Futuro de los indígenas en Brasil pendiente de fallo constitucional.

RÍO DE JANEIRO – El Supremo Tribunal Federal (STF) “tiene en sus manos la oportunidad de corregir un error histórico y, finalmente, garantir la justicia que la Constitución determinó que se hiciese a los pueblos originarios” de Brasil.

Así dice la carta abierta firmada por más de 164 000 personas y encabezada por juristas e intelectuales que reclaman al STF un rechazo definitivo a la tesis del “marco temporal”, una interpretación con la que se está negando derechos garantizados a los indígenas por la Constitución brasileña de 1988.

Se refiere al juicio iniciado en junio, interrumpido por tres veces y que debe reanudarse el 1 de septiembre, que fallará sobre una regla básica de la demarcación de las tierras indígenas, paralizada hace por lo menos cuatro años por discrepancias en la interpretación de la Constitución.

A los indígenas la ley fundamental le reconoce “los derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente ocupan” y que le toca al Estado demarcar y proteger. Son tierras en que viven “en carácter permanente”, que quedan “inalienables e indisponibles, con derechos imprescriptibles” y “usufructo exclusivo de las riquezas del suelo, de los ríos y lagos”.

Para rescatar todo eso, el STF tendrá que confrontar al gobierno actual de extrema derecha, agresivamente opuesto a los derechos indígenas, y a los intereses rurales dominantes que contaminan muchos gobiernos locales.

Para estos últimos, el derecho solo se concreta si el grupo indígena comprueba que tenían la posesión de la tierra el 5 de octubre de 1988, la fecha en que se promulgó la Constitución, tres años después del fin de la dictadura militar (1964-1985).

Es el “marco temporal”, amparado en pareceres de la Abogacía General de la Unión, órgano de defensa del gobierno, en 2012 y 2017.

Esa tesis “no tiene ningún respaldo en el texto de la Constitución. Es una construcción espuria, volcada a legitimar todas las formas de expropiación (de tierras indígenas) ocurrida a lo largo de la historia”, sostuvo el jurista Oscar Vilhena, director de la Escuela de Derecho de la Fundación Getulio Vargas, en São Paulo.

El juicio será “la decisión más importante en el campo de los derechos de los pueblos originarios” y “creo que el Supremo los asegurará”, afirmó el constitucionalista a IPS desde São Paulo.

Es lo que esperan los cerca de 6000 indígenas, provenientes de todo el Brasil, que estuvieron de 22 a 28 de agosto en el Campamento de Lucha por la Vida, instalado cerca de la sede del STF en Brasilia, a fin de reclamar sus derechos y en protesta contra lo que consideran manipulación de la Constitución.

Los efectos del fallo serán dramáticos.

Legitimar el “marco temporal” puede poner fin al renacimiento indígena que ocurre en Brasil desde los años 80 y se intensificó por la Constitución. La población indígena triplicó entre el censo nacional de 1991, el primero en contemplarla población originaria, y el de 2010 que registró 896 900 personas.

Cualquiera sea la decisión, los conflictos por la tierra tenderán a multiplicarse en este país de 214 millones de personas y dimensiones continentales.

Si se sepulta la tesis enarbolada por el gobierno y los “ruralistas”, los representantes políticos de los intereses de los hacendados, se estimulará la lucha de los indígenas, que no solo fueron privados de nuevas demarcaciones últimamente, como perdieron tierras antes demarcadas.

“Hay casos de indígenas ya en tierras demarcadas cuyos procesos fueron anulados por la Justicia”, bajo el argumento del marco temporal, lamentó Juliana de Paula Batista, abogada del Instituto Socioambiental (ISA), organización no gubernamental que además de muy activa en temas ambientales, acumula un gran caudal de datos sobre los indígenas.

Varias demarcaciones de más de dos o tres décadas atrás fueron judicialmente anuladas bajo esa alegación. “Una de ellas en el norte del estado de Mato Grosso era tierra de los indígenas de los pueblos kaiabi, apiaká y muduruku, demarcada en 1987”, ejemplificó a IPS desde Brasilia.

En el vecino estado de Mato Grosso do Sul, son varios casos. En abril de 2019 un juez de Ponta Porã, en la frontera con Paraguay, anuló la demarcación del área Arroyo-Corá, hecha 20 años antes en favor de los indígenas guaraníes.

Pero también el mismo STF, por su segunda de sus tres secciones de cinco jueces,  también empleó el “marco temporal” para invalidar por lo menos dos tierras indígenas también en Mato Grosso do Sul en 2014. Una del pueblo guaraní kaiowá y otra de los terena.

Durante el actual gobierno de Jair Bolsonaro, iniciado en enero de 2019, decenas de procesos se paralizaron antes de sus etapas finales bajo pretexto de ajustarlos a las nuevas reglas.

La única demarcación hecha en 2018 por el gobierno anterior, del presidente Michel Temer, del pueblo guató, en el Pantanal fronterizo con Bolivia, también se suspendió al año siguiente. Los indígenas no podrían comprobar que estaban en su tierra en 1988, ya que vivían dispersos, después de haber sido expulsados, y eran incluso considerados extintos.

Si resulta ratificado por el STF, el “marco temporal” bloquearía el trámite de las 238 tierras indígenas en proceso de identificación o ya reconocidas pero aún no “homologadas”, según los datos de ISA, y abriría paso a intentos de anulación de gran parte de las 487 ya plenamente demarcadas.

Proliferarían las disputas judiciales y la violencia que frecuentemente es usada por terratenientes para desalojar indígenas que ocupan su supuesta propiedad. En 2019 el Consejo Indigenista Misionero (Cimi) registró 113 indígenas asesinados y 276 casos de agresiones, amenazas de muerte, racismo y otros delitos.

La violencia puede partir del gobierno. Sin el “marco temporal”, acaba el agronegocio por no disponer de las tierras que serían destinadas a los indígenas, exageró Bolsonaro, cuyos ataques frontales a jueces del STF elevaron la tensión política en los últimos meses.

El mandatario convocó para el 7 de septiembre, Día de la Patria en Brasil, manifestaciones callejeras de sus adeptos que muchas veces proponen el cierre del STF, considerado un obstáculo a las acciones de su gobierno.

En supremo tribunal brasileño se llevan a cabo cinco investigaciones sobre supuestas irregularidades y delitos del presidente y de su gobierno.

Bolsonaro ya nombró en 2020 uno de los 11 jueces del STF, Kassio Nunes Marques, cuyos votos en buena parte coinciden con sus intereses. Otro juez indicado por el presidente en julio, para sustituir a un jubilado, debe ser evaluado por el Senado que retarda la decisión requerida, a causa de la tensión política.

Pese a los términos constitucionales, la abogada del ISA no está segura de lo que resultará del juicio. “Solo sabremos al final, es inestable la jurisprudencia del caso”, el mismo STF ya justificó sus medidas contra demarcaciones de tierras con el “marco temporal”, explicó.

Ese criterio nació de un fallo del propio STF al aprobar, en 2009, la demarcación de la tierra indígena Raposa Serra do Sol, un área de 1,7 millones de hectáreas en el estado de Roraima, con 21 000 habitantes de cinco etnias.

Esa ratificación contaba con la explicita resistencia de los militares por ubicarse en la frontera con Venezuela y Guyana y de agricultores que ocupan buena parte del territorio.

Demarcar esa inmensa área sin fragmentación fue un triunfo indigenista, pero el STF impuso 19 condiciones, como la extensión limitada exactamente al marco temporal, libre acceso al Ejército y un veto a la ampliación del área.

El mismo STF dictó posteriormente que ese fallo solo es válido para Raposa Serra do Sol, pero jueces de primera instancia y el mismo gobierno aprovecharon el sendero.

La Suprema Corte decidió cerrar la controversia dándole alcance general al caso que intenta juzgar desde junio.

El área Ibirama La-Klãnõ, demarcada en 1965 con 14 000 hectáreas, que la Fundación Nacional del Indígena(Funai) amplió a 37 000 hectáreas en 1999, en el meridional estado de Santa Catarina, fue impugnada por los tribunales locales por incumplir el marco temporal.

La Funai, responsable de la política indigenista oficial, recurrió entonces al STF, cuyo fallo establecerá reglas para todo el país en este crucial derecho de los indígenas brasileños.