Argentina - Contexto y Gobernanza de la Tierra

^{Argentina, Humahuaca, foto de Francoise Gaujour, 2015, licencia CC BY-NC-ND 2.0}

La afluencia de población extranjera fue promovida por las políticas de asentamiento de tierras destinadas a poblar el vasto territorio argentino. Este proceso implicó la distribución de tierras estatales, así como la ocupación de tierras de los pueblos indígenas. 

Argentina está considerada como una economía emergente media, pero sus resultados económicos han sido inestables y se han visto afectados por una elevada inflación (la inflación anual en 2011 fue del 12.67% y se espera que en 2021 alcance alrededor del 50%)⁴. Además, la deuda argentina ha aumentado considerablemente en los últimos años, pasando de alrededor de USD 154.000 millones en 2005 a más de USD 335.000 millones en 2021⁵. 

Esta situación económica y una política abierta a las inversiones extranjeras han determinado la gobernanza de la tierra en el país, que ha favorecido las adquisiciones e inversiones a gran escala con importantes consecuencias para los pequeños productores y el medio ambiente, como la deforestación. Las inversiones nacionales han seguido las mismas tendencias y han tenido consecuencias similares.  

Legislación y regulaciones sobre la tierra

La Constitución de 1994 establece que todos los habitantes de la nación tienen derecho a usar y disponer de sus bienes (artículo 14). También establece que la propiedad es inviolable, y que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, salvo en virtud de sentencia fundada en ley, y que la expropiación por razones de utilidad pública debe ser calificada por ley e indemnizada previamente (artículo 17)⁶. 

La gobernanza de la tierra en Argentina se ha visto afectada por dos aspectos: las grandes extensiones de tierra y la legislación para poblar el territorio, que se vio facilitada a principios del siglo XX por la expansión de la red ferroviaria y, por tanto, la posibilidad de llegar a zonas inexploradas⁷. En 1940, la Ley de Colonización Nº 12.636 incluyó un plan agrario para poblar el interior del país, poniendo a disposición las tierras del Estado y de los bancos públicos para su colonización. 

Este espíritu continúa en el artículo 25 de la Constitución de 1994, que establece que el gobierno fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar o gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de extranjeros que tengan por objeto el trabajo de la tierra, el mejoramiento de las industrias y la introducción y enseñanza de las ciencias y las artes. 

Sin embargo, una posterior percepción de la tierra como un recurso escaso y no renovable llevó en 2011 a fijar legalmente el límite de propiedad o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros en un 15% (artículo 8) mediante la Ley de Tierras Nº 26.737⁸. Con la intención de no comprometer el desarrollo, la soberanía nacional y la propiedad de los argentinos sobre sus tierras, la ley designa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para hacer cumplir la Ley y establecer un registro de tierras. Según los datos del registro, en 2015, el 6.09% de las tierras rurales pertenecían a extranjeros. Las provincias con mayor porcentaje de tierras rurales en manos extranjeras eran Misiones (13.88 %), Corrientes (13.86 %), Catamarca (12.09 %), Salta (11.80 %) y Santa Cruz (10.84 %)⁹.   

La regulación de la tierra urbana por parte del Estado ha sido hasta hace poco escasa y atribuida a las provincias y municipios¹⁰. En 2020 se creó el Plan Nacional de Suelo Urbano a través de la Resolución Nº 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat¹¹. El Plan tiene como objetivo aumentar la oferta de suelo urbanizado asequible a los distintos sectores sociales y sus respectivas capacidades de pago, y que sea apto para programas de vivienda¹².

Clasificación de la tenencia de la tierra

En Argentina, existen varias formas de tenencia de la tierra: tierra estatal, propiedad privada, arrendamiento, aparcería, comodato, concesión, contrato incidental, ocupación con permiso, ocupación de hecho, sucesión indivisa, usufructo y tierra comunal indígena, entre otras¹³. La propiedad privada es la principal forma de tenencia con el 69 % de la tierra, el 19 % es arrendada, el 3 % es sucesión indivisa, el 3 % está ocupada con permiso y el 1 % está ocupada de hecho¹⁴.  Siguiendo los datos del Censo Agropecuario 2018, el 96% de la tierra en Argentina es privada, el 3% es estatal y el 1% está por determinar¹⁵. La mayor parte de las tierras estatales (65%) se encuentra en la región de la Patagonia¹⁶.

También están las "explotaciones agropecuarias sin límites definidos", que según el Censo  2018 son aproximadamente 22.000¹⁷, significativamente menos que en 2002, cuando eran 36.000¹⁸. Las provincias con mayor cantidad de parcelas bajo esta denominación son Santiago del Estero, Jujuy y Salta. 

La tenencia de la tierra en Argentina se vio significativamente afectada por la reforma económica y las políticas de ajuste estructural de la década de los 90. Dichas políticas tuvieron un impacto significativo en los pequeños agricultores, que no tenían la capacidad de afrontar el incremento de los costes de producción, el aumento de los impuestos, la necesidad de incorporar tecnología y la eliminación de los subsidios. Esto, junto con un arrendamiento más flexible y las condiciones de los contratos de una sola vez, dieron lugar, entre 1988 y 2002, a un aumento del número de contratos de arrendamiento y de contratos eventuales¹⁹, así como a una importante reducción de los pequeños agricultores propietarios²⁰.

La regulación de algunas de esas formas de tenencia no está exenta de desafíos. En 2013 se creó el Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural para contribuir a la reducción de la precariedad en la forma de ocupación y tenencia de la tierra rural²¹. Este Programa aborda, entre otras, las formas de tenencia que necesitan ser reguladas:

• Ocupación de tierras estatales: la ocupación puede ser sin permiso (no están registrados como ocupantes pero pueden haber desarrollado su actividad en esa tierra durante generaciones) o con permiso (pagan una cuota al gobierno local para utilizar la tierra, usualmente más barata que el precio de mercado). Dentro de esta categoría, también hay parcelas en venta (los ocupantes han acordado un contrato de adjudicación para la venta con el gobierno local hasta que se les conceda el título definitivo tras cumplir la normativa local).
• Ocupación de tierras privadas:  viven y trabajan en tierras registradas a nombre de otra persona. Debido al tiempo y a la inacción del propietario oficial, pueden ejercer derechos de usurpación o prescripción adquisitiva.
• Tierras comunales: derivan de formas de tenencia originadas en la época colonial y presentan problemas debido a su delimitación, a menudo imprecisa. 
• Aparcería precaria: productores que no son propietarios de la tierra y que participan en acuerdos asimétricos.
• Tierras de comunidades indígenas: los desafíos se presentan cuando no se trata de la comunidad indígena sino de familias de origen indígena con prácticas agrícolas similares a las de los no indígenas.

Desde la creación del Programa hasta septiembre de 2020, el gobierno federal y las provincias firmaron 7 convenios, 6 de ellos con cooperativas de apoyo, y se inscribieron 1025 personas²².      

El registro de la tierra en Argentina está muy enfocado a controlar la extranjerización de la tierra rural, que es gestionada por el Registro Nacional de Tierras Rurales. En 2018 se habilitó que parte del proceso registral se realice en línea, lo que lo hace más rápido y económico²³. Entre los trámites que se pueden realizar en línea están: declaración jurada de tierras rurales adquiridas antes de la Ley 26.737 y no declaradas (está dirigido a propietarios extranjeros que adquirieron sus tierras antes de 2011 y que no cumplieron con la ley en cuanto al plazo de 180 días para inscribirlas); adquisición de tierras rurales basada en el principio de los derechos adquiridos; y la notificación obligatoria del vendedor extranjero que transfiere la tierra a una persona no contemplada en la ley.

Según el Índice de Transformación BTI 2020, la aplicación de la normativa relativa a los derechos de propiedad y adquisición, beneficios, uso y venta de propiedades en Argentina se ve afectada negativamente por las deficiencias del sistema judicial y administrativo, la interferencia política y la corrupción²⁴.

Derechos a la tierra de las comunidades

En Argentina, el 2.4% de la población se autoidentifica como indígena²⁵. La Constitución de 1994 reconoció la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y la posesión y propiedad comunal de las tierras que tradicionalmente ocupan. En el ámbito internacional, Argentina ratificó en el 2000 el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

^{Vigilia de más de 20 comunidades indígenas para pedir una audiencia con Cristina Fernández por el reconocimiento de sus tierras. Foto de Santiago Sito, 2013, CC BY-NC-ND 2.0 license}

En 1985, la Ley 23.302 de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) con participación indígena (artículo 5), y regula la adjudicación de tierras a las comunidades indígenas (artículos del 7 al 13). La Ley determina que las tierras serán adjudicadas a título gratuito, que los beneficiarios estarán exentos de impuestos nacionales y libres de tasas administrativas (artículo 9), que las tierras adjudicadas son inembargables e inejecutables (artículo 11), y que las tierras adjudicadas deben estar ubicadas donde habita la comunidad (artículo 7)²⁶.

En 2006 se creó la Ley 26160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas con carácter de emergencia debido a la precaria situación de las comunidades indígenas. En el año 2005 se produjeron varios enfrentamientos entre las comunidades indígenas y los gobiernos locales que resultaron en desalojos violentos, represión policial, persecución y hostigamiento judicial en respuesta a las demandas indígenas de respeto a sus derechos²⁷. La ley fue creada por cuatro años pero luego fue prorrogada en 2009 por la Ley 26.554, en 2013 por la Ley 26.894, y en 2017 por la Ley 27.400 hasta noviembre de 2021. Esta ley suspendía la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que tengan por objeto el desalojo o la desocupación de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas; y ordena realizar el relevamiento técnico -jurídico- catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas²⁸. El relevamiento catastral no es un censo y no otorga títulos de propiedad. Los datos de LandMark muestran que el 5.5% de la superficie total de Argentina son tierras indígenas y comunitarias, de las cuales el 2.9% han sido reconocidas por el gobierno. 

A pesar de estas regulaciones, en 2020 continuaron intensificándose las disputas por los derechos territoriales indígenas no garantizados por el Estado, especialmente afectadas por la falta de una ley de propiedad comunal indígena y el avance de los intereses económicos y las industrias extractivas en torno a los territorios indígenas, que muchas veces terminan en violencia²⁹. Ejemplos de estos conflictos tuvieron lugar en la comunidad Lafken Winkul Mapu, en la provincia de Río Negro, y en la comunidad mapuche de Buenuelo, también en Río Negro.

Tendencias en el uso de la tierra

Argentina tiene una superficie de 2.736.690 km2  de los cuales la mayor parte (98%) es suelo rural y el 2% es suelo urbano, proporción que no ha variado entre 1990 y 2010³⁰. En 2010, el 91% de la población vivía en zonas urbanas³¹. El Censo Agropecuario 2018 revela que el 82% de la tierra es de uso agropecuario y forestal, el 17% es de uso no agropecuario y el 1% tiene uso indefinido. 

En los últimos 20 años se ha producido una progresiva expansión de la agricultura y la ganadería intensiva que ha provocado un problema de deforestación. Los datos del Banco Mundial muestran que de 1990 a 2010 la superficie agrícola pasó del 46.6% a 53.8 %; al mismo tiempo que las tierras forestales disminuyeron del 12.8% en 1990 a un 11% en 2010³². Según Greenpeace, en las últimas tres décadas, se han perdido 8 millones de hectáreas de bosques. Las provincias de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa han sido especialmente afectadas, donde se produjo el 80% de la deforestación³³. Los problemas derivados de esta práctica son las inundaciones, el desplazamiento de campesinos y comunidades indígenas, los conflictos por la tierra, la desaparición de especies en peligro de extinción y propagación de enfermedades. 

^{El Chaco: problemas de conservación, foto de Christian Ostrosky, 2007, CC BY-NC-ND 2.0 license}

Para regular esta situación y reconocer la importancia de los bosques nativos, en 2007 se aprobó la Ley de Bosques Nº 26.331. Esta ley establece un sistema de categorización de los bosques nativos en función del valor de conservación, y solo los de la tercera categoría pueden ser objeto de un cambio de uso de la tierra con fines agrícolas. La tasa de deforestación disminuyó del 0.94% en 2007 al 0.34% en 2015. Sin embargo, este porcentaje volvió a aumentar de 2016 a 2018 debido a la reducción o eliminación de los impuestos a la exportación de algunos cultivos, principalmente la soja, que incentivó la expansión de su cultivo a costa de los bosques nativos³⁴. Algunos esfuerzos de reforestación están en marcha. En 2017 y 2018 se reforestaron varias áreas en Argentina, en su mayoría compuestas por pinos (64%) y eucaliptos (25%) .

La expansión de la agricultura en Argentina está ligada al creciente cultivo de oleaginosas y cereales desde 1988, especialmente en las provincias pampeanas y del norte y en las regiones más afectadas por la deforestación³⁵. En 2018, el 39.9% de los cultivos fueron oleaginosos y el 31.3% fueron cereales. El cultivo de oleaginosas estuvo dominado por la soja (89%), y la producción de cereales se centró principalmente en el maíz (54%) y el trigo (33%)³⁶.

Inversiones en tierras

Argentina es un destino atractivo para la inversión en tierras debido a sus abundantes y fértiles tierras. Las inversiones en tierras en Argentina están estrechamente relacionadas con las adquisiciones de tierras a gran escala (LSLA por sus siglas en inglés). Los principales objetivos de las LSLA son los cultivos alimentarios (45.8%) y la ganadería (37.5%). Desde el año 2000 se han realizado 224 operaciones de LSLA, de las cuales 137 fueron para la agricultura y 112 para la ganadería. Otros motores de estas inversiones son la silvicultura (2.3%), el turismo (2%) y los biocombustibles (2%)³⁷. 

^{Argentina, finca de los Andes, foto de Francoise Gaujour, 2015, CC BY-NC-ND 2.0 license}

Aunque la mayoría de las operaciones (64%) fueron realizadas por inversores nacionales, los inversores extranjeros tienen una presencia creciente. Proceden principalmente de Estados Unidos, Qatar y el Reino Unido, aunque las inversiones de China y Arabia Saudí están ganando importancia. Las inversiones de estos países no son significativas por el número de acuerdos, sino por su tamaño, siendo de tres a treinta veces mayores que las inversiones nacionales³⁸. La minería es el mayor interés para Estados Unidos y China, seguido de la agricultura y la silvicultura en diferentes grados³⁹.

En cuanto al tipo de inversores, las empresas privadas son las más comunes (63.9% del área), seguidas de las empresas que cotizan en bolsa (13.7%) y los fondos de inversión (7.9%)⁴⁰.

El panorama de las inversiones en tierras se vio influenciado por el cambio de gobierno en 2015. Desde 2003 el gobierno anterior estableció una estrategia de sustitución de importaciones con fuertes regulaciones del mercado y de los productos agrícolas. En 2015, el gobierno de Mauricio Macri volvió a un modelo agroexportador erradicando la necesidad de contar con permisos de exportación, así como eliminando los impuestos a la exportación de todos los productos agropecuarios excepto la soja y sus subproductos, cuyos impuestos se redujeron en un 5%⁴¹.

El gobierno de Macri también estableció iniciativas para apoyar a los pequeños y medianos agricultores a través de una nueva línea de crédito con un presupuesto de 62 millones de dólares durante diez años dedicada a los miembros de las cooperativas agrícolas⁴². Además, los pequeños agricultores recibieron protección legal con la Ley 27.118 de Agricultura Familiar, promulgada en 2015, con los objetivos de reconocer el valor de la agricultura familiar para el interés público y promover el desarrollo de los productores y sus comunidades, aunque todavía no se ha reglamentado⁴³.

Adquisiciones de tierras

La adquisición de tierras a gran escala (LSLA por sus siglas en inglés) es una práctica extendida en Argentina. Representan el 29.6% de las transacciones de tierras en América Latina y el 6.8% a nivel global. Fueron especialmente prominentes en 2007 y 2011. Uno de los motivos de la fiebre por la tierra en 2007 fueron las discusiones en torno a la Ley de Bosques que estaba por aprobarse y que pondría límites a ese tipo de transacciones. El pico en 2011 puede explicarse por el aumento de los precios mundiales de algunas materias primas agrícolas⁴⁴. SLas provincias norteñas de Chaco y Salta son las más afectadas por estas adquisiciones. 

El impacto social y medioambiental del acaparamiento de tierras suele provocar situaciones conflictivas con las comunidades locales, agravadas por la falta de formalidad en la titulación de las tierras por parte de sus habitantes⁴⁵. El Código Civil argentino describe tres formas en las que las personas tienen derechos sobre el uso de la tierra: propietario, poseedor y tenedor. Los poseedores no tienen prueba de propiedad, pero se comportan como si la tuvieran, y pueden presentar un caso legal de propiedad. 

Los conflictos, a menudo con violencia entre los nuevos propietarios y los poseedores, desencadenaron la reacción de las organizaciones sociales contra el acaparamiento de tierras y una posterior colaboración entre el gobierno y la sociedad civil para mejorar la gobernanza de la tierra⁴⁶. Esta paradójica colaboración fue posibilitada por una política estatal inclusiva desde 2003 para introducir los temas y actores sociales en la agenda política, y facilitada por los desafíos de los gobiernos locales para aplicar las leyes y políticas estatales para promover la creación de mecanismos de apoyo a los agricultores locales. El caso de Santiago del Estero, en el Chaco, es un buen ejemplo.

Santiago del Estero se caracteriza por la activa deforestación, la existencia de un elevado número de pequeños propietarios cuya producción se destina al autoconsumo o a la venta en los mercados locales, el origen indígena de la mayoría de esas explotaciones y la práctica de la gestión comunal de la tierra. Las políticas destinadas a atraer a las empresas a la provincia hicieron que se priorizara y ampliara la agricultura industrial sobre la de pequeña escala. La falta de títulos formales por parte de los campesinos que ocupaban las tierras facilitó su expulsión, a menudo con violencia, por parte de los nuevos terratenientes. 

Los movimientos sociales y las ONG, como el MOCASE, se organizaron para presionar a las autoridades locales para que hicieran frente al acaparamiento de tierras y pusieran fin a la violencia. Esto dio lugar a la colaboración entre ambos actores en dos iniciativas: el Registro de Poseedores y el Comité de Emergencia. El objetivo del Registro es recopilar información para ayudar a los agricultores que quieren formalizar la tenencia de sus tierras; y el objetivo del Comité es intervenir cuando los derechos de posesión de los habitantes de una tierra se ven amenazados. Aunque la formalización de la titularidad de la tierra redujo el impacto negativo del acaparamiento de tierras, también creó nuevos retos en lo que respecta a los impuestos sobre la tierra. Los ocupantes de la tierra no tienen que pagar impuestos, pero cuando las comunidades obtienen el título formal de la tierra, están obligados a hacerlo, aunque no todas las familias de Santiago del Estero pueden pagarlos⁴⁷.

Derechos de las mujeres a la tierra

En Argentina, independientemente de su estatus social, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres para conseguir tierras y disponer de bienes, tal y como establece la Constitución de 1994. Esta igualdad fue otorgada por la Ley 11.357, que modificó el Código Civil para extender los derechos civiles a las mujeres en 1968. En 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) señaló que la falta de aplicación eficiente de esa legislación afecta al acceso de las mujeres a la tierra⁴⁸.

A pesar de la igualdad de género en cuanto al derecho a la tierra en la Constitución y de que la Ley 23.302/1985 otorga a las comunidades indígenas el derecho a la tierra sin discriminación por género, las normas consuetudinarias y las prácticas sociales de algunas comunidades podrían influir en los derechos a la tierra diferenciados por género. Por ejemplo, en las comunidades indígenas de las provincias de El Chaco y Formosa la distribución de la propiedad está determinada por el grado de parentesco, la edad y el género⁴⁹.

^{Argentina, finca de los Andes 2, foto de Francoise Gaujour, 2015, CC BY-NC-ND 2.0 license}

Las mujeres tienen una importante presencia en la zona rural. Según datos de 2013, el 47% de los agricultores familiares son mujeres⁵⁰. La Ley de Tierras Rurales Nº 26.727 de 2011 otorga a las mujeres los mismos derechos que a los hombres para acceder a la tierra. Sin embargo, el informe de la CEDAW mostró su preocupación por el impacto negativo en el acceso de las mujeres rurales a la tierra, derivado del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 820/2016 de junio de 2016. El Decreto elimina algunas restricciones a la adquisición y arrendamiento de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. La CEDAW también señaló el riesgo de desalojo forzoso y de violencia, y acoso sexual en el contexto de los proyectos de desarrollo económico a gran escala, así como el impacto desproporcionado del cambio climático y los desastres naturales en las mujeres rurales⁵¹. La contaminación ambiental debido al uso de pesticidas y productos agroquímicos, la deforestación y la ampliación de la superficie agrícola y ganadera en algunas regiones, están obligando a las mujeres rurales pobres a emigrar a las ciudades⁵².

El aislamiento, la falta de infraestructuras, la pobreza, el acceso limitado a la justicia y a otros servicios básicos, así como la falta de acceso al crédito y a la tecnología son otros de los retos a los que se enfrentan las mujeres rurales en Argentina. Según el Plan de Igualdad 2018, las mujeres rurales, independientemente de su identidad como criollas, campesinas o indígenas, comparten circunstancias que las llevan a una posición de desventaja si se las compara con los hombres rurales y las mujeres de las zonas urbanas. Las mujeres rurales reciben un 25% menos de salario que los hombres y, como responsables del cuidado del hogar, suelen ser las encargadas de proveer de alimentos y agua a la familia⁵³.

Ante esta situación, el Ministerio de Producción y Trabajo se comprometió a crear un Grupo de Trabajo de Mujeres Rurales para analizar y planificar políticas dirigidas a estas mujeres. También existen diferentes programas orientados al desarrollo rural en general, como el Programa de Desarrollo Rural (PRODEAR), así como iniciativas específicas de género como el programa Ellas Hacen, llevado a cabo por el Ministerio de Desarrollo Social, para facilitar el acceso al crédito a mujeres con bajos salarios o desempleadas⁵⁴.

Línea del tiempo – hitos en la gobernanza de la tierra

1850/1900 - Conquista y expropiación de las tierras de los pueblos indígenas
Como parte de la delimitación del territorio de la nación argentina, las tierras comunales se distribuyen en parcelas privadas.

1940 - Promulgación de legislación y políticas para poblar el territorio
Facilitada por la expansión de la red de ferrocarriles a principios del siglo XX y la posibilidad de llegar a zonas inexploradas, la Ley de Colonización Nº 12.636 pone a disposición las tierras de los bancos estatales y públicos para ser colonizadas con el fin de poblar el interior del país.  

1957 - Reforma agraria
En el contexto de un cambio en el enfoque del desarrollo que favorece la industrialización y la mentalidad capitalista, se aprobó la Ley Nº 2187 y la Ley Nº 14451 para facilitar la compra de tierras por parte de los productores locales.

1984/1985 - Legislación en torno a los derechos de las comunidades indígenas sobre la tierra
La Ley de Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Indígenas Nº 23302 asigna tierras para la explotación agrícola, forestal, minera, industrial o artesanal a las comunidades indígenas registradas. 

Década de 1990 - Mercado abierto y desregulación económica
Esta medida promovió la tecnificación de la agricultura, lo que dio lugar a la duplicación de la producción y las exportaciones agrícolas. También provocó la concentración económica en el sector de la tierra, seguida de la eliminación del 21% de las explotaciones agrícolas en 10 años. 

2007 - Control de la deforestación y fiebre por la tierra
La Ley Forestal Nº 26.331 intenta controlar la deforestación causada por años de práctica agrícola intensiva. Esta ley provocó un pico en los acuerdos de tierras a gran escala. 

2011 - Contención de la propiedad extranjera de la tierra
La Ley de Tierras Rurales Nº 26737 regula la propiedad extranjera sobre las tierras rurales estableciendo un límite del 15% y establece la creación de un registro de tierras rurales bajo la supervisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

2015 - Agricultura a gran escala frente a la protección del medio ambiente
El gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) apoyó a la gran agricultura y a los comerciantes de granos (que utilizan agroquímicos altamente contaminantes) reduciendo y eliminando el impuesto a las exportaciones.  

Para saber más

Sugerencia de la autora para ampliar la lectura

Para una visión más amplia de cómo la dinámica y los desafíos del uso, la tenencia y la concentración de la tierra han evolucionado en Argentina, recomendamos el informe La Problemática de la Tierra en Argentina publicado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)⁵⁵.

En relación con el uso de la tierra, en los resultados definitivos del Censo Nacional Agropecuario de 2018, publicado en 2021, se pueden encontrar datos recientes y detallados desagregados de las explotaciones agropecuarias de todas las provincias argentinas. La tecnología desempeña cada vez más un papel clave en el uso de la tierra. Para conocer cómo las start-ups agrícolas están trabajando para ofrecer soluciones digitales al sector agrícola en Argentina consulte el reciente Digital Agriculture Profile Argentina publicado con la colaboración de varias organizaciones internacionales como la FAO y el Banco Mundial⁵⁶.

Por último, conviene estar atento a las Metas Voluntarias de Neutralidad en la Degradación de las  Tierras a las que se ha comprometido el gobierno argentino en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible⁵⁷.

Referencias

[1] World Bank. https://datos.bancomundial.org/indicador/ag.srf.totl.k2?locations=AR

[2] Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index. (2020). BTI 2020 Country Report. Argentina. https://www.bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_ARG.pdf  

[3] D’Alessandro, J. and Lacoa, L. Universidad Nacional de La Matanza. (2011). ‘Historias de inmigrantes en Argentina’. Argentina Investiga. http://argentinainvestiga.edu.ar/noticia.php?titulo=historias_de_inmigrantes_italianos_en_argentina&id=1432

[4] Estudio del Amo. (2021). http://estudiodelamo.com/inflacion-argentina-anual-mensual-2021/

[5] Ministerio de Economía. (2021). https://www.argentina.gob.ar/economia/finanzas/presentaciongraficadeudapublica

[6] Constitution of Argentina. (1994). https://landportal.org/library/resources/landwiserecord449item485/argentina-constitution-constitution-argentina-spanish

[7] Lattuada, M. (2010). Política de tierras en la Argentina: lo estratégico y lo social.

[8] Rural Land Law No. 26737. (2011). https://www.mininterior.gov.ar/fronteras/pdf/ley-26737.pdf

[9] Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica. (2015). Registro Nacional de Tierras Rurales. Una Política Registral para la Soberanía Territorial. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

[10] Clichevsky, N. (2002). Pobreza y políticas urbano-ambientales en Argentina. CEPAL. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5748/1/S024234_es.pdf

[11] Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat. (2020). Disposición 5/2020. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/235015/20200915

[12] Secretaría de Política de Suelo y Urbanismo. (2020). Plan Nacional de Suelo Urbano. Manual de Ejecución Programa Nacional. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

[13] Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos. Ministerio de Economía.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Slutzky, D. (2008). Situaciones Problemáticas de Tenencia de la Tierra en Argentina. Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario. PROINDER.

[17] Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados definitivos. Ministerio de Economía.

[18] Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2002). Censo Nacional Agropecuario. https://sitioanterior.indec.gob.ar/cna_index.asp?_ga=2.190126827.1918510193.1573592706-1171032990.1569869924

[19] Incidental contracts are circumstantial leases for the cultivation of a piece of land for a single harvest.

[20] Slutzky, D. (2008). Situaciones Problemáticas de Tenencia de la Tierra en Argentina. Ministerio de Economía y Producción. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario. PROINDER.

[21] Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (2013). Resolución No. 449-2013. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/215000-219999/215724/norma.htm

[22] ENI Argentina, Land Matrix, International Land Coalition. (2020). Gobernanza de la Tierra y los Objetivos de Desarrollo Sustentable en Argentina.

[23] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2018). Registro de Tierras Rurales: digitalizan tres de los trámites más frecuentes. https://www.argentina.gob.ar/noticias/registro-de-tierras-rurales-digitalizan-tres-de-los-tramites-mas-frecuentes

[24] Bertelsmann Stiftung. (2020). BTI Country Report Argentina. Bertelsmann Stiftung. https://bti-project.org/content/en/downloads/reports/country_report_2020_ARG.pdf

[25] Censo de Población. (2010). Instituto Nacional de Estadística y Censos. https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-2-21-99

[26] Law 23.302 on Indigenous Policy and Support to Indigenous Communities. (1985). Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999/23790/texact.htm

[27] Stidsen, S. (2006). The Indigenous World 2006. IWGIA. https://www.iwgia.org/images/publications/IW_2006.pdf  

[28] Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26160-122499/texto

[29] Mamo, D. (ed.). (2021). The Indigenous World 2021. IWGIA. https://iwgia.org/doclink/iwgia-book-the-indigenous-world-2021-eng/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpYS1ib29rLXRoZS1pbmRpZ2Vub3VzLXdvcmxkLTIwMjEtZW5nIiwiaWF0IjoxNjE4OTE0NDcyLCJleHAiOjE2MTkwMDA4NzJ9.16jl03Uv-9UUBvvf4xV5yXkXCPlT46vbfKaGwvYvbvA

[30] The World Bank Data. https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.TOTL.UR.K2?end=2010&locations=AR&start=1990&view=chart

[31] Instituto Geográfico Nacional (IGN). Ministerio de Defensa. https://www.ign.gob.ar/NuestrasActividades/Geografia/DatosArgentina/Poblacion2

[32] The World Bank Data. https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS?end=2010&locations=AR&start=1990&view=chart

[33] Greenpeace Argentina. https://www.greenpeace.org/argentina/involucrate/deforestacion-cero-en-el-norte-de-argentina/

[34] Gobierno de Argentina. https://www.argentina.gob.ar/ambiente/contenidos/deforestacion

[35] Sili, M. and Soumoulou, L. (2011). La Problemática de la Tierra en Argentina. Conflictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración. Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

[36] Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021). Censo Nacional Agropecuario 2018. Resultados Definitivos.

[37] Land Matrix. (2020). Large-Scale Land Acquisitions in Argentina. A Country Perspective.

[38] Ibid.

[39] Venencia, C. D. (2020). Inversiones Extranjeras en América Latina: El Rol de Estados Unidos y China. GEISA, INENCO CONICET, Land Matrix.

[40] Land Matrix. (2020). Large-Scale Land Acquisitions in Argentina. A Country Perspective.

[41] FAO. (2017). Country Fact Sheet on Food and Agriculture Policy Trends. Argentina.

[42] Ibid.

[43] Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2015). Ley 27.118 Agricultura Familiar. http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/241352/norma.htm

[44] Land Matrix. (2020). Large-Scale Land Acquisitions in Argentina. A Country Perspective.

[45] Ibid.

[46] Busscher, N., Vanclay, F. and Parra, C. (2019). ‘Reflections on How State-Civil Society Collaborations Play out in the Context of Land Grabbing in Argentina’. Land – Special Issue Rural Landscapes. Challenges and Solutions to Landscape Governance 8 (8). MDPI.

[47] Ibid.

[48] Committee on the Elimination of Discrimination against Women. (2016). Concluding observations on the seventh periodic report of Argentina. 18 November 2016. CEDAW.

[49] FAO. http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/customary-law/en/?country_iso3=ARG

[50] FAO. http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/land-tenure-and-related-institutions/other-factors-influencing-gender-differentiated-land-rights/en/?country_iso3=ARG

[51] Ibid.

[52] FAO. http://www.fao.org/gender-landrights-database/country-profiles/countries-list/land-tenure-and-related-institutions/other-factors-influencing-gender-differentiated-land-rights/en/?country_iso3=ARG

[53] Instituto Nacional de las Mujeres. (2018). Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/texto_piod.pdf

[54] OECD. (2019). Social Institutions & Gender Index (SIGI). Argentina. https://www.genderindex.org/wp-content/uploads/files/datasheets/2019/AR.pdf  

[55] Sili, M. and Soumoulou, L. (2011). La Problemática de la Tierra en Argentina. Conflictos y dinámicas de uso, tenencia y concentración. IFAD. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la Nación. Cooperazione Italiana.

[56] Muñoz, L. A. et. al. (2021). Digital Agriculture Profile Argentina. World Bank, FAO, CIAT. Rome.

[57] Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio. (2020). Reporte Final sobre el Programa de Establecimiento de Metas Voluntarias de Neutralidad de la Degradación de la Tierra. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Buenos Aires.