Por: Juana Vera - Delgado

Blog publicado originalmente en inglés en Common Dreams

Esta es una de las noticias más poderosas que probablemente te perdiste este año: un grupo de mujeres indígenas en Perú logró hacer valer el derecho legal a la integridad y protección del Río Marañón, una vía fluvial sagrada que fluye desde los Andes hacia el Amazonas. Esta es una victoria significativa para la preservación de la naturaleza, el agua, los bosques y la biodiversidad; en otras palabras, la vida misma. También es un gran paso hacia adelante en la lucha contra el cambio climático y por los derechos de la naturaleza, ambos temas que se debaten en eventos internacionales como el XI Foro Social Panamazónico en Rurrenabaque, Bolivia, o en eventos como en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y el Dia de la Mujeres Indígenas que se celebran el 9 de agosto y 5 de septiembre respectivamente.

Las mujeres guerreras detrás de esta victoria legal, la segunda de su tipo en América Latina, después del caso del Rio Atrato en Colombia, provienen de la Huaynakana Kamatahuara Kana, una federación de mujeres Kukama en la cuenca baja del Marañón.

108 vertidos de petróleo en 40 años

La Federación inició su lucha en el 2021, cuando las mujeres Kukama de 29 comunidades, encabezadas por Mari Luz Canaquiri, presentaron una acción de amparo contra Petroperú (empresa petrolera estatal peruana), el Ministerio de Medio Ambiente y otros organismos gubernamentales. Las mujeres estaban indignadas de constatar cómo los ecosistemas de sus ríos, bosques y plantas sagradas estaban siendo envenenados y destruidos sistemáticamente por más de 40 años de derrames de petróleo. De hecho, según un artículo publicado por el Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático (MOCICC), al menos 108 derrames de
petróleo han ocurrido en el recorrido del Oleoducto Norperuano 1 (ONP) desde su inicio sus operaciones en 1977; sin que la opinión nacional e internacional se indigne por tales hechos. Estos derrames son ecocidas y, sin embargo, el Estado peruano ha disfrutado de impunidad casi total ante cualquier consecuencia hasta el momento.
Lo más indignante de este hecho es que la ONP no respetó el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) estipulado en el Convenio 169 de la OIT, ni ha implementado medidas de salvaguardia ambiental y mantenimiento adecuado del oleoducto. En 2014, a raiz de una rotura profunda de uno de las tuberías del oleoducto, el pueblo Kumama recién fue consciente del peligro inminente del derrame de petróleo, el cual estaba inundando sus ecosistemas forestales y cuerpos de agua. Desde entonces, ellos, especialmente los habitantes de la comunidad de Cuninico, se han visto obligados a consumir esta agua contaminada, con graves consecuencias para la salud la salud reproductiva de las mujeres (con un aumento en el número de abortos espontáneos) y la salud inmunológica, respiratoria y generalizada. enfermedades gastrointestinales de toda la población. Incluso ahora, debido a la contaminación permanente del Marañón, los peces y otras especies ribereñas esenciales para el sustento de las comunidades locales están desapareciendo.

Mientras tanto, el Estado peruano no se ha molestado en proporcionar ni siquiera servicios básicos como agua potable o atención médica a estas comunidades. Los problemas de salud entre los pueblos indígenas siguen sin abordarse, mientras que unas pocas empresas extranjeras acumulan los asombrosos beneficios de la venta de petróleo crudo. Esto incluye a la Pluspetrol, de capital argentino en el lote ocho; la francesa Perenco en los lotes 67 y 39; Frontera Energy en el lote 192 (ex1Ab) y PetroTal en el lote 95, las dos últimas de capital canadiense.

“En nuestra cultura el río Marañón es un ser vivo”

Después de años de lucha, las líderes kukama lograron que la jueza Corely Armas Chapiama, del Tribunal Mixto de Nauta-Loreto, dicte un fallo a favor de sus demandas en marzo de 2024. Y es que era tan evidente que más de cuatro décadas de derrames de petróleo han destruido los medios de vida de las Comunidades amazónicas que viven a lo largo de los afluentes del río Marañón. En palabras de una de las líderes, Emilsen Flores: “Cuando hay derrames, se contaminan nuestros bosques, se contaminan nuestras plantas, el espacio [territorio] en el que vivimos.

Los derrames amenazan con matar nuestros peces, nuestra fauna, nuestra flora (...) Está en riesgo nuestra salud, nuestra educación y todo lo relacionado con la alimentación, porque la comida está contaminada”. En la corte, Emilsen fue también la voz de su río vivo y sagrado. Como lo deja a entender las palabras de la líder Mariluz Canaquiri de la Comunidad Nativa Shapajilla: “en nuestra cultura, el río Marañón es un ser vivo. Los Kukama tienen una estrecha relación con los ríos, allí vive el Purahua, la boa más grande del Amazonas, que para nosotros es la madre de los ríos. Para el pueblo Kukama, el río es el corazón de la vida, que bombea sangre a todo el cuerpo”.

La 'voz' del Rio

Desde el establecimiento de la colonia en Perú hasta casi la década de 1970, los espacios públicos, como los tribunales, han privilegiado y escuchado principalmente las voces de los hombres, generalmente blancos, con educación formal. Las voces de las mujeres eran tenidas en cuenta como "chismes", ya que se las consideraba incapaces de testificar de forma racional y coherente. A las mujeres incluso se les prohibió entrar en el ámbito de los procedimientos y litigios legales. Si eran llamados a declarar como testigos, el testimonio de tres mujeres juntas se consideraba igual al testimonio de un hombre (ver Vera-Delgado 2011, pág. 54).

Esto hace que los hechos de la sentencia del Juzgado Mixto de Nauta del 12 de noviembre de 2023 sean casi trascendentes; una jueza de ascendencia indígena escuchando atentamente no sólo el testimonio de los líderes Kukama, sino también –a través de los líderesas– la “voz” de una entidad vital y animada, el río Marañón y sus afluentes. La jueza C. Armas Chapiama entendió que no sólo se estaban violando los derechos a una subsistencia sana y justa de las comunidades locales por parte de las petroleras, sino que también el derecho inherente a la vida del río Marañón. Estos derechos incluyen su derecho a fluir libremente y sin contaminación para garantizar ecosistemas saludables de bosques, fuentes de agua y biodiversidad; el derecho a alimentarse y ser alimentado por sus afluentes; el derecho a ser protegido, conservado y restaurado; y el derecho a la regeneración de sus ciclos naturales.

Sin reparaciones ni compensaciones

Aunque la jueza Armas Chicama ordenó a las autoridades de la ONP actualizar sus instrumentos de gestión ambiental y respetar el CLPI, no emitió sentencia para reparar a casi 69 comunidades que han sido afectadas por los derrames de petróleo durante más de 40 años. Pese a ello, se espera que las autoridades de la ONP cumplan con el fallo del tribunal, ya que, en los países amazónicos, sentencias similares y su posterior implementación han hecho caso omiso no sólo la letra de la ley, sino también su espíritu.

La victoria de las hermanas Kukama es de enorme importancia para el país, ya que proporciona una inspiración monumental para las luchas de los pueblos amazónicos contra las numerosas actividades extractivas que están destruyendo sus territorios. Por ejemplo, el 22 de abril de 2024, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se movilizó por primera vez en rechazo a la minería y tala ilegal que están invadiendo sus territorios, actividades que cuentan con el aval del actual 2 gobierno peruano. En este contexto, la mercantilización de los territorios forestales de los Pueblos Indígenas se ha convertido en una práctica cotidiana, con impactos diferenciados en la población local, especialmente en la vida de las mujeres en todas sus diversidades y los jóvenes.

También es importante señalar que años de abusos y violaciones de los derechos de los pueblos indígenas del Amazonas por parte de la industria petrolera, incluidos asesinatos de líderes indígenas, han quedado impunes hasta la fecha. Como si fuera poco, en enero de 2024, el gobierno peruano aprobó la Ley 31973, modificando la Ley Forestal No 29763. La nueva ley es un lobo con piel de oveja y abre la puerta a la ganadería intensiva, las plantaciones de monocultivos de palma aceitera y soja
genéticamente modificada, entre otros, las que son promovidas por las grandes empresas y organizaciones religiosas conservadoras como los menonitas.

La lucha por la justicia continúa

Organizaciones de pueblos amazónicos y defensores ambientales y de derechos humanos han realizado masivas movilizaciones nacionales contra la Ley 31973.

Bajo el lema “La selva no se vende, se defiende”, famoso lema que surgió en una de las primeras luchas indígenas contra el petróleo en 2009, conocidas como el Baguazo), los peruanos siguen luchando por la derogación de esta ley nociva que amenaza los ecosistemas de la Amazonía. Sin embargo, los congresistas que impulsaron la Ley 31973 no sólo hacen oídos sordos a las demandas del pueblo, sino que también pregonan los supuestos beneficios de esta ley en favor de las pequeñas y medianas actividades agrícolas ilegales.

Mientras los asesinatos de líderes indígenas y defensores de la Amazonía siguen impunes y son invisibles, ecosistemas enteros de nuestros bosques son talados y destruidos, las fuentes de agua están contaminadas y la biodiversidad es depredada, el Fondo Verde para el Clima de la ONU está desembolsando casi 200 millones de dólares para promover monocultivos de palma aceitera, cacao y caucho, y ganadería industrial insostenible en lugares como el Amazonas. Los gigantes de la agroindustria como la empresa procesadora de alimentos Marfrig de Brasil, que ha sido vinculada a la tala ilegal, el “lavado de ganado” y la deforestación extensiva para monocultivos de palma aceitera, son los principales beneficiados de estas políticas.

Las victorias legales como la exitosa lucha de las mujeres Kukama para defender el río Marañón son raras. Esto se debe a que las corporaciones transnacionales están empoderadas y protegidas por legislación como la Ley “Antiforestal” 31973 de Perú. De hecho, grupos poderosos que ejercen influencia en el actual gobierno de Perú ya están tratando de revocar el histórico fallo, argumentando que una visión antropocéntrica es una principio fundamental de la Constitución peruana, y que los derechos de la naturaleza carecen de valor.

A la luz de estos monumentales desafíos, los movimientos ecofeministas, ambientales y de justicia climática del mundo deben unirse; para que luchas de base como la de nuestras hermanas Kukama perduren y no se desvanezcan.

Juana Vera Delgado es investigadora y activista Peruana, actualmente trabaja como Asesora Principal sobre Género y Justicia Ambiental en la Coalición Mundial por los Bosques (GFC). También es fundadora de la organización ‘Water Justice and Gender’. Ella tiene más de 30 años de experiencia trabajando con ONG internacionales y locales, comunidades y organizaciones indígenas de base en temas sobre género y justicia intercultural, gobernanza del agua y justicia hídrica, justicia ambiental y climática, conservación y gobernanza de los bosques/biodiversidad, y la soberanía alimentaria.

Imagen: Río Marañón, Cliff Hellis, Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

(1) El Oleoducto Nor Peruano, que inició sus operaciones en el año 1977, atraviesa 1106 kilómetros en territorio amazónico, andino y costero, con un ducto principal que cuenta con 854 km desde San José de Saramuro hasta el terminal de Bayóvar, en Piura; y el Oleoducto Ramal Norte de 252 km que transporta el crudo del lote 192 (ex 1AB) desde Andoas.

(2) El actual gobierno, en ejercicio después del golpe congresal y encarcelamiento del presidente constitucional (Pedro Castillo) el 7 de diciembre del 2022, básicamente implementa la agenda de la extrema derecha peruana, respaldada por una alianza cívico-militar.