La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los líderes comunitarios colombianos que están en riesgo por su defensa a la política de sustitución de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador.
La petición de las medidas cautelares fue presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de “los líderes de la Junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, por el alto nivel de riesgo por su posición de defensa del territorio y a favor de la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del Acuerdo Final de Paz”.
La solicitud fue presentada como “consecuencia de los hechos de violencia ocurridos recientemente en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de San Andrés de Tumaco, y del asesinato del líder comunitario José Jair Cortés el pasado 17 de octubre”.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, dio a conocer a la CIDH “las situaciones y hechos violentos que han afectado a las comunidades étnicas residentes en estas zonas del pacífico colombiano, con especial énfasis en la afectación al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera”.
Desde su constitución como Comunidad Negra organizada en un Consejo Comunitario, los habitantes han sido testigos de los homicidios de varios de sus líderes sociales. La Defensoría del Pueblo “ha evidenciado que estos líderes tradicionales han recibido presiones por parte de grupos armados ilegales, situación que ha traído como consecuencia el debilitamiento del autogobierno del consejo comunitario por la restricción del libre tránsito y movilidad en el territorio”.
La entidad confía que con la adopción de estas medidas cautelares las instituciones competentes adopten acciones oportunas y efectivas que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y la protección de estos líderes comunitarios a causa de la presencia de grupos armados ilegales. El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, es una de las zonas estratégicas sobre el Pacífico en las que operan organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional, de acuerdo con las investigaciones policiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los líderes comunitarios colombianos que están en riesgo por su defensa a la política de sustitución de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador.
La petición de las medidas cautelares fue presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de “los líderes de la Junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, por el alto nivel de riesgo por su posición de defensa del territorio y a favor de la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del Acuerdo Final de Paz”.
La solicitud fue presentada como “consecuencia de los hechos de violencia ocurridos recientemente en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de San Andrés de Tumaco, y del asesinato del líder comunitario José Jair Cortés el pasado 17 de octubre”.
El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, dio a conocer a la CIDH “las situaciones y hechos violentos que han afectado a las comunidades étnicas residentes en estas zonas del pacífico colombiano, con especial énfasis en la afectación al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera”.
Desde su constitución como Comunidad Negra organizada en un Consejo Comunitario, los habitantes han sido testigos de los homicidios de varios de sus líderes sociales.
La Defensoría del Pueblo “ha evidenciado que estos líderes tradicionales han recibido presiones por parte de grupos armados ilegales, situación que ha traído como consecuencia el debilitamiento del autogobierno del consejo comunitario por la restricción del libre tránsito y movilidad en el territorio”.
La entidad confía que con la adopción de estas medidas cautelares las instituciones competentes adopten acciones oportunas y efectivas que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y la protección de estos líderes comunitarios a causa de la presencia de grupos armados ilegales.
El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, es una de las zonas estratégicas sobre el Pacífico en las que operan organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional, de acuerdo con las investigaciones policiales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los líderes comunitarios colombianos que están en riesgo por su defensa a la política de sustitución de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador. La petición de las medidas cautelares fue presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de “los líderes de la Junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, por el alto nivel de riesgo por su posición de defensa del territorio y a favor de la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del Acuerdo Final de Paz”. La solicitud fue presentada como “consecuencia de los hechos de violencia ocurridos recientemente en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de San Andrés de Tumaco, y del asesinato del líder comunitario José Jair Cortés el pasado 17 de octubre”. El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, dio a conocer a la CIDH “las situaciones y hechos violentos que han afectado a las comunidades étnicas residentes en estas zonas del pacífico colombiano, con especial énfasis en la afectación al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera”. Desde su constitución como Comunidad Negra organizada en un Consejo Comunitario, los habitantes han sido testigos de los homicidios de varios de sus líderes sociales. La Defensoría del Pueblo “ha evidenciado que estos líderes tradicionales han recibido presiones por parte de grupos armados ilegales, situación que ha traído como consecuencia el debilitamiento del autogobierno del consejo comunitario por la restricción del libre tránsito y movilidad en el territorio”. La entidad confía que con la adopción de estas medidas cautelares las instituciones competentes adopten acciones oportunas y efectivas que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y la protección de estos líderes comunitarios a causa de la presencia de grupos armados ilegales. El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, es una de las zonas estratégicas sobre el Pacífico en las que operan organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional, de acuerdo con las investigaciones policiales.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los líderes comunitarios colombianos que están en riesgo por su defensa a la política de sustitución de cultivos ilícitos en el departamento de Nariño, frontera con Ecuador. La petición de las medidas cautelares fue presentada por la Defensoría del Pueblo a favor de “los líderes de la Junta de gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera del municipio de Tumaco, por el alto nivel de riesgo por su posición de defensa del territorio y a favor de la sustitución de cultivos de uso ilícito en el marco del Acuerdo Final de Paz”. La solicitud fue presentada como “consecuencia de los hechos de violencia ocurridos recientemente en el departamento de Nariño, especialmente en el municipio de San Andrés de Tumaco, y del asesinato del líder comunitario José Jair Cortés el pasado 17 de octubre”. El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret Mosquera, dio a conocer a la CIDH “las situaciones y hechos violentos que han afectado a las comunidades étnicas residentes en estas zonas del pacífico colombiano, con especial énfasis en la afectación al Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera”. Desde su constitución como Comunidad Negra organizada en un Consejo Comunitario, los habitantes han sido testigos de los homicidios de varios de sus líderes sociales. La Defensoría del Pueblo “ha evidenciado que estos líderes tradicionales han recibido presiones por parte de grupos armados ilegales, situación que ha traído como consecuencia el debilitamiento del autogobierno del consejo comunitario por la restricción del libre tránsito y movilidad en el territorio”. La entidad confía que con la adopción de estas medidas cautelares las instituciones competentes adopten acciones oportunas y efectivas que permitan la prevención de violaciones a los derechos humanos y la protección de estos líderes comunitarios a causa de la presencia de grupos armados ilegales. El departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, es una de las zonas estratégicas sobre el Pacífico en las que operan organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional, de acuerdo con las investigaciones policiales.
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