Colombia was one of the three countries that emerged from the collapse of Gran Colombia in 1830 (the others are Ecuador and Venezuela). A five-decade-long conflict between government forces and antigovernment insurgent groups, principally the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) heavily funded by the drug trade, escalated during the 1990s. More than 31,000 former paramilitaries had demobilized by the end of 2006 and the United Self Defense Forces of Colombia as a formal organization had ceased to function. In the wake of the paramilitary demobilization, emerging criminal groups arose, whose members include some former paramilitaries. The insurgents lacked the military or popular support necessary to overthrow the government. Large areas of the countryside were under guerrilla influence or contested by security forces. After four years of formal peace negotiations, the Colombian Government signed a peace deal with the FARC in November 2016, which was subsequently endorsed by the Colombian Congress. The agreement calls for members of the FARC to demobilize and be incorporated into mainstream society and politics. The Colombian Government has stepped up efforts to reassert government control throughout the country, and now has a presence in every one of its administrative departments. Despite decades of internal conflict and drug related security challenges, Colombia maintains relatively strong democratic institutions characterized by peaceful, transparent elections and the protection of civil liberties.
Colombia is a presidential republic.
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Displaying 171 - 175 of 228Acuerdo Nº 284 - Reglamenta la apertura del folio de matrícula inmobiliaria de terrenos baldíos abandonados por la violencia.
La presente Acuerdo reglamenta el trámite administrativo tendiente a la apertura del folio de matrícula inmobiliaria de terrenos baldíos abandonados por la violencia, con el propósito de habilitar el registro y la publicidad de las medidas de protección decretadas a favor de sus ocupantes.
Decreto Nº 2.569 - Reglamenta parcialmente la Ley Nº 387, sobre medidas para la prevención del desplazamiento forzado.
El presente Decreto reglamenta la Ley que adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado y la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia, en relación a las atribuciones legales a la Red de Solidaridad Social, que son complementarias y afines a las atribuidas al Ministerio del Interior en relación con la inscripción de la población desplazada por la violencia.
Implementa: Ley Nº 387 - Medidas para la prevención del desplazamiento forzado. (1997-07-18)
Resolución Nº 181.283 - Delega la función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo.
La presente Resolución delega la función de conocimiento y cartografía geológica del subsuelo colombiano, en materia de hidrocarburos a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), hasta el 30 de julio de 2014.
Implementa: Decreto Nº 4.137 - Cambia la naturaleza jurídica de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). (2011-11-03)
Enmendado por: Resolución Nº 90.966 - Prorroga la delegación de la función de Conocimiento y Cartografía Geológica del Subsuelo. (2013-11-08)
Resolución Nº 502 - Criterios para la distribución de recursos para proyectos de Vivienda de Interés Prioritario.
La presente Resolución establece los criterios de distribución de los recursos del presupuesto general asignados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) o la entidad que haga sus veces, para que este los aplique a proyectos de Vivienda de Interés Prioritario.
Ley Nº 1.561 - Establece un proceso verbal especial para otorgar títulos de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica.
La presente Ley tiene por objeto promover el acceso a la propiedad, mediante un proceso especial para otorgar título de propiedad al poseedor material de bienes inmuebles urbanos y rurales de pequeña entidad económica, y para sanear títulos que conlleven la llamada falsa tradición, con el fin de garantizar seguridad jurídica en los derechos sobre inmuebles, propiciar el desarrollo sostenible y prevenir el despojo o abandono forzado de inmuebles.