Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, afirma que ha observado un aumento mundial en la criminalización y la violencia contra estos pueblos.
Por: Jamie Kalliongis, Gerente, Comunicaciones estratégicas, RRI
El mes pasado, durante el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, la Sra. Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas explicó que “existe un vínculo directo entre el respeto de los derechos colectivos a la tierra, los territorios y los recursos, y las soluciones que necesitamos para resolver los problemas del cambio climático, la erosión de la diversidad biológica y la erosión cultural”.
Cada año, el Foro Permanente es el punto de reunión de pueblos indígenas, gobiernos, la sociedad civil y el sector académico en Nueva York, con el propósito de plantear y debatir cuáles son los riesgos y las oportunidades que enfrentan los pueblos indígenas en todo el mundo. Posteriormente, el Foro presenta un informe a las Naciones Unidas y recomienda formas en las que los Estados miembros pueden proteger mejor los derechos indígenas.
El tema de este año fue “Los derechos colectivos de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos”. Líderes indígenas de todo el mundo destacaron la función esencial que desempeña la seguridad de estos derechos en sus vidas y medios de sustento, así como en el fomento del desarrollo sostenible y la mitigación del cambio climático.
Diversas investigaciones comprueban que en los lugares donde los derechos de los pueblos indígenas a la tierra son seguros, las tasas de deforestación son más bajas y el almacenamiento de carbono es mayor. Al respecto, la Sra. Tauli-Corpuz destacó que donde se respetan los derechos indígenas a la tierra “también son lugares donde observamos ecosistemas mejor conservados y protegidos”. La seguridad de estos derechos también genera repercusiones importantes en la seguridad alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
El informe final (versión preliminar) hizo énfasis en estas contribuciones esenciales, pero también destacó el lento reconocimiento de los derechos indígenas en todo el mundo, al igual que la alarmante tendencia de criminalizar y de perpetrar actos de violencia contra los defensores de derechos humanos indígenas.
Los pueblos indígenas y las comunidades reclaman consuetudinariamente más del 50 por ciento de las tierras del mundo, pero cuentan con derechos reconocidos legalmente en tan solo el 10 por ciento de estas.
El Foro recomendó que los Estados incorporen la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en sus legislaciones nacionales, a fin de salvar esta brecha y promulgar políticas para aplicar estos derechos más eficazmente.
La Sra. Tauli-Corpuz también hizo énfasis en el hecho de que “es extremadamente importante centrarse en los elementos colectivos de este derecho. Es exactamente aquí donde las normas internacionales enfrentan retos relativos a la implementación en la práctica”. En algunos casos, los sistemas jurídicos solo reconocen derechos individuales, o bien, los gobiernos no demarcan las tierras y los territorios indígenas como deberían.
En aquellos lugares en los que sus derechos no son seguros, los pueblos indígenas son más vulnerables a la pobreza, los choques climáticos y el desplazamiento involuntario, y los bosques que protegen son más vulnerables a la explotación y la deforestación.
La Sra. Mariam Wallet Aboubakrine, Presidenta del Foro Permanente, resumió las deliberaciones de la siguiente forma: “Nos hemos enterado de la tremenda presión proveniente de las industrias extractivas, los proyectos de infraestructura, la agricultura a gran escala, las represas hidroeléctricas y hasta diversas iniciativas de conservación que han dado origen a la desposesión y al desplazamiento de los pueblos indígenas”.
Cuando los pueblos indígenas defienden sus tierras consuetudinarias o se pronuncian contra las violaciones de derechos humanos, con frecuencia enfrentan actos de violencia. En algunos casos, los Estados los tildan de criminales o terroristas. Recientemente, el gobierno de Filipinas acusó a varios indígenas que han sido activistas durante mucho tiempo de ser terroristas, incluida la propia Sra. Tauli-Corpuz, al igual que la Sra. Joan Carling, una de las coordinadoras del Grupo Mayor de Pueblos Indígenas.
Durante una actividad paralela que se centró en la protección de los defensores de derechos humanos indígenas, la Sra. Carling denominó este tipo de acciones un intento por “debilitar el movimiento indígena en el país, ya que ahora el gobierno cuenta con un plan general para que la inversión extranjera se apodere de nuestras tierras y territorios para realizar actividades mineras y agroindustriales, así como para proyectos de energía, concesiones forestales y plantaciones comerciales”.
Estos problemas no solo están presentes en Filipinas. Según la organización Global Witness, en 2016 200 defensores de derechos humanos resultaron muertos in 2016 y 197 fueron asesinados en 2017. Históricamente, aproximadamente el 40 por ciento de los asesinatos ha sido de personas indígenas.
Y la criminalización de activistas indígenas es aún más generalizada. En su informe al Foro, la Sra. Tauli-Corpuz afirmó lo siguiente: “He observado un aumento mundial” en la criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas. Con base en los diversos informes sobre criminalización y violencia que recibe de todo el mundo, la Sra. Tauli-Corpuz está elaborando su informe temático de este año sobre el tema de la criminalización y la violencia contra los pueblos indígenas, y añadió que “nunca pensé que yo misma sería una de las pruebas al respecto”.
A la luz de estos retos, los miembros del Foro Permanente instaron a los gobiernos a que piensen en ellos como sus aliados en la lucha para construir un mundo más pacífico, equitativo y sostenible. La Sra. Carling señaló que “no puede haber un desarrollo sostenible sin el respeto, la protección y la materialización de los derechos humanos”.
En sus palabras de clausura, la Sra. Mariam Wallet Aboubakrine aseveró lo siguiente: “Es nuestra responsabilidad dejar un mundo sano y sostenible para nuestros hijos y sus hijos”.
Blog publicado originalmente en el sitio web de RRI