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[BBC Mundo] Carmen Palencia es pieza clave de una de las iniciativas más significativas e importantes del gobierno colombiano. Y por eso teme por su vida.
Y es que la Colombia en la que vive y trabaja la presidenta de la asociación Tierra y Vida es la otra cara de la moneda de ese país próspero y vibrante que ofreció su mejor rostro al mundo durante la Cumbre de las Américas, celebrada la semana pasada en Cartagena.
El suyo es un país que aún no está en paz, en el que abundan las intimidaciones y amenazas, en el que los esfuerzos por recuperar lo propio puede saldarse con la muerte.
Es la Colombia de los "líderes de tierras" que acompañan el proceso de restitución de propiedades de las víctimas del conflicto, iniciado por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Según cifras oficiales, al menos 17 de estos líderes han sido asesinados desde que Santos suscribió la Ley de Víctimas, en junio del año pasado. Pero la lista de víctimas de la Ley de Víctimas es más amplia.
"En el Urabá, por ejemplo, la cosa está muy difícil. Catorce personas de nuestra asociación han sido asesinadas desde el año pasado hasta esta fecha", le dijo Palencia a BBC Mundo.
"El gobierno ha dado muestras de querer avanzar en el tema, pero no hay garantías de seguridad para los que estamos reclamando tierras y mucho menos para los que estamos liderando los procesos", agregó la presidenta de Tierra y Vida, movimiento que agrupa a reclamantes de tierras en ocho departamentos del país.
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Asesinado
La más reciente de esas víctimas fue Manuel Antonio Ruiz, quien acompañaba el proceso de restitución de tierras en dos municipios del Urabá chocoano, en el norte del país.
Ruiz desapareció, junto a su hijo Samir, el 23 de marzo pasado, después de recibir un mensaje anunciando que se había ganado un premio de tres millones de pesos (poco más de US$1.600) que resultó ser un trampa.
Desconocidos interceptaron a Ruiz y a su hijo, de 15 años, cuando se dirigían a recoger el premio. Sus cuerpos sin vida, que presentaban signos de tortura, aparecieron varios días más tarde. El caso generó indignación en Colombia y los llamados a asegurar la protección de los reclamantes de tierra se multiplicaron.
Un congresista llegó incluso a pedir públicamente que los funcionarios públicos que tenían más de dos escoltas –unos 9.000, según sus cálculos- renunciaran a uno para mejorar la seguridad de los líderes amenazados. Sin éxito, admitió una semana más tarde. Las autoridades, por su parte, insistieron en que las amenazas e intimidaciones no lograrían detener el proceso de restitución.
Y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, dijo que ya se estaba implementando un operativo de seguridad con medidas individuales para evitar nuevos asesinatos de los líderes que lo acompañan.
En riesgo
La misma Ley de Víctimas colombiana contempla la provisión de medidas de protección para los reclamantes de tierra, pero las dificultades prácticas no pueden desestimarse.
La Unidad de Protección del ministerio del Interior recibe constantemente solicitudes de protección individual -no sólo vinculadas al proceso de restitución de tierras- por lo que para optimizar recursos su aprobación está sujeta a un análisis de riesgo de cada uno de los casos.
La práctica tiene sentido cuando se considera que el gasto total de gobierno de Colombia en este rubro supera los US$250 millones al año.
Pero el mecanismo no es perfecto: según la Defensoría del Pueblo de Colombia, antes de su muerte Manuel Ruiz solicitó protección, en vano, en tres oportunidades.
Para la Defensoría, esto demuestra que en el caso de los líderes de restitución de tierras lo mejor sería presumir un riesgo colectivo que garantice una protección adecuada.
"La sola condición de ser líder en estos procesos los hace vulnerables, por tanto, se les debe proveer de un esquema de seguridad más allá del trámite individual de un estudio de riesgo", dijo el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez.
Pero el funcionario también recalcó que la responsabilidad por la seguridad de los líderes de tierras no correspondía únicamente al Ministerio del Interior, sino también a las autoridades locales.
El paramilitarismo
Para Carmen Palencia, sin embargo, el problema de fondo es que aún está pendiente una verdadera depuración de las instituciones del Estado, especialmente aquellas vinculadas al proceso de restitución de tierras.
"Han cambiado los nombres y apellidos (de las instituciones), pero siguen siendo los mismos funcionarios que fueron, algunos, cooptados por aquel aparato criminal de poder que conformaron hace 15 años, 18 años", le dijo a BBC Mundo, refiriéndose a los grupos paramilitares que estuvieron detrás de los mayores despojos de tierras en su región.
"Ese aparato de poder criminal aún está vigente, y siguen ahí esperando a que los líderes 'den papaya' (brinden una oportunidad) para asesinarlos", explicó Palencia, quien pocos días después de la muerte de Ruiz le solicitó a la Unidad de Protección el remplazo de los miembros de su escolta, "porque no me generaban confianza".
De hecho, el asesinato de Ruiz fue atribuido a las "Águilas Negras", una de las manifestaciones de la banda criminal de "Los Urabeños", considerada por muchos analistas como uno de los principales herederos de los grupos paramilitares que se desmovilizaron oficialmente en 2006.
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Pero para Palencia, la responsabilidad por la muerte de los líderes vinculados al proceso de restitución de tierras va más allá y demuestra que el fenómenos del paramilitarismo sigue vigente.
"Los despojadores, los que tienen las tierras de las víctimas, obviamente no se quieren desprender de ellas", le dijo a BBC Mundo. Pero, ¿están teniendo éxito?
"Para el caso de Tierra y Vida, no. Nosotros seguimos ahí, nuestros afiliados son los mismos, la gente no ha renunciado, la gente sigue ahí firme", dijo. "Es que estamos reclamando lo que nos pertenece", concluyó.