Un informe de FAO señala que vieron reducidos sus ingresos e intensificada su carga laboral durante la pandemia, momento en que fueron "desproporcionadamente" golpeadas por la crisis económica y sanitaria.
Por Marianela Mayer
El coronavirus agudizó las desigualdades sufridas por las más de 58 millones de mujeres que viven en zonas rurales de América Latina, cuya carga de trabajo se vio intensificada por la crisis sanitaria, a la vez que se redujeron sus oportunidades económicas y su acceso a una alimentación nutritiva, advirtió la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
"La situación de las mujeres rurales en la región ya era muy complicada antes de la pandemia y si hablamos de la pobreza, podría aumentar un 28,54% en el campo, lo que nos lleva a unos 10 millones de habitantes rurales que no tendrían ingresos para adquirir una canasta básica, de los cuales casi 6 millones son mujeres", explicó a Télam la consultora de género de la oficina regional de la FAO, Catalina Ivanovic.
En palabras de la especialista, la Covid-19 recrudeció los principales problemas socioeconómicos que enfrentan las mujeres rurales en la región, "producto del ordenamiento cultural" de nuestras sociedades.
"El escenario no es alentador", lamentó Ivanovic, quien precisó que empeora en el caso de las mujeres indígenas y afrodescendientes, víctimas de múltiples discriminaciones.
Según un reciente estudio de esta agencia de la ONU, la experiencia demuestra que las mujeres del medio rural resultan "desproporcionadamente" golpeadas por las crisis sanitarias y económicas.
Una de las múltiples expresiones de la brecha de género en el campo son las dificultades que tienen las mujeres para insertarse en el mercado formal del empleo y emprender o realizar labores productivas que las mantengan fuera de la línea de pobreza, lo que afecta su seguridad alimentaria.
Asimismo, esta condición de informalidad laboral supone menos ingresos y complica su acceso a las formas de protección social, como los sistemas de salud, particularmente necesarios en pandemia, señaló Ivanovic.
Un porcentaje muy alto de mujeres rurales se encuentra, además, trabajando dentro de sectores de trabajo duramente afectados por el brote, como servicios, turismo y empleadas de casas particulares.
"Sobre todo esto, se agrega que las mujeres están entendidas en nuestras sociedades como las principales responsables de las labores de cuidado, ya sea de niños o personas dependientes que pueden haber enfermado de Covid-19, y esto aumenta enormemente el número de horas que trabajan diariamente", dijo la consultora de la FAO.
Estas "dobles o triples jornadas" dificultan su propio autocuidado y su posibilidad de empoderarse en lo económico, en la toma de decisiones y en su propia vida cotidiana, alertó.
El contexto de pandemia disparó también las diferentes formas de violencia contra las mujeres, con un notable aumento de las denuncias por violencia doméstica en toda la región.
Este panorama tampoco allana las dificultades que afrontan las mujeres rurales latinoamericanas para contar con la tenencia de la tierra, determinante para acceder a otros recursos productivos como el agua, el financiamiento, capacitaciones y apoyos de diferentes tipos.
Esta problemática fue uno de los ejes centrales tratados por la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra, integrada por 24 organizaciones de base de 12 países de América Latina.
Sin embargo, en los últimos años, otros temas de conflicto más urgentes se impusieron en la agenda de esta plataforma, como el extractivismo que atraviesa a toda la región.
Se trata del acaparamiento de tierras para ganadería, megacultivos de agroindustria, minería o megaproyectos que no solo tiene implicaciones en el derecho a la tierra, si no también en los cuerpos y en la vida de las mujeres.
"Para qué defender (la tenencia de) títulos, si después va a llegar el megaproyecto. Esas luchas por esos derechos más estructurales terminan siendo desplazadas para responder a estas contingencias también estructurales", reconoció Ana María Restrepo, coordinadora de la iniciativa.
Al extractivismo, se suman la violencia contra las defensoras medioambientales, exacerbada por el discurso contra el derecho a la protesta que toma fuerza en América Latina, y el nuevo impulso de movimientos conservadores frente a las ganancias de las mujeres en la región, que pone en riesgo su participación política, incluso en espacios ya ganados.
Restrepo consideró también preocupante como gobiernos progresistas y conservadores tildan a estas lideresas rurales de "personas que se oponen al desarrollo", lo que afecta en cómo la sociedad asume estos asesinatos y victimiza aún más a estas mujeres.
También en la FAO destacaron la responsabilidad estatal en relación a la situación de las mujeres rurales, al considerar como clave la necesidad de tener un enfoque de corresponsabilidad y de protección social sobre el rol del cuidado en las políticas.
"La principal dificultad es entender que mujeres y hombres podemos cuidar de otros y también podemos necesitar de ser cuidados. Cuando lo fijamos en la mujer y no reconocemos su labor productiva, el valor de las acciones de cuidado dificulta la situación de las mujeres rurales", indicó Ivanovic.
Esta percepción invisibiliza a la mujer productora en el medio rural, cuyo trabajo en general no es renumerado, ya que tradicionalmente se habla de su "ayuda" en las labores productivas e, incluso, ellas mismas no suelen percibirse como productoras, aclaró.
De ahí la importancia de generar redes entre estas mujeres para abordar la defensa de sus derechos, algo que se viene dando en el mundo rural desde los años 90 y se ha fortalecido estos últimos años.
No obstante, la especialista reconoció que, si bien las mujeres rurales latinoamericanas se organizaron, aún no se pueden considerar a las tradicionales brechas de género como superadas.
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