Cuál es nuestro punto de partida

La Constitución del 2008 es la más garantista y democrática de toda la historia. En sí, esta Constitución es un proyecto de vida en común, que debe materializarse sobre bases de libertad, igualdad y equidades, en armonía con la Naturaleza, para construir el Buen Vivir o Sumak Kawsay.

Nuestra Constitución asume como un mandato el reconocimiento, la ampliación y la garantía de los derechos de los pueblos, de las personas y de la Naturaleza. El Estado, para cumplir sus fines, debe favorecer una auténtica democracia deliberativa, que requiere una real y creciente participación ciudadana, así como una permanente movilización social.

La consulta popular y el referéndum son, entonces, una gran oportunidad para decidir sobre temas fundamentales que perfeccionen la vida del Estado constitucional de derechos y justicia.

Qué nos preocupa

Advertimos con profunda preocupación la creciente inseguridad y la grave crisis de la administración de justicia.

Nos preocupan también las propuestas y acciones que restringen, limitan o eliminan el ejercicio de derechos fundamentales. Nos parece Intolerable recurrir a las figuras de terrorismo y sabotaje para reprimir las luchas sociales, entre ellas las de defensa del medio ambiente y en contra del extractivismo.

Nos inquieta también que se convoque al pueblo para que, en uso de su derecho, se dé paso a decisiones contrarias al espíritu, los principios y las normas de nuestra Constitución, aprobada en referéndum por la gran mayoría del mismo pueblo el 28 de septiembre del 2008.

No aceptamos aquellas presiones, hostilidades y descalificaciones a las personas, que impiden la discusión y el libre intercambio de ideas. Si no hay igualdad de condiciones en quienes participan en el debate, si la información no es auténtica ni completa, si las prácticas políticas se fundamentan en el temor institucionalizado, nunca construiremos una verdadera democracia. Cualquier restricción a la crítica es el fin del debate público, es el fin de la democracia y es el fin de toda transformación.

Algunos planteamientos del referéndum y de la consulta popular pueden implicar más autoritarismo, más concentración del poder, sobre todo si se reduce la independencia y la autonomía de la función judicial. “El meter las manos a la justicia” aumentará el poder del ejecutivo, lo cual evitará que se administre justicia cuando los gobernantes violen los derechos humanos e incluso censuren la libertad de expresión.

Frente a la inseguridad y la injusticia reinantes

La crisis de la justicia no se resuelve con la intromisión del poder ejecutivo y legislativo en la función judicial. La justicia no se construye afectando principios constitucionales fundamentales, como la independencia y autonomía de la función judicial.

La seguridad no se conseguirá a costa de sacrificar derechos fundamentales. Jamás se podrá conseguir una genuina seguridad sin equidades e igualdad, y menos aún sacrificando la libertad.

Querer resolver ineficiencias y corrupciones violentando las instituciones y los principios constitucionales NO es admisible. Las soluciones puntuales, coyunturales, apresuradas, aparentemente pragmáticas pero excluyentes, comprometen los frutos maduros de un proyecto a largo plazo.

Qué proponemos

Apoyamos una profunda transformación del sistema de justicia, lo cual involucra el respeto y cumplimiento de los principios constitucionales y los postulados del Código Orgánico de la Función Judicial. Para ello es indispensable hacer realidad lo que disponen los artículos 22 y 23 del régimen de transición previsto en la Constitución, es decir respetando el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En paralelo será indispensable dar paso a un cambio profundo de los modelos de gestión procesal y a una restructuración integral del sistema de justicia.

Un Estado constitucional de derechos sólo se consolida con el tiempo, avanzando paso a paso, en procesos incluyentes, respetando sus principios fundacionales. Las consultas populares y los referéndums deben representar la culminación de procesos democráticos y servir, cuando sea del caso, para perfeccionar realmente la Constitución, no para restringir derechos o invadir funciones.

Una estrategia eficiente para garantizar seguridad ciudadana implica profundizar todas las opciones democráticas orientadas a erradicar la pobreza, la falta de empleo como parte de las causas estructurales de la violencia. Es indispensable también que toda la sociedad se comprometa en la formulación de verdaderas políticas de seguridad en base a los principios de participación, prevención de delitos, reparación a las víctimas y un vigoroso derecho penal mínimo.

El reto es mejorar la institucionalidad del Estado, asegurando la independencia y autonomía de las diversas funciones, fortaleciendo simultáneamente el poder de la participación ciudadana, tal como manda la Constitución.

Por lo tanto, invitamos a la ciudadanía, particularmente a la que aprobó en las urnas la Constitución de Montecristi, a la defensa de sus principios fundamentales. Antes de asumir una posición en el referéndum y la consulta popular debatamos su contenido y sus alcances. No hay disyuntiva entre libertad y seguridad, entre eficiencia y democracia. Definitivamente nos merecemos todo. Siempre más democracia, nunca menos.