A través de un informe, la Fundación Forjando Futuros determinó que los departamentos con mayores agresiones contra defensores de derechos humanos son también las regiones donde hay un “mínimo avance” en la restitución de tierras.
En contravía de lo dicho hace menos de un mes por el presidente Iván Duque en Medellín, donde aseguró que el narcotráfico y la minería ilegal son los principales causantes de los crímenes de líderes sociales, este lunes la Fundación Forjando Futuros aseguró que son los conflictos por la tierra los mayores responsables de esos homicidios.
El pasado 25 de julio, en desarrollo de la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos y un día antes de la marcha en defensa de los líderes sociales, el primer mandatario les expresó su respaldo, advirtiendo que “han sido víctimas de grupos armados organizados al servicio del narcotráfico o de la extracción ilegal de minerales”.
Sin embargo, en un informe que comparó los avances de la restitución de tierras y las solicitudes por departamento, Forjando Futuros estableció una relación entre el conflicto por la tierra y las agresiones contra líderes sociales.
En el documento se evidencia que los departamentos con el mayor número de agresiones contra defensores de derechos humanos son Cauca, Antioquia y Norte de Santander, “regiones que coinciden con un mínimo avance en la restitución de tierras”. Por un lado, en Cauca se cuentan 4.365 solicitudes y el porcentaje de lo restituido asciende a 4 %, mientras que los líderes asesinados durante el periodo de Duque (hasta marzo de 2019) se contaban en 32.
Una situación similar se presenta en Antioquia, donde las solicitudes son 21.204 y lo restituido no supera el 6 %. En paralelo, los líderes asesinados ascienden a 31. Finalmente, en Norte de Santander, con 4.871 solicitudes y un porcentaje de lo restituido del 5 %, los homicidios suman 19.
“Los tres departamentos con mayores agresiones contra líderes sociales, son también las regiones donde la restitución va ‘gota a gota. En este sentido, el Gobierno Nacional debe reconocer que el problema de las agresiones contra los líderes sociales está íntimamente ligado con los conflictos por la tierra y no simplemente con el narcotráfico y la minería ilegal”, manifestó la Fundación.
Con corte a julio de 2019, la Fundación indica que la Unidad de Restitución de Tierras (URT) ha recibido 122.159 solicitudes, de las cuales el 65 % han sido rechazadas. Adicionalmente, se han proferido 4.914 sentencias dictadas por los jueces y 8.350 casos resueltos judicialmente en sentencias.
La organización precisa que, de 6,5 millones de hectáreas abandonadas o despojadas, solo se han restituido 314.849, es decir, “4,8 % de tierra restituida”.