Ese reto lo asumió en septiembre del año pasado. Su rol, palabras más, palabras menos, consiste en meter mano en las políticas públicas que crea esta cartera. ¿Con qué fin? “Incluir un enfoque de género, porque si dejamos las cosas por sí solas, la participación en el campo continuará siendo gobernada por los hombres”, explica la economista de la Universidad de los Andes.
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Cuando Mujica aterrizó en esta dirección, creada a finales de 2017, ya existía un terreno labrado en el tema. Una política para la mujer campesina que se remonta a la década de los ochenta, una ley constituida a comienzo de siglo pensando en la mujer rural y una apuesta de género que se había colado con la cooperación internacional a manos de la Unión Europea (UE).
La importancia de pensar en esta población es apenas lógica. Las cifras dan cuenta de ello al denunciar que solo un 38 % de los baldíos adjudicados entre septiembre de 2016 y agosto de 2018 corresponden a mujeres. O que, mientras las mujeres del campo dedican cerca de ocho horas diarias a actividades del cuidado, como la crianza y las labores domésticas, los hombres solo dedican tres.
Esa inequidad hizo que la Unión Europea incluyera el Plan de Acción de Género en su proyecto de Desarrollo Rural con Enfoque Territorial (DRET), con el que trabaja en Colombia. Una apuesta cocinada desde hace tres años que se concentra en “la participación de las mujeres en la ruralidad, su integridad, el empoderamiento de ellas y un esfuerzo interno, desde la UE, para ser consecuente con la igualdad de género. Saber de antemano que las mujeres tenemos distintas necesidades que los hombres”. Así lo explica Matilde Cerravolo, jefa adjunta de Cooperación de la UE, una de las principales abanderadas del tema.
Además de estas cuatro estrategias, el plan está inyectando 122 millones de euros al tesoro nacional. Esa inversión apalanca alrededor de 35 proyectos enfocados en equidad de género y el trabajo conjunto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en particular del Viceministerio de Desarrollo Rural y la Consejería para la Equidad de la Mujer.
Gracias a esto hay una “priorización o medidas afirmativas”, como las llama Mujica, en pro de este grupo poblacional. Los tres grupos que componen la Dirección de la Mujer Rural lideran esta labor desde el Gobierno.
El primero de ellos está dedicado a la investigación. Se trata de un grupo de estudios y focalización encargado de recolectar evidencia sobre cómo y dónde están las mujeres rurales actualmente. Una tarea ardua si se tiene en cuenta que los estudios nacionales del sector desagregados por sexo no son mayoría.
Tras identificar las deficiencias más urgentes, la responsabilidad cae a manos del grupo de género y población rural. Ellos son quienes trabajan con otras instituciones, como la Agencia Nacional de Tierras, para que, al momento de acceder a predios, sean priorizadas en los programas de acceso y formalización de tierra. Con esto, por ejemplo, se ha logrado que 8.486 colombianas sean beneficiadas en procesos de formalización de tierras.
El tercer grupo nació pensando en la estabilización y la consolidación y se asegura de que el enfoque de género esté inmerso en los planes y proyectos del sector agropecuario y de desarrollo rural asociados al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de Paz.
Las grandes apuestas del sector para las mujeres rurales hacen parte, por primera vez, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, donde se contempla que 12.142 mujeres se vean beneficiadas por los procesos de formalización de tierras y haya una participación de las mujeres del 30 % entre los beneficiarios de los servicios de asistencia técnica y del 34 % dentro de las operaciones de crédito agropecuario y rural.
Indicadores de ese tipo son los que revisa la Unión Europea cada año para saber si sus aportes están dando frutos. Confiando en ello, asegura Cerravolo, se espera que el país pueda entender que empoderar a las mujeres, ofrecerles oportunidades y abrir espacios para ellas potencia el desarrollo nacional. Una afirmación tan cierta que se calcula que, solo en términos económicos, si todas las mujeres que están en edad de trabajar pudieran hacerlo, entre todas generarían el PIB de Estados Unidos y China juntos.