Según un importante informe publicado en septiembre por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), 137 indígenas fueron asesinados en Brasil en el 2105. Mato Grosso del Sur es el estado con el mayor número de muertes (25 ese año).Gran parte de la violencia se debe a los conflictos por el terreno que han empeorado porque el gobierno no ha conseguido delimitar las tierras indígenas. Esto ha provocado choques entre los grandes agricultores y los indígenas. Hay 96 tierras indígenas en Brasil, pero hasta ahora solo se han delimitado y aprobado cuatro. Según el CIMI, otras 68 han sido clasificadas como “ninguna acción”.También una gran cantidad de indígenas se quitaron la vida. Se registraron 87 casos de suicidio indígena en el 2015. De nuevo Mato Grosso del Sur lidera la lista con 45 casos.Los datos muestran que la tasa de mortalidad infantil en los grupos indígenas de Brasil es casi el doble (26,35 muertes por cada mil nacidos vivos) que la media nacional (13,82 muertes por cada mil nacidos vivos).

En agosto del 2015, unos mil indígenas guaraníes del pueblo Kaiowa invadieron nueve granjas en el sur del estado de Mato Grosso como parte de un plan para reconquistar sus tierras ancestrales conocidas como Ñhanderu Marangatu. Esta misma demanda fue oficialmente reconocida por el gobierno de Brasil una década antes, pero incluía territorio que ha sido ocupado durante mucho tiempo por grandes agricultores de descendencia europea, los cuales afirman que poseen el título legal.

Tras días de acusaciones mutuas y gran tensión, el Supremo Tribunal Federal (STF) se puso de lado de los agricultores y suspendió la aprobación de la demanda indígena. Pero los grupos indígenas se quedaron. El 29 de agosto, la tensión estalló cuando un grupo de 40 agricultores del municipio de Antônio João reclamaron las granjas. Al final del día, Simeon Vilhalva, un líder de los guaraníes Kaiowa, había muerto por un disparo en la cara. Los indígenas  sostienen que el crimen fue cometido por los agricultores, pero los agricultores afirman que iban desarmados.

La de Simeon Vilhalva es solo una de las 137 muertes indígenas que tuvieron lugar en Brasil en el 2015. Mato Grosso del Sur ostentó el mayor número de homicidios del país: 25 ese año. Las cifras fueron divulgadas por el Consejo Indigenista Misionero (CIMI) en un extenso informe de 172 páginas publicado el pasado septiembre sobre la “violencia contra los grupos indígenas en Brasil”. El informe combina datos de las oficinas del CIMI, la policía federal, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI), el Ministerio Público Federal (MPF) y el Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI).

Según Roberto Liebgott, trabajador del CIMI que ayudó a recabar el informe, el alto número de conflictos en Mato Grosso del Sur, así como en otras regiones del país, ha empeorado debido a la dilación del gobierno en acabar de delimitar las zonas indígenas. Hay 96 tierras indígenas, pero hasta ahora solo se han delimitado y aprobado cuatro. Según el CIMI, 68 se han clasificado como “ninguna acción”.

Liebgott explica: “No [ha habido] un proceso de delimitación significativo ni efectivo [en gran parte] por las alianzas políticas del gobierno. Acaban favoreciendo a los grandes agricultores a costa de la protección medioambiental, así que los conflictos continuaron a lo largo del 2015”. Y añade: “El retraso en el acuerdo y la delimitación se ha convertido en algo intrínseco en el país. De este modo no cesan las invasiones, los conflictos y todo tipo de daño contra la propiedad privada y las comunidades indígenas. Crecen las acciones violentas, destructivas e ilegales”.

Los agricultores también critican al gobierno por la demora en delimitar las regiones indígenas y se ven como víctimas de esa demora y de los propios grupos indígenas. Milton dos Santos, el abogado que representa a los agricultores, dice que los indígenas consideran que “todas las tierras de la región les pertenecen y están fomentando las invasiones. Los terratenientes están teniendo que huir para evitar que les maten”. Acusa a los indígenas de promover saqueos, robos y la matanza de ganado en las granjas.

Dos Santos afirma: “El principal responsable del conflicto es el Estado. Estas personas no indígenas han estado en posesión del terreno durante 50 años, 60 años, algunos incluso 100 años de forma legal. Ellos no son ocupantes ilegales, son propietarios. La base [de esa posesión] es legal, concedida por el Estado. Hemos acabado con un gran dilema: por un lado los [agricultores] propietarios que compraron los lugares de buena fe y que ahora básicamente deben abandonar el terreno sin ninguna compensación, y [por otro lado] tenemos a los indígenas que dicen que la zona es terreno indígena”.

La tensión, que a menudo desemboca en violencia, se ha convertido en algo corriente en la vida de la región. El Ministerio Público Federal (MPF) dice que se han establecido milicias agrícolas para proteger los ranchos, las plantaciones de soya y otras propiedades agrarias.

El grupo étnico que más ha sufrido por culpa de los conflictos es el pueblo guaraní Kaiowá, el cual según el MPF ha perdido a 300 miembros por disputas violentas en los últimos 15 años. Una pérdida que el propio organismo público ha descrito como “genocidio”. En 2015, los guaraníes Kaiowá se vieron implicados en un total de ocho conflictos.

Poco ha cambiado desde entonces. En junio de este año, decenas de guaraníes Kaiowá, con la intención de reivindicar el territorio indígena, intentaron adueñarse de la granja Yvu y se tuvieron que enfrentar a 100 agricultores enfadados. Esta disputa por el terreno en la ciudad de Caarapó, en Mato Groso del Sur, acabó con la muerte de Clodiodi de Souza, de 26 años. Seis personas más resultaron heridas en el tiroteo, entre ellos un niño indígena de 12 años y un hombre de 62 años que recibió un disparo en el pecho.

“No sé cómo no acabaron con nosotros. Había balas por todas partes. [Los campesinos] iban bien armados”, cuenta un indígena herido desde la cama del hospital. Durante la batalla campal, los guaraníes Kaiowá secuestraron a agentes de policía y quemaron sus vehículos.

El último informe del CIMI señala otros delitos violentos cometidos contra los grupos indígenas, como por ejemplo intentos de asesinato, lesiones corporales, amenazas, agresiones sexuales, racismo y abusos de poder. También hubo una inquietante cantidad de indígenas que se suicidaron, con un total de 87 casos registrados en 2015 en todo Brasil. De nuevo Mato Grosso del Sur lidera la lista con 45 casos, el 37 % de los cuales fueron cometidos por adolescentes de entre 15 y 19 años. En los últimos 15 años, solo en Mato Grosso del Sur 752 indígenas se han suicidado.

El CIMI también ha registrado una alta tasa de mortalidad infantil. Solo en el 2015, hubo 599 casos de mortalidad infantil indígena en Brasil, de los cuales 46 ocurrieron en Mato Grosso del Sur. La mayoría de las enfermedades que afectan a estos niños, como la diarrea y la neumonía, son fáciles de tratar, pero a menudo tales tratamientos son escasos para los indígenas.

Datos del Distrito Sanitario Especial Indígena (DSEI) mostraban que la tasa de mortalidad infantil entre los grupos indígenas es casi el doble (26,35 muertes de cada mil nacimientos vivos) que la media nacional (13,82 muertes por cada mil nacimientos vivos), según datos del IBGE en 2013.

El Instituto Socioambiental (ISA) cree que la situación, ya bastante grave de por sí, podría empeorar. No solo para el grupo étnico guaraní Kaiowá, sino para todos los grupos indígenas, ya que ahora la destituida presidenta Dilma Rousseff ha sido reemplazada por el presidente Michel Temer.

En mayo de este año, Temer eligió a Blairo Maggi como Ministro de Agricultura de Brasil. El polémico empresario de la industria agraria y productor de soya (proclamado “Rey de la soya” de Brasil) fue galardonado con la Motosierra de oro en 2005, entregada por la ONG Greenpeace por su contribución a la deforestación de Brasil.

Últimamente Maggi ha aceptado los objetivos de conservación forestal del país, aunque su familia continúa desempeñando un papel muy importante en el desarrollo de la soya en Brasil. Entre otros cambios, también ha propuesto acabar con el requisito del permiso ambiental para los grandes proyectos de infraestructura, incluyendo la construcción de nuevas presas, canales industriales, ferrocarriles y puertos, que podrían beneficiar tremendamente a la industria de la soya a la vez que vulneran el territorio indígena. La construcción de proyectos de infraestructura a gran escala abre camino a conflictos indígenas.

Cuando Mongabay preguntó su opinión, el Ministerio de Justicia y Ciudadanía (MJC) y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicaron una declaración conjunta diciendo que ambas agencias: “admitían el informe [del CIMI] y [están] trabajan[do] en el análisis de los datos… recolectados a partir de las actuaciones del Departamento de Policía Federal y la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESA) para hacer una declaración completa”. Los organismos estaban de acuerdo en que la investigación, los datos y el análisis presentados en el informe del CIMI probablemente harán “posible establecer nuevos procedimientos para garantizar de forma efectiva los derechos fundamentales de los indígenas en Brasil”.