Ginebra, 9 abr (EFE).- Agricultores de Argentina, Indonesia, Senegal y Francia expresaron hoy su deseo de que, a más tardar en junio, esté lista la declaración sobre sus derechos y los de otras personas que trabajan en las zonas rurales para que pueda ser aprobada en la ONU, tras varios años de trabajo.
"Esperamos que en la próxima sesión en junio haya un documento definitivo que pueda ser adoptado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y posteriormente ser elevada a la Asamblea General", señaló en un encuentro con medios Geneviève Savigny, del movimiento La Vía Campesina Europa.
El Consejo de Derechos Humanos adoptó en 2012 por veintitrés votos a favor, nueve en contra y dieciséis abstenciones una resolución presentada por Bolivia, Cuba, Ecuador y Sudáfrica para el establecimiento de un grupo intergubernamental que trabaje en el desarrollo y la adopción de una declaración sobre los derechos de los agricultores y otras personas que trabajan en zonas rurales.
En febrero pasado se presentó un borrador revisado, que recoge, entre otros puntos, el derecho a la igualdad y no discriminación y al desarrollo, a la protección de las mujeres campesinas, a los recursos naturales, a la vida, la libertad y seguridad, a la libertad de movimiento y a la asociación.
También establece el derecho a la información con respecto a la producción, la mercadotecnia y la distribución, al acceso a la justicia, al trabajo, a una alimentación adecuada, a percibir unos ingresos dignos, a la tierra, a las semillas, a un entorno seguro, limpio y sano, a la diversidad biológica, al agua y el saneamiento, a la seguridad social, a la educación y a una vivienda adecuada.
No obstante, según Savigny, varios gobiernos europeos se oponen al texto porque, opinó, "protegen más a las trasnacionales que a sus gentes" y "no reconocen" los derechos colectivos.
De acuerdo con Geeta Devarajan, de La Vía Campesina India, sobre todo el derecho a la tierra, a los recursos naturales y a las semillas encuentran resistencia.
En general, agregó, "muchos países" se oponen al concepto propuesto por el movimiento campesino sobre la "soberanía alimentaria", que implica que el agricultor decide qué quiere cultivar y que ello no le sea dictado por parte del mercado o el comercio.
Diego Montón, coordinador de La Vía Campesina de América Latina, recalcó que, en consonancia con la globalización, "las acciones violentas contra las comunidades campesinas se profundizaron en la región bajo el despojo de tierras, desalojos, la monopolización de mercados, la privatización de semillas, todo lo cual ha condicionado la vida y la supervivencia de la agricultura" rural.
"Muchas de esas acciones han tenido que ver con el accionar de empresas trasnacionales que muchas veces se han visto cobijadas por tratados de libre comercio", agregó.
Explicó que sistemas tradicionales como la propiedad comunitaria de la tierra, muy extendida en América Latina "no contaban con herramientas para defenderse frente a estos conflictos".
"Por eso esta declaración, que incluye poder considerar esos derechos colectivos, los derechos a la propiedad comunitaria, a la semilla, a la producción, constituye una herramienta que permitirá a los Estados adaptar sus normas jurídicas para proteger la vida campesina", indicó Montón.
Tanto para este experto de Argentina como para su compañero de Indonesia Henry Saragih, la agricultura rural es "la garantía que tiene la humanidad para luchar contra el cambio climático y la seguridad alimentaria", lo que se evidenció sobre todo con la crisis alimentaria de 2008, afirmó el segundo de ellos. EFE
Foto (Raquel Andrés Durà)