Dicen que les montaron torres a cambio de sumas irrisorias. ISA responde que se paga lo debido.
“Estamos en la torre 25 y, como se puede ver, aquí está la madera y todo el desastre que nos han hecho con la torre (…). Tengo aquí más de 56 árboles mochados y dejaron esto como una tumba grande. Nos han maltratado hasta poniéndonos a la Policía y al Ejército en contra de nosotros”.
Con nombre propio, número de cédula y con gallinas de fondo, un puñado de campesinos de Amalfi, Antioquia, han venido grabando videos en los que aseguran que la empresa ISA Intercolombia ha instalado torres eléctricas y tendido cables en sus parcelas, a cambio de sumas irrisorias y afectando sus cultivos y calidad de vida.
Antes de la pandemia, un grupo de labriegos intentó impedir la instalación de la torre 5, en un episodio que terminó con presencia de la policía.
El tramo de la discordia hace parte de la línea de transmisión que integrará al sistema la energía generada desde Hidroituango. Y si bien las diferencias con los campesinos de Amalfi, que dicen ser cerca de 400 afectados, no han detenido el proyecto, sí se convirtieron en un nudo jurídico que involucra a 14 veredas en donde viven los labriegos de los videos.
“En esta alcaldía hemos acompañado a la gente de las zonas rurales, que es la afectada con todo este problema, para que sea escuchada por la empresa para que les den soluciones de fondo. Son unos 45 predios, y en varios de ellos ya han instalado torres casi que a la brava”, les dijo a reporteros de EL TIEMPO el alcalde de Amalfi, Federico Gil Jaramillo.
El detonante de este caso es que, para el grupo de labriegos, sus parcelas han sido calificadas como rastrojos en zona de orden público, lo que hace que los avalúos sean bajos y por ende las compensaciones. Además, alegan que nunca vieron la inspección judicial que se ordenó para echar a andar la instalación de las redes y torres, y que en papeles aparece como si se hubiera adelantado el mismo día y a la misma hora en todas las fincas.
Según voceros autorizados de ISA Intercolombia, filial de ISA, ellos pagaron helicóptero para que el juez hiciera la inspección judicial –tal como lo permite el Código General del Proceso–, a fin de que las obras continuaran mientras el caso se resuelve en los tribunales.
Además, aseguraron que del total de servidumbres que negociaron a lo largo de 700 kilómetros y tres departamentos (Antioquia, Córdoba y Santander), cerca de un 85 por ciento se negociaron sin problema y tan solo hay oposición en Amalfi y de otros casos puntuales.
Hay 52 casos abiertos
Al no llegar a acuerdos con los labriegos, contrataron a la empresa IGGA, del abogado Juan Felipe Rendón, para instaurar demandas contra los labriegos: la empresa pide la imposición de servidumbres, bajo el argumento de que es un proyecto que se considera de interés general y público.
“Propusimos varios trazados por donde podía ir la red, pero la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) eligió el de menor impacto social, biótico y físico. Además, los avalúos para establecer el pago de derecho de paso lo hizo Valorar S. A. Todo está apegado a las normas y a la ley 56 (expedida hace 39 años), que regula las expropiaciones y servidumbres”, señalaron voceros de la empresa.
Para ISA Intercolombia, se hicieron avalúos objetivos y se pagó lo debido. “Cuando se califican los predios como rastrojo no es despectivo. Se trata de bosques en estado de conformación y, desafortunadamente, Amalfi tienen zonas de difícil orden público”, le explicaron a EL TIEMPO los voceros de ISA.
Para ISA Intercolombia, se hicieron avalúos objetivos y se pagó lo debido.
“Cuando se califican los predios como rastrojo no es despectivo. Se trata de bosques en estado de conformación y, desafortunadamente, Amalfi tienen zonas de difícil orden público”, le explicaron a EL TIEMPO los voceros de ISA.
Pero para los campesinos no es justo recibir –por dar solo un ejemplo– 60.100 pesos por la afectación de 802 metros cuadrados de una parcela que va a tener para siempre una torre o un tendido de cables.
Por eso, les dieron poder a la abogada Lina María Gutiérrez y al bufete Ortiz Gutiérrez & Abogados Asociados, para que defiendan sus intereses.
Fallo a favor
“Son sumas pírricas. En uno de los expedientes, que está en el Juzgado 10 Civil Municipal de Medellín, consta que ISA le consignó a un campesino cerca de 70.000 pesos por el uso de su tierra, ubicada a 13 minutos del aeropuerto del municipio y que tiene de vecinos a diputados, exministros y extranjeros dueños de pineras”, explicó la abogada Gutiérrez.
Y dijo que el abogado Rendón, coadyuvado por ISA, la denunció ante la Judicatura por interponer tutelas masivas a favor de los campesinos, que resultaron improcedentes.
No obstante, el 6 de agosto pasado, la defensa de los campesinos logró que el Tribunal Administrativo de Antioquia reviviera otro pleito, también por servidumbres, que para ellos podría sentar un precedente judicial en este caso.
En efecto, en agosto de 2019, habían instaurado una acción de grupo para que una generadora de energía reparara los supuestos perjuicios causados por decenas de contratos de servidumbre, un caso en el que también aparece el abogado Rendón. Pero el juez 33 administrativo oral de Medellín inadmitió la acción.
Sin embargo, el magistrado Jorge Arango acaba de ordenar que se revoque esa decisión y se estudie de nuevo el recurso, al considerar que el juez que la negó terminó haciendo un pronunciamiento de fondo cuando solo tenía que estudiar la viabilidad de la demanda.
Al respecto, los voceros de ISA Intercolombia advirtieron que desconocen el caso, que la presencia del abogado Rendón es una coincidencia y que una cosa es la afectación por una generadora de energía y otra, por una red eléctrica.
Por ahora, los 52 procesos avanzan en los juzgados en diferentes etapas: la probatoria, los peritazgos y los alegatos de conclusiones.
Al respecto, voceros de la empresa manifestaron que dentro del respeto a los derechos humanos, el Estado de derecho y la ley, están abiertos a conciliar en cualquier etapa del proceso e incluso a realizar un pago adicional, siempre y cuanto esté dentro de los topes legales: “ISA maneja dineros públicos, así que eso lo pagan todos los colombianos”.
Y agregaron –incluido su gerente, Alejandro Camargo– que en los últimos años han invertido más de mil millones de pesos en programas de responsabilidad social en la zona.
Finalmente, manifestaron que están haciendo compensación ambiental –reforestación– no solo en los predios intervenidos, sino en otras zonas del municipio. Y que los campesinos pueden usar para ganadería y siembra el área afectada incluso debajo de las torres.