Perú comparte con varios países sudamericanos los principales problemas relacionados con la tierra: la existencia del latifundio por un lado, y el minifundio por otro, en lógicas marcadas por los intereses de actores como terratenientes, agroindustriales, campesinos, comunidades nativas (indígenas). Sin embargo, a diferencia de algunos países vecinos, las dinámicas en que se dan estos elementos resultan diferentes, debido a una serie de políticas agrarias particulares y sus respectivos resultados, que han ubicado al Perú como uno de los principales productores y exportadores de cultivos agrícolas en la región.
Sistema de tenencia de tierras y contexto histórico del país
En un marco histórico claramente marcado por un estructura agraria hacendal impuesta por sobre comunidades indígenas y pequeños productores, la Reforma Agraria de 1969 logró exitosamente en el Perú revertir las tierras de los terratenientes (12 millones de hectáreas) y distribuirlas a alrededor de 600 haciendas cooperativas agrarias (10 millones de hectáreas). Sin embargo, 20 años después, en el marco de las políticas neoliberales de los años 90, el marco normativo que permitió esta importante acción fue cambiado, eliminando las salvaguardas de la propiedad agraria. La principal herramienta para ello fue la propia Constitución Política del Estado (1993), que garantiza el derecho de toda persona (sea natural o jurídica) de acceder y conservar la propiedad agraria, sin mayores exigencias respecto al uso de la misma ni a la extensión de la tierra. El otro instrumento fue la Ley 26.505 de Promoción de la Inversión en las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas, o Ley de tierras (1995), que descartó las limitaciones al uso y disposición de las tierras agrícolas como por ejemplo, el principio de que la tierra es de quien la trabaja, la prohibición del latifundio, la necesidad de eliminar el minifundio, el concepto de la función social de la propiedad agraria, la necesidad de establecer un límite de tamaño a la gran propiedad. Así, se permitió la libre transferencia y cualquier modalidad de cesión de derechos sobre la tierra; adicionalmente se brindaron mayores seguridades a los grandes propietarios de tierras agrícolas.
Una política importante de los últimos años ha sido la de la habilitación de tierras eriazas en la costa peruana, confiscadas con anterioridad por el Estado (y afectando en ocasiones derechos de productores y comunidades) destinando para ello grandes inversiones estatales en megaproyectos de riego. Estas tierras, luego son subastadas al mejor postor, y por lo mismo, terminan en manos de grandes empresas y grupos económicos, sin llegar a beneficiar al sector campesino. Estas tierras están siendo destinadas a la producción de cultivos como caña de azúcar y palma africana para la producción de agrocombustibles.
En este marco en que se deja de controlar la concentración de tierras y en todo caso, se la promueve, la situación de relativa equidad en la tenencia de la tierra que se había logrado con la Reforma Agraria de 1969 se ha revertido en un proceso creciente de acaparamiento. Actualmente cerca de un 80% de las unidades agropecuarias en el Perú tienen menos de 5 hectáreas, pero apenas controlan un 6% del total de la superficie agropecuaria nacional, mientras que las unidades agropecuarias que tienen más de 500 hectáreas son apenas un 0,3% del total, pero suman aproximadamente un 70% de la superficie agropecuaria del país.
Tendencias en el uso de la tierra
Las políticas agrarias descritas han permitido que en los últimos 25 años, en el Perú se haya introducido y consolidado un modelo económico ligado al sector primario exportador articulado a la exportación de productos agrícolas no tradicionales como espárragos, mangos, café, uvas, paltas, quinua y una gran variedad de cultivos adicionales, respaldados desde procesos de inversión privada moderna y alta innovación. Los resultados son destacables en términos de incremento del aporte de la agricultura al PIB y a los ingresos nacionales; sin embargo, los costos se miden en términos de mayor acaparamiento y marginación de sectores campesinos y de pequeños productores.
Por otro lado, además del apoyo indiscutible del Estado a la inversión agrícola a gran escala, en el Perú existen alrededor de 54 mil concesiones sobre diversos recursos naturales, pero principalmente minería e hidrocarburos, que se sobreponen sobre derechos a la tierra por parte de campesinos y comunidades nativas. El apoyo estatal a la agroindustria tiene su correlato en el sostén desde el Estado a las inversiones privadas en la explotación de esos recursos sin pensar en las necesidades de las poblaciones locales.
Principales desafíos y problemas sobre la tierra
Hay temas importantes para campesinos y comunidades nativas, como el de la seguridad jurídica (saneamiento de tierras) que no son relevantes para el Estado. No se priorizan programas de formalización de la propiedad, a pesar de que hace décadas que es un tema pendiente en la agenda estatal y la de las organizaciones campesinas. Mucho más crítica es la situación de las comunidades nativas, ya que sus territorios se sobreponen con frecuencia con concesiones mineras, hidrocarburíferas y forestales, y por ello mismo, no se procede a reconocer formalmente sus derechos. Las causas para esto son la falta de voluntad estatal, la ausencia de un sistema de catastro integral de la propiedad rural y la existencia de marcos normativos desfasados y desactualizados.
Por otro lado, los mecanismos de concentración de tierras en el Perú son varios: el libre mercado, la intervención estatal en proyectos favorables al agronegocio, los proyectos de irrigación, las industrias extractivas, el control del agua para riego. El Perú ha dado un salto a la agricultura de exportación de la mano del acaparamiento de la tierra en propiedad de grandes grupos económicos, y el Estado ha tenido un rol fundamental como soporte de estas corporaciones y empresas a través de la flexibilización del sistema de tenencia de la tierra, creando subsidios, bajando impuestos e invirtiendo capital estatal.
Bibliografía de referencia
- Del Castillo, Laureano. La legislación peruana y los derechos de pequeños agricultores y comunidades a la propiedad de las tierras. Movimiento Regional por la Tierra y el Territorio (MRxT) – Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS), 2014 (en digital).
- Escobedo, Jaime. Concentración de tierras a la peruana, en Centro Peruano de Estudios Sociales. La revista Agraria Nº 169. Concentración. La tierra en pocas manos: el proceso continúa con el apoyo del gobierno. Lima – Perú: CEPES, 2015.
- Escobedo, Jaime. La situación en Perú, en Escobedo, Jaime; Soumoulou, Luciana; Seghezzo, Gabriel; Herrera, Johana; Rivera, Rigoberto; Gómez, Manuel. La tierra un recurso en disputa. Instituciones, actores y procesos en Argentina, Colombia, Perú y Venezuela. Lima - Perú: Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES, 2015.
- Libélula, comunicación, ambiente y desarrollo. Diagnóstico de la agricultura en el Perú. Perú Opportunity Fund. 2011 (en digital).
Authored on
02 Enero 2017
