La noche del 29 de septiembre de 2023 se realizó la presentación del libro “Acceso a la tierra y territorio. Una oportunidad para superar las desigualdades en Bolivia”, en un auditorio que sumó a más de cien personas interesadas en la temática. Ante la ausencia de Eulogio Núñez, director nacional del INRA, Juan de Dios Fernández, director de planificación de esta institución asumió la representación. Además, compartieron la testera Alejandro Almaraz, abogado y ex Viceministro de Tierras y Leonardo Tamburini, investigador y apoyo legal de organizaciones de tierras bajas. Junto a ellos y como anfitriones tuvimos a Lisbeth España, coordinadora de programas de Oxfam Bolivia y Oscar Bazoberry, coordinador general del IPDRS.

En la apertura, Lisbeth España apuntó la importancia del libro, el momento por el que atravesamos como país, la propuesta metodológica y forma de abordaje del libro, y explicó los ejes principales desarrollados en el libro: 1) la sostenibilidad, deterioro y funciona ambiental de la tierra; 2) el valor y conflictividad de la tierra; 3) derechos de las mujeres; 4) las relaciones y estrategias rurales y urbanas; 5) los derechos colectivos de los pueblos indígenas; y, 6) el diseño institucional de la cuestión agraria y territorial en el país.

Juan de Dios Fernández reconoció que los procesos en el Estado son lentos y que el criterio agroambiental se plantea como “la tierra es para quien la trabaja sustentablemente”, en tal contexto, se están trabajando las variables ambientales en la verificación de la función social y económica. Respecto al artículo que él mismo plantea en el libro, planteó que más del 90% de transacciones de tierra ocurren en la pequeña propiedad, principalmente, en el departamento de Cochabamba. El pendiente del proceso de saneamiento, 5 millones de hectáreas en conflicto, son problemas en la frontera rural-urbana, lo cual, estaría mostrando un nuevo contexto, en el que el Estado, debe generar las condiciones para gestionar el uso sustentable de la tierra.

Respecto a los derechos de las mujeres, 45% de la tierra está titulada a favor de ellas, lo que queda, y remarcó que no es competencia del INRA, es hacer cómo ese derecho pueda ser reconocido y ejercido. Mencionó también que hace poco terminaron su estrategia de género e interculturalidad, para construir capacidades para contribuir a este proceso. En fin, Fernández remarcó los esfuerzos para cambiar el paradigma para pasar del uso económico al uso sustentable de la tierra.

Alejandro Almaraz, inició su comentario afirmando que, aunque 70% de la población está en las ciudades, “seguimos siendo un país rural dados los fuertes vínculos que tenemos con el campo”. Respecto a su artículo en el libro sobre la propiedad comunitaria y la territorialidad indígena, explicó que se han vivido grandes avances, tanto en la legislación como en cierto nivel de aplicación de esa legislación, al menos si se mira desde los valores de la democracia, inclusión, participación, reducción de las desigualdades, reconocimiento, etc., pues las normas propenden a una distribución más justa y equitativa de la tierra.

Si bien la Constitución es una de las más avanzada en derechos indígenas y existen, en Bolivia, 40 millones de hectáreas tituladas en forma comunitaria, son avances importantes, aunque el proceso de saneamiento se tomó más de cuarto siglo. Se trata de territorios con gran biodiversidad, hay que considerar que no se trata de derechos patrimoniales, sino vinculados a derechos políticos que suponen la autonomía. En ese marco cabe la pregunta: ¿de qué le sirve a las y los beneficiarios de la propiedad comunitaria y TIOC? Almaraz advirtió que “bajo el Estado plurinacional se estén muriendo varios idiomas indígenas amazónicos”; y, a su vez, planteó tres preguntas a indagar:

• ¿La propiedad comunitaria e indígena está sirviendo para preservar los recursos diversos del territorio, y para que se los aproveche la comunidad?
• ¿La propiedad colectiva está siendo la base material para el ejercicio de la autonomía, en la perspectiva de la autodeterminación, para que puedan autogobernarse, dando un sentido práctico a la plurinacionalidad?
• ¿La propiedad colectiva está transformando la base profunda de las desigualdades, que según el gobierno es el capitalismo, como alternativa? Si hay algún post capitalismo es la consolidación de estas estructuras ancestrales de equidad e inclusión que podrían irse expandiendo a la sociedad boliviana.

Muy poco de esto está ocurriendo, afirmó Almaraz, e ilustró la situación con el caso de la Comunidad ayorea 27 de mayo que, hace un año y medio fue despojada de su territorio por un grupo paramilitar, y ahora vive en las calles de Santa Cruz. “Nadie puede hacer valer el derecho fundamental de los ayoreos” enfatizó.

Con la contaminación por mercurio, “el territorio estará muerto, no le servirá de nada el título” afirmó y se refirió a los avasallamientos y despojos, que realizan entidades no legales, “el narcotráfico en las últimas dos décadas es masivo en tierras bajas”. Y una amenaza similar, es el principal proyecto de desarrollo agropecuario de exportación de carne a china a expensas del bosque de Beni, que genera muchas amenazas y pérdidas para la población rural.

Para finalizar, Almaraz se refirió a la obstaculización a las autonomías indígenas, a través de “requisitos absolutamente injustificados”, cuyo resultado es que en vez de las 50 o 60 autonomías, hay siete autonomías, que no expresan la ocupación de la comunidad indígena y su cultura, sino un proceso inverso, “la invasión de prácticas estatales nocivas sobre la tradicionalidad indígena”. No se ha hecho mucho por desarrollar la equidad desde la perspectiva de los pueblos indígenas, la “escasa inversión pública en este campo”, así lo muestra. Almaraz advirtió que es un momento delicado, en el que debemos reaccionar ante el estancamiento y el peligro de la “regresión en la conquista de los derechos”.

Por su parte, Leonardo Tamburini, partió por explicar su trayectoria muy cercana a la implementación del saneamiento y titulación de Tierras Comunitarias de Origen, desde el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social – CEJIS, institución en la que trabajó por 20 años. Valoró como positivo el espacio de análisis y reflexión ante el polvorín de conflictividad sobre la tierra del presente.  Rememoró que al inicio del proceso, “el saneamiento, pensábamos que iba a resolver todo, el acceso a la tierra para los pueblos indígenas, iba a devolverles la visibilidad que el Estado les había quitado, resolvería el minifundio, era la gran panacea normativa (…) no veíamos más allá de ese proceso agrario. Por la vía de ese proceso administrativo, a través del acceso a la tierra, íbamos a modificar las estructuras de poder, de dominación local, se rompería el sistema feudal”, a partir de esas expectativas respecto a la tierra y el territorio, se generaron otros procesos, como la demanda y realización de la asamblea constituyente, “llegamos a imaginarnos otro modelo de país”, afirmó Tamburini.  

Afirmó que el “Estado aparente” es una cosa latinoamericana, son varios los estados que reconocen y legislan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y se quedan en el camino de la implementación. Además, planteó la pregunta si, la cantidad de hectáreas tituladas de forma colectiva, en verdad, ¿han roto estructuras de dominación local, estas estructuras se han reinventado o hay otras estructuras de dominación, hay sustitución de clases dominantes?

Valorando la metodología del libro y los seis ejes temáticos se refirió a algunas limitaciones institucionales, una fragmentación de competencias que deja vacíos, por ejemplo, respecto a la deforestación, la ABT no logra actual respecto a la ilegalidad y solo da cuenta de la superficie deforestada legalmente. En otros temas, se refirió a la noción de la “pluriterritorialidad”, planteada en el libro por Oscar Bazoberry, identificando que los pueblos indígenas de tierras bajas también ingresan a esas dinámicas y es un tema por analizar. Igualmente, los modos de vida y movilidad de estos pueblos, no tienen por qué mantener relación con los parámetros estáticos de la verificación de la función social, y podrían ser susceptibles de reversión de tierras.

Recordando a Xavier Albó, Tamburini aseveró que una realidad como la boliviana amerita reconceptualizar la función social, las herramientas de análisis, repensando la realidad de los territorios indígenas, algunos de ellos no se establecen en asentamientos permanentes. Por otro lado, se debe recaer en los impactos de la titulación, no todas las organizaciones se fortalecen, las condiciones de acceso a servicios y oportunidades, hacen que algunas se debiliten, negocien sus territorios, y en ellos, se incrustan otras dirigencias que usan los territorios para otros fines.

Sin embargo, también existen avances, Tamburini se refirió al artículo de Miguel Vargas, que muestra la consolidación de los territorios en el marco de la democracia comunitaria, los problemas y avances, respecto a la constante supervisión del órgano electoral. Recientemente, comentó, en Charagua, frente a la revocatoria del ejecutivo, fortalecieron sus normas y procedimientos propios sin el SIFDE - OEP, evaluando que no era necesaria su presencia.

Finalmente, Tamburini hizo notar que la Ley INRA tuvo capítulos ampliamente consensuados en el escenario de debate de la Comisión Agraria Nacional y las Comisiones Agrarias Departamentales, que desde un enfoque intersectorial articuló a diferentes instituciones públicas y organizaciones sociales, avanzó en la resolución de conflictos, pero que “bajo una interpretación antojadiza de la Constitución”, quedaron inutilizados como canales y espacios. Desde Santa Cruz, indicó Tamburini, no sólo las élites piden estos espacios sino múltiples sectores que bien pueden aprovechar estas herramientas novedosas para el tratamiento de la conflictividad.

Po su parte, Oscar Bazoberry presentó el libro y explicó el contexto discutido con Oxfam Bolivia. Un buen momento para revisar la información, evaluar procesos y proponer insumos de análisis, los 70 años de la Reforma Agraria de 1953 y las próximas elecciones presidenciales, proceso para el que se abrirán debates y programas de propuestas, “habrá candidatos que quieran volver a cero, otros que se animen a avanzar”, reflexionó Bazoberry y propuso considerar un contexto de avances en la estructura agraria.

Para este efecto, se invitó a muchos especialistas, considerando la circunstancialidad de la posición que asumen las y los humanos y las instituciones; y, además, el contexto de construcción y dinamismo en la institucionalidad y sus cambios. Bazoberry remarcó, el trabajo comunicacional que se hizo, las y los autores que llegan a 40 participaron de espacios radiales, que se están difundiendo, se hizo un trabajo previo de promoción del libro, a través del tratamiento de su contenido y se elaboró una línea de imagen que muestra el dinamismo y la vigencia de la temática. Respecto al público al que se dirige la publicación, sí están los políticos, pero en última instancia es la población en general, la prensa, los sectores académicos, que necesitan una alerta para los problemas, pero también conocer las contribuciones, que se valorice a la gente rural. Al respecto, Bazoberry explicó que una tarea pendiente es abordar la voz de los actores rurales, las y los dirigentes indígenas, campesinos, interculturales, en esta misma dinámica de intentar comprender la realidad.

El público participó con algunas consultas respecto a la minería, la juventud y la deforestación. Los expositores realizaron una ronda más de intervenciones. Juan de Dios Fernández advirtió que la regularización de los derechos de propiedad es un proceso complejo, el reconocimiento de los derechos a la propiedad comunitaria ha avanzado, pero que toca generar “los nuevos escenarios bajo los cuales vamos a relacionarnos”, el INRA gestionará herramientas y se deberá convocar a otros actores del Estado, para trabajar en el marco de respeto a los derechos de la Madre Tierra.

Oscar Bazoberry, por su parte, reconoció que el tema de la juventud no se aborda directamente y que sí es necesario hacerlo pues se conocen experiencias de titulación a hijas e hijos en previsión. Respecto al impacto de la minería, propuso observar la contaminación de los ríos de la Amazonía, por el mercurio y también por la basura de las ciudades que termina en esos ríos. Llamó a mejorar los canales de análisis, propuso que el Censo Agropecuario no es una herramienta adecuada y vigente para conocer la realidad rural, y que se debe tecnologizar y perfeccionar los instrumentos.

Por su parte, Alejandro Almaraz explicó que, aunque un territorio esté titulado a favor de un pueblo indígena, en última instancia y de acuerdo a la Constitución, el dueño del subsuelo es el Estado. La nueva ley minera menciona la consulta previa, pero “no hace respetar la voluntad de pueblos indígenas, blanquea la concesión dudosa, libera de dilaciones a inversionistas, les hace pagar prestaciones ridículas (…), peor que eliminar un derecho es conculcarlo con su propio nombre” aseveró.

Lisbeth España fue la encargada de los últimos agradecimientos, invitó a revisar el libro y persistir en el análisis y escucha de las alertas planteadas.