Constituyendo únicamente el 5% de la población del mundo, los Pue- blos Indígenas protegen el 80% de la biodiversidad del planeta.1 Glo- balmente, muchos de los bosques que aún alberga nuestro hogar

Han pasado 30 años desde la adopción del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, a pesar de que los Estados de América Latina reconocieron plenamente los derechos de los pueblos indígenas, este continúa siendo uno de los colectivos con mayor rezago en materia económico-social, aun cuando la región ha logrado grandes avances en este ámbito.

Mientras el mundo entero trata de ponerse a salvo de la pandemia, los pueblos indígenas de América Latina agonizan y algunos podrían llegar a desaparecer. El abandono estatal y la ausencia de servicios adecuados de salud integral y agua
segura los hace extremadamente vulnerables al virus que se extiende a toda velocidad por el continente.

Por investigaciones anteriores de WRI, sabemos que las tasas de deforestación en tierras indígenas de laAmazonía son considerablemente más bajas que entierras no administradas por pueblos indígenas. Ahora,hemos aprendido por este informe, que la minería industrial y la minería ilegal a pequeña escala se produceen más del 20 por ciento de las tierras indígenas de laAmazonía y que las tasas de deforestación en tierras indígenas donde existe minería son signi cativamente más altas que en las tierras indígenas sin minería.

Entre los grupos de personas defensoras más vulnerables, este documento se centra en dos de los reciben el mayor número de ataques en la actualidad: las y los operadores de justicia y quienes de enden la tierra y el territorio. La expulsión del comisionado Iván Velásquez y del organismo que presidía, la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad de Guatemala (CICIG), supuso un duro golpe al sistema de justicia y es una muestra clara de la regresión que se vive en el país.

Las medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno colombiano para contener la propagación del Covid-19, se han traducido en un detrimento de libertades y derechos fundamentales de las personas: restricciones de movilidad, toques de queda sin garantía de renta básica, cierre de mercados, inoperatividad de sistemas judiciales, precariedad del sistema de salud, abusos policiales, fortalecimiento de grupos armados e incremento de actividades ilegales.

Los impactos económicos del COVID-19 han generado que el Estado peruano agudice aún más en la priorización de las actividades extractivas por sobre la atención y cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, el presente informe describe, a través de las medidas establecidas por el Estado, las políticas que se han impulsado en territorios indígenas, bajo el argumento de la reactivación económica, sin contemplar los efectos que éstas pueden tener a mediano o largo plazo sobre la vida, la salud y el cumplimiento de los derechos de los pueblos.

Este documento propone que la gobernanza colectiva de la tierra otorga derechos y contribuye a reducir las desigualdades en el interior de las comunidades, y las existentes entre estas, y la población e institucionalidad de su entorno.

In this book research focuses on a comparative analysis of the collective strategies employed by indigenous and peasant women to gain access to justice for the sexual violence and other human rights violations they suffered in the context of armed conflict and transition in Colombia and Guatemala.

En Bolivia, la agricultura bimodal surgió con fuerza como consecuencia del boom de la soya, que comenzó en la década de 1980. A diferencia de la coexistencia de dos modos de producción abolidos por la Reforma Agraria de 1953, la hacendal y la campesina, la agricultura soyera dinamizó nuevas ‑y cada vez más desiguales‑ relaciones entre los pequeños productores familiares, establecidos en las zonas de asentamiento del departamento de Santa Cruz, y los medianos y grandes productores empresariales que, en la misma región, concentran las mejores tierras de uso agrícola.

Community land, crucial to rural livelihood around the world, is increasingly targeted by commercial interests. Its loss can lead to environmental degradation, increased rural poverty and land disputes that last for years. Without formal legal recognition of their land rights, communities struggle to protect their land from being allocated to outside investors.

The Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security (FAO, 2012 – referred to in this guide as ‘the Guidelines’) were unanimously adopted by the Committee on World Food Security (CFS) in 2012, with subsequent broad international recognition and support. Their strength rests on the unique inclusive and participatory process through which they were developed.