En las últimas tres décadas, más de 500 mil hectáreas de tierras ejidales han pasado a manos privadas para ser destinadas al desarrollo urbano, turístico, energético y agroindustrial, a pesar de la “fuerte repercusión” social y ambiental para la región, indica un informe del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS).
Desde las modificaciones a la Ley Agraria en 1992 y hasta mayo de 2019, en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, un total de 22 mil 660 parcelas, con una superficie de 192 mil 600 hectáreas de tierra ejidal dejaron de ser de propiedad social y se convirtieron en propiedad privada.
Asimismo, 355 mil 304 hectáreas de tierras de uso común ejidal fueron parceladas en la región y apropiadas por diversos actores del sector ejidal, gubernamental y empresarial. A la par, una superficie de terrenos baldíos y terrenos nacionales –no cuantificada, dada la falta de documentación oficial-- también ha pasado a manos privadas.
De acuerdo con el informe Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, proyectos de infraestructura como el Tren Maya propician la privatización de tierras ejidales en la Península de Yucatán.
“La presión para privatizar los territorios en la Península de Yucatán va en aumento. Múltiples proyectos de escala y tipo variable se ciernen sobre la región, siendo uno de los megaproyectos con mayor proyección, el llamado Tren Maya”, subraya el texto.
“La incorporación al mercado de grandes superficies de tierras ejidales, ha sido promovido por una 'mafia agraria' con capacidad económica suficiente para sortear ciertas restricciones legales, entre las que destacan el parcelamiento de tierras de uso común con cubierta forestal, que por ley son inalienables”, indica el CCMSS.
Con base en casos documentados, en el informe se explican ocho de los principales mecanismos que en los últimos años han permitido que las tierras sean privatizadas. Entre estos destacan el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, que implicó la privatización legal de la tierra y el debilitamiento de la gobernanza comunitaria; la creación de nuevos asentamientos humanos para evadir las restricciones de la Ley Agraria, y la división de ejidos para crear nuevos núcleos agrarios como simulación legal de la venta de tierras de uso común.
Esta privatización de las tierras de uso común, refiere el texto, “tiene una fuerte repercusión social y ambiental para la región”. Por un lado, los ejidatarios y sus familias que pierden su patrimonio, y por otro los jóvenes, mujeres, niños y niñas rurales sin derechos agrarios, un sector que ha sido marginado de la toma de decisiones sobre el destino de las tierras , cuya venta les afecta sustancialmente en el desarrollo de su vida presente y a futuro”. (Jared Laureles)