paau, fue asesinado en el mismo departamento.
El 1 de junio, el defensor del CCDA Ramón Choc falleció de un ataque con un arma blanca. Las organizaciones también informaron que “el 4 de junio fueron asesinados Alejandro Hernández y Florencio Nájera, dos líderes de CODECA, en Jutiapa y el 8 de junio, Francisco Munguía en Jalapa, los tres por ataques con machete”.
“Los asesinatos y otros actos de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos tienen un impacto adicional sobre todas aquellas personas o comunidades para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad”, sostiene el comunicado.
En este sentido, las organizaciones expresaron su confianza en que el Estado investigará los asesinatos urgente, exhaustiva y objetivamente con el fin de esclarecer los hechos tomando en cuenta el derecho a la defensa de la tierra y el territorio de sus comunidades.
“Para las comunidades indígenas, la pérdida de un líder o un defensor podría afectar su participación efectiva en asuntos que inciden en sus derechos, su inclusión, autodeterminación y su libre desarrollo dentro de un Estado multicultural y democrático”, afirman las organizaciones.
En este sentido, la CIDH y la OACNUDH recordaron que los Estados están obligados a proteger y garantizar la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos mediante la adopción de medidas específicas en los estándares y recomendaciones internacionales formuladas.