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La relatora especial Victoria Tauli Corpuz rechazó que en los últimos dos años se hayan registrado avances en torno a la seguridad y protección de los defensores indígenas latinoamericanos
Los defensores indígenas del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios de América Latina son sometidos a una violencia sin pausa en la región, a menudo con la participación del sector privado, apuntó la relatora de la ONU sobre el tema.
Organizaciones internacionales de la sociedad civil presentaron sus hallazgos tras haber realizado la verificación de la situación humanitaria y de derechos humanos de las comunidades afectadas por el conflicto armado en diferentes territorios del país. Concuerdan que en todos los territorios visitados hay una deficiencia en la implementación del acuerdo de paz que está poniendo en riesgo a las comunidades.
Red Muqui,12 de abril, 2018.- El Perú está otra vez en los ojos del mundo por la Cumbre de las Américas, que reúne a 20 jefes de Estado en Lima. Esta Cumbre tiene como tema principal la gobernabilidad democrática frente a la corrupción.
El presidente Martín Vizcarra anunció hace poco la reactivación de la economía, apostando por atraer las inversiones al país sin dar señales de cambios hacia el respeto de los derechos de los pueblos indígenas.
Ginebra, 9 abr (EFE).- Agricultores de Argentina, Indonesia, Senegal y Francia expresaron hoy su deseo de que, a más tardar en junio, esté lista la declaración sobre sus derechos y los de otras personas que trabajan en las zonas rurales para que pueda ser aprobada en la ONU, tras varios años de trabajo.
David Jáuregui Sarmiento - djauregui@larepublica.com.co Lunes, 26 de marzo de 2018
La población indígena en el país supera los 1,3 millones de personas.
La industria de la palma africana sigue siendo una amenaza para los territorios. El 75,5% de las ZIDRES planificadas por el Gobierno están en zonas aptas para su cultivo. El Conpes que da vía libre a estas zonas está plagado de amenazas.
Los primeros 83 días de 2018 han sido de zozobra para 3.703 personas que, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, abandonaron sus tierras por los enfrentamientos entre los grupos armados que coparon los territorios tras la desmovilización de las Farc.
