Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile defendió además la Ley Lafquenche, que ha sido catalogada por algunos sectores empresariales como entorpecedora del desarrollo y la inversión: "Efectivamente, la ley no está destinada a generar otros agentes económicos, está destinada a reconocer territorios marítimos indígenas", explicó Millaleo.
Para Millaleo, esta iniciativa del Ejecutivo se contrapone a la importancia cultural que asignan los pueblos indígenas a este elemento, y al estándar internacional de derechos en la materia, apuntando en ese sentido a que la tierras indígenas son “inalienables”.
¿Cuál es su visión sobre la “nueva política indígena” que viene anunciando -a través de los medios- el gobierno de Piñera?
SM: Lo primero que se debe precisar es que todavía no existe una nueva política indígena, mas allá de lo que se pudo percibir en el programa de Piñera durante su campaña presidencial y el establecimiento de una comisión que se encuentra preparando el Plan Impulso Araucanía, el cual va a tener recién un informe en el mes de agosto. El Presidente ha dilatado hasta esa fecha algunos compromisos más específicos que todavía no se sabe muy bien en qué van a consistir.
Por otro lado, hay muchas cosas que están pendientes. Algunos sectores han sugerido denunciar el Convenio 169 de la OIT y el Presidente no se pronunció, y tampoco fue muy claro en relación a si va a continuar o no con los proyectos que quedaron a punto de aprobarse en el gobierno anterior, como el Ministerio de Pueblos Indígenas o el Consejo de Pueblos Indígenas, por lo cual no se sabe mucho todavía al respecto de cómo va a hacer la política que se viene anunciando.
¿Cómo se pueden tomar los anuncios relacionados con la libertad que se quiere otorgar para la venta de tierras indígenas?
SM: Es algo que se ha mencionado, pero todavía no hay ningún documento donde eso esté instituido, pues para modificar aquello, hay que presentar un proyecto de ley que no han hecho. Desde luego, hay una preocupación en torno a debilitar el derecho a la tierra, que está en el convenio 169 de la OIT y en las declaraciones de los derechos de pueblos indígenas. Pero no sabemos qué tipo de cambio pretenden llevar a cabo, pues para concretarlo se tiene que hacer a través de un proyecto de ley.
¿Le parece un avance o un retroceso lo que hasta ahora se viene planteando por parte del gobierno en materia derecho de pueblos indígenas?
SM: Como medida es pobre, porque la situación de pobreza indígena no se resuelve vendiendo la tierra -que además es escasa-. El problema no es que los indígenas tengan mucha tierra, sino todo lo contrario, les falta tierra, porque la han perdido y esta no ha sido restituida. Me parece una medida bastante pobre, y en segundo lugar, puede tener consecuencias muy negativas, en el sentido que la gente se deshaga de sus cosas para obtener recursos para cuestiones de corto plazo, con lo que se pierde la perspectiva de cómo desarrollar a las comunidades indígenas.
El Estado, en lugar de tomar medidas más fuertes, cómo crear formas de crédito o formas de apoyo a la productividad de la tierra, o de apoyo al emprendimiento, plantea que los indígenas financien su propio desarrollo vendiendo sus tierras, lo cual creo que es una medida bastante limitada y peligrosa
¿Cómo se ve lo que está planteando el gobierno en materia de tierras relacionado al derecho internacional?
De partida, hay un problema sobre la operatividad que le ha dado el Estado a esta normativa y en ese aspecto la culpa no es de la ley, sino que del Ejecutivo que no emite los suficientes recursos para que la Conadi elabore los informes correspondientes para satisfacer la demanda de espacios costeros de los pueblos originarios. Creo que es fundamental mejorar ese aspecto, destinando más recursos para que ésta se implemente adecuadamente, en lugar de pensar en modificarla.
Segundo, efectivamente, la ley no está destinada a generar otros agentes económicos, es decir, la ley está destinada a reconocer territorios marítimos indígenas. Esto independientemente de que los indígenas lo pueden usar para recursos pesqueros o para usos culturales. Esta visión es incomprendida por algunos sectores, sobre cuál es el sentido de esta legislación, porque la Ley Lafkenche fue un reconocimiento en la línea del convenio 169 de la OIT y la declaración de derechos de los pueblos indígenas de reconocer territorios marítimos. Esto se contrapone a la visión de algunos sectores no indígenas que ven la tierra y el mar como recursos para usarlos y explotarlos económicamente, contrario a los pueblos indígenas que poseen otras lógicas que tienen que ser respetadas.