Colombia was one of the three countries that emerged from the collapse of Gran Colombia in 1830 (the others are Ecuador and Venezuela). A five-decade-long conflict between government forces and antigovernment insurgent groups, principally the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) heavily funded by the drug trade, escalated during the 1990s. More than 31,000 former paramilitaries had demobilized by the end of 2006 and the United Self Defense Forces of Colombia as a formal organization had ceased to function. In the wake of the paramilitary demobilization, emerging criminal groups arose, whose members include some former paramilitaries. The insurgents lacked the military or popular support necessary to overthrow the government. Large areas of the countryside were under guerrilla influence or contested by security forces. After four years of formal peace negotiations, the Colombian Government signed a peace deal with the FARC in November 2016, which was subsequently endorsed by the Colombian Congress. The agreement calls for members of the FARC to demobilize and be incorporated into mainstream society and politics. The Colombian Government has stepped up efforts to reassert government control throughout the country, and now has a presence in every one of its administrative departments. Despite decades of internal conflict and drug related security challenges, Colombia maintains relatively strong democratic institutions characterized by peaceful, transparent elections and the protection of civil liberties.
Colombia is a presidential republic.
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Displaying 126 - 130 of 228Decreto Nº 2.050 - Reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Tierras (CONATI).
El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Consejo Nacional de Tierras (CONATI) y establece los mecanismos para la elección de los delegados de las comunidades indígenas y negras, organizaciones campesinas, gremios del sector agropecuario y la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación ante el CONATI.
Decreto Nº 4.821 - Medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos.
El presente Decreto adopta medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos para atender la situación de desastre nacional y de emergencia económica, social y ecológica nacional.
Implementado por: Decreto Nº 1.490 - Reglamenta el Decreto Nº 4.821, sobre medidas para garantizar la existencia de suelo urbanizable para los proyectos de construcción de vivienda y reubicación de asentamientos humanos. (2011-05-09)
Resolución Nº 41.361 - Delega la función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
La presente Resolución delega la función de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y delega en el Servicio Geológico Colombiano las funciones relacionadas con el conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano, excepto las delegadas a la ANH. La supervisión y el seguimiento de las funciones que por este acto se delegan estarán a cargo de las Direcciones de Minería Empresarial y de Hidrocarburos, cada una dentro de los sectores que les corresponde.
Decreto Nº 2.179 - Modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la definición de Pequeño Productor.
El presente Decreto modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, en lo relacionado con la definición de Pequeño Productor para los fines de la Ley Nº 16 de 1990, como la persona natural que posea activos totales no superiores a los doscientos ochenta y cuatro SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente), en el momento de la respectiva operación de crédito.
Decreto Nº 1.071 - Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.
El presente Decreto, considerando que la racionalización y simplificación del ordenamiento jurídico es una de las principales herramientas para asegurar la eficiencia económica y social del sistema legal y para afianzar la seguridad jurídica, y que constituye una política pública gubernamental la simplificación y compilación orgánica del sistema nacional regulatorio, expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural.