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Este informe ofrece un análisis de la jurisdicción agraria en México a la luz de su evolución histórica y de los estándares internacionales que, en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, México ha suscrito y se ha comprometido a cumplir. En México hay varias instituciones muy importantes para la vigencia de los derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades y ejidos sobre sus tierras y territorios: i) los Tribunales Agrarios, jurisdicción especializada que, en principio, es creada para proteger estos derechos sobre tierra y territorio; ii) la Procuraduría Agraria, institución que -también en principio- se creó para proteger ante los tribunales y ante la administración pública los derechos comuneros y ejidatarios y iii) el Registro Agrario Nacional (RAN), creado para dar seguridad jurídica a la propiedad y derechos sobre la tierra y el territorio de comunidades y ejidos. Lamentablemente, lo que en la actualidad se constata en los hechos y como regla general es que estas instituciones no están cumpliendo a cabalidad su misión de cautelar los derechos humanos de los pueblos indígenas, comunidades campesinas y ejidos en México.