Una consulta indígena devolverá a campesinos de Oaxaca el derecho a usar el agua de sus pozos | Land Portal | Asegurando los Derechos a la Tierra a través de Datos Abiertos
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Un decreto de hace 50 años limita el uso de agua para actividades agrícolas. 16 comunidades llevan más de una década luchando por tener libre acceso a pozos y retenes que ellos mismos construyeron.

 

Hace 13 años, los campesinos indígenas de 16 comunidades de los Valles Centrales de Oaxaca decidieron construir obras de captación de lluvia. La escasez de agua en la región, provocada por la agricultura de tipo industrial, los estaba dejando sin medios para sobrevivir. Hoy sus retenes, hoyas y pozos de absorción suman más de 300. Con esa infraestructura propia han logrado recuperar el acuífero. Pero el marco regulatorio vigente les impide usar el agua con libertad para su principal actividad: la agricultura de subsistencia.

Desde septiembre de 1967 existe un decreto de veda para los Valles Centrales de Oaxaca, que impide el libre aprovechamiento de los pozos de la región si no se cuenta con un título de concesión expedido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Cada concesión permite sólo un cierto volumen de metros cúbicos para uso agrícola. Si se excede ese consumo, hay que pagar multas por hasta 24 mil pesos.

Las 16 comunidades se agruparon en la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y Defensa del Agua (COPUDA) e interpusieron un amparo para pedir la modificación del decreto. Para ellos contar con el líquido no es una cuestión de lucro sino de supervivencia. Un tribunal federal les concedió el derecho de que el Estado los consultara sobre el manejo y aprovechamiento del agua.

 

El proceso de consulta se prolongó. Llevaba más de cuatro años cuando se suspendió, en el último semestre de la administración anterior, “porque había discordancia entre la propuesta de la COPUDA y la respuesta del Gobierno”, explica en entrevista Hugo Aguilar Ortiz, encargado de la Coordinación de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Ahora el gobierno actual se ha comprometido a reactivarlo. “Si la propuesta avanza, en cinco meses se podría concluir”, afirma Aguilar Ortiz.

El proceso de consulta tiene cinco fases, de las cuales tres se desahogaron en la anterior administración: acuerdos previos, informativa y deliberativa. Las que faltan por concluir son consulta, y de seguimiento y verificación.

“Las tres primeras etapas avanzaron porque fueron más acuerdos y reuniones entre las comunidades. Hubo apoyo de varias organizaciones para realizarlas y hasta del gobierno estatal. Cuando llegó la fase en la que la administración federal ya debía participar activamente, las reuniones fracasaron porque las autoridades llegaban con pilas de documentos que no tenían nada que ver con la propuesta de la COPUDA (elaborada en las fases anteriores)”, explica Rodrigo Galindo, gerente de Programas de Oxfam México, organización que acompaña a las comunidades de los Valles Centrales.

El investigador dice que ahora ven buena voluntad de las nuevas autoridades. “Se está retomando un modelo de gestión que podría establecer un precedente normativo”.

Veda de agua para los campesinos 

En 2005 empezó en los Valles Centrales de Oaxaca una fuerte sequía que se prologó por tres años. La causa principal de eso, señala Galindo, fue la disecasión de las ciénagas por la ampliación de la frontera agrícola industrial.

Los campesinos hicieron entonces un arenero, un pozo de dos anillos de 90 centímetros hecho con concreto, arena y grava, que funciona a manera de filtro donde se quedan los residuos del agua de lluvia mientras que ésta pasa por un tubo conectado a un pozo de absorción. Luego planearon las hoyas y finalmente los retenes, con los que recolectan el agua para poder realizar su trabajo diario: el de la agricultura. Pero pronto descubrieron que no podrían usar su agua con libertad.

El entonces presidente Gustavo Diaz Ordaz emitió, en 1967, un decreto que afecta a los campesinos de Etla, Tlacolula, Zimatlán y Ocotlán. Las 16 comunidades, que se agruparon para iniciar la lucha por la defensa del líquido, se quejaron de que los metros cúbicos permitidos en cada concesión no alcanzaba para mantener las siembras, lo que estaba generando escasez de trabajo y migración en la zona.

Lo que propuso la organización es tener un derecho preferente de libre acceso al agua, como pueblos originarios, toda vez que la Conagua no la distribuía equitativamente para todos. “Aquí vemos a muchas embotelladoras que llegan a la comunidad y que están vendiendo el agua y a nosotros nos la restringen”. Por eso solicitaron el uso preferente.

Desde 2009, la COPUDA inició un proceso legal contra la restricción. Acompañados por el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto interpusieron diversos recursos legales. El 8 de abril de 2013, la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa emitió una resolución que ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizar una consulta indígena en las 16 comunidades para la posible modificación de la veda.

El domingo pasado, el director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes; la subsecretaria de Planeación y Política Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Katya Puga Cornejo, y el Gerente de Aguas Subterráneas de la Subdirección Técnica de la Conagua visitaron la región y se comprometieron a reanudar el proceso de consulta.

En la reunión se presentó la hoja de ruta que se seguirá para alcanzar los consensos necesarios que permitan resolver la problemática del uso y disfrute del agua del subsuelo, así como la sanidad del acuífero. Se informó que para la solución integral se perfila un acuerdo de administración conjunta entre el Estado y las comunidades zapotecas, mismo que contemple la corresponsabilidad en su cuidado y saneamiento, reconociendo los trabajos de siembra de agua de la COPUDA.

Se analizará también la disponibilidad de agua y un nuevo decreto para la región de Valles Centrales de Oaxaca, que considere el derecho de las comunidades de establecer su propia reglamentación comunitaria para el uso y aprovechamiento del agua.

La subsecretaria Puga Cornejo transmitió la disposición de la Secretaría para acompañar el proceso, dialogar y tomar decisiones conjuntas en diversos proyectos de reforestación y cuidado del medio ambiente. Añadió que el nuevo decreto deberá surgir del consenso de las comunidades.

Por su parte Ángel Ruiz Méndez, presidente del Consejo Directivo de la COPUDA, y otros integrantes, expresaron su esperanza de que se solucione el problema que han planteado desde hace años, máxime cuando sus comunidades tienen amplia experiencia en el uso y aprovechamiento del agua. “Nosotros no estamos comenzando a vivir, no estamos en el año cero, durante siglos hemos convivido con nuestro acuífero, sabemos cuidarlo y mantenerlo sano”, indicó Ruiz Méndez.

Durante la reunión se acordó desahogar las mesas de diálogo en los próximos días y convocar a la fase final del proceso de consulta en la que, previo consenso de las partes, se suscribirán los acuerdos correspondientes. 

Esta publicación fue posible gracias al apoyo de Fundación Kellogg.

El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, entregó el primer informe sobre la Misión de Verificación que hace ese organismo a la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, instó este domingo 13 de enero al gobierno de Iván Duque a responder con urgencia ante el incremento de asesinatos de líderes sociales. El politólogo italiano se refirió en esta capital a la grave escalada de crímenes contra defensores de los derechos humanos y reclamantes de tierra en regiones como el departamento del Cauca, suroeste colombiano. En los pocos días de 2019 hay muchos muertos y la mayoría en la región del Cauca, subrayó el representante de Naciones Unidas en alusión a los siete líderes asesinados en la primera semana del año. Brunori aplaudió la reunión del Gobierno el pasado viernes en la que se evaluó el Plan de Acción Oportuna, estrategia lanzada para contrarrestar la violencia social en Colombia. Sin embargo, consideró que deben acelerarse las medidas para garantizar un sistema de protección efectiva a los líderes sociales. Según la Defensoría del Pueblo, desde la firma del Acuerdo de Paz, hace dos años, han sido asesinados 358 colombianos por su posición política o estar vinculados a tareas de reivindicación social. Organizaciones de derechos humanos estiman que esa cifra es incluso superior y rebasa las 400 víctimas, cerca de un centenar de ellas excombatientes de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. La víspera, además, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, reconoció por primera vez que hay un patrón de sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales en Colombia

Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/mundo/8/onu-asesinatos-colombia-lideressociales
Si va a hacer uso de la misma, por favor, cite nuestra fuente y coloque un enlace hacia la nota original. www.eltelegrafo.com.ec

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