El Congreso tiene en agenda una autógrafa de ley que pretende modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre con el fin de eliminar requisitos que protegen la integridad de los bosques amazónicos y otorgar más competencias al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) sobre el Ministerio de Ambiente (Minam). Este último sector es actualmente quien establece los bosques de producción permanente y los usos en el suelo de ecosistemas frágiles como la Amazonía.

La iniciativa legislativa plantea que no se exija el requisito de zonificación forestal a las personas que con título o constancia de posesión quieran cambiar el uso de suelo.

Julio César Guzmán Mendoza, procurador del Ministerio del Ambiente (Minam), señaló a OjoPúblico que lo que hará esta propuesta es convalidar los actos de deforestación. Explicó que al Minam le preocupa que en adelante cualquiera que tenga un certificado de posesión donde exista bosque lo vaya a tumbar, y luego se justifique en que la ley se lo permite.

Sin embargo, para el procurador, la norma tendría un alcance perjudicial mayor, debido a que podría ser usado como medio de prueba en un proceso penal por deforestación. Según explicó, el proyecto del Congreso resultaría favorable a los denunciados por deforestación, como los grupos menonitas o las empresas de monocultivos que actualmente están involucradas en investigaciones por deforestación.

¿A quiénes escuchó el Congreso y con quiénes se reunión mientras se discutía este tema que ahora ya está agendado en el plenos? Un análisis realizado por OjoPúblico identifica visitas a grupo de congresistas, o sus asesores, con diversos sectores al que esta iniciativa legislativa beneficia: agroindustriales, organización menonita (acusada de deforestación) y algunos colectivos cafetaleros. 

La comisión agraria ha enviado la autógrafa de ley al pleno y está en agenda para su debate.

Las visitas

En los días que se discutía el tema –julio del 2022– el congresista Ilich Fredy López Ureña, de Acción Popular, y miembro titular, por entonces, de la Comisión Agraria se reunió con Salvith Ojanama López, de la Coordinadora por el Desarrollo de Loreto, y con Ricardo Javier Custodio More, exjuez del Juzgado Mixto de Datem del Marañón de la Corte Superior de Justicia de Loreto, quien fue destituido de su cargo en noviembre de 2021 por irregularidades en el trámite de procesos de amparo que no eran de su competencia territorial.

La Coordinadora por el Desarrollo de Loreto es una organización que se ha opuesto a la ratificación del Acuerdo de Escazú y niega la existencia de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (Piaci) en Loreto, por lo que rechaza la creación de reservas protegidas para estos. Ojanama López está afiliada a Fuerza Popular desde el 2010.

También en esas fechas, Beliceño Klassen Jacob y Raúl Lunasco Cabezas, quienes se registraron como integrantes de la colonia menonita, tuvieron se reunieron con Elvis García Torreblanca, asesor de la Comisión Agraria. Más tarde, en agosto, Isaac Zacharias Klassen, conocido lider menonita, se reunió por casi dos horas con José Alfredo Amaya Sosa, técnico del despacho del congresista Miguel Ángel Ciccia, de Renovación Popular, y miembro de la Comisión Agraria. También estuvo presente el exjuez Ricardo Javier Custodio More.

Zacharias Klassen es representante legal de la Asociación colonia menonita cristiana agropecuaria Masisea, en Ucayali, la cual es investigada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) por deforestar bosque primario. Según esta fiscalía, unas 2.000 hectáreas que ocupa el pueblo menonita en Ucayali fueron obtenidas de manera irregular, a la vez que una parte de dicha área se ubica sobre territorio de dos comunidades indígenas del pueblo Shipibo-Konibo: Caimito y Buenos Aires.

En la reunión del 17 de agosto también estuvo Medelú Saldaña Tuesta, quien se presenta en los medios como representante de los menonitas. Hace algunos años se desempeñó como subprefecto del distrito de Sarayacu, en la provincia de Ucayali, región Loreto.
 
Una investigación investigación de OjoPúblico del 2021 señaló cómo los menonitas talan el bosque para cultivar soya y arroz. En diciembre de 2020, el Gobierno Regional de Ucayali sancionó con 2.648 UIT (más de 11 millones de soles) a la asociación por haber cambiado el uso de la tierra sin autorización.

Sin embargo, sobre las visitas al Congreso, hay una reunión en la que coinciden algunos de los personajes expuestos. El 9 de noviembre, Nathali Flor Rubio Yllatopa, auxiliar de la congresista Rosio Torres Salinas, congresista por Loreto del Partido Alianza para el Progreso, se reunió con Salvith Ojanama López, Isaac Zacharias Klassen, y otros sujetos de nombres Peter Dyck, Peter Hans Dyck, Bernhard Friesen Neufeld y Abraham Neufeld Friesen.

Peter Dyck es jefe de Providencia, una colonia menonita ubicada en el centro poblado de Tierra Blanca, en el distrito loretano de Sarayacu. Este afronta, junto a otros dos miembros menonitas, un proceso judicial por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en agravio del Estado. En el caso de Abraham Neufeld, este es jefe de Wanderland, otra colonia menonita ubicada en Tierra Blanca. En esta reunión también estuvo el exjuez Ricardo Javier Custodio More.

Los congresistas de APP presentaron uno de los proyectos que conforman la autógrafa de ley que busca modificar la Ley Forestal. En enero de este año, Eduardo Salhuana Cavides, congresista de dicho partido elegido por la región Madre de Dios, presentó un nuevo proyecto (Proyecto de Ley 3912/2022-CR) para modificar la Ley Forestal y que, entre otras medidas, le resta funciones al Minam y busca que la zonificación forestal sea aprobada mediante una ordenanza regional, con la asistencia técnica del Serfor.

La reunión del 9 de noviembre del 2022, que juntó a varios actores, se dio solo dos semanas antes de que la Junta de Portavoces del Congreso decidiera exonerar a la autógrafa del dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas.

El 11 de noviembre, Ojanama López se reunió con Liliana Asencios Claros, auxiliar de la Comisión Agraria. Con ella estaba el exjuez Ricardo Javier Custodio More. Ambos se reunieron después, por un tiempo breve, con José Augusto Cabanillas Chávez, asesor principal del congresista Jorge Morante Figari.

Morante es autor de un proyecto de ley que pone en riesgo a los pueblos en aislamiento voluntario.

Reuniones con agricultores

En el análisis de visitas del Congreso, se halló que la congresista Elizabeth Medina Hermosilla, miembro de la Comisión Agraria y quien presentó el primer proyecto que busca modificar la Ley Forestal, tuvo reuniones —una en setiembre y otra en noviembre— con Werner Angulo Wong, quien se registró como representante de la organización agraria Conveagro Ucayali; vale señalar que esta no tienen vínculo con la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), según informó una representante de esta última en Lima.

Según informó Angulo Wong a OjoPúblico, en la región Ucayali el apoyo de los pequeños agricultores a la modificación de la Ley Forestal es total, y que su aprobación permitirá formalizar a agricultores que ya están desarrollando agricultura desde hace muchos años y a los cuales les perjudica —dijo— hacer la Clasificación de tierras por capacidad de uso mayor.  “Si sale que mi parcela está en un bosque de protección permanente, cierran mis operaciones y me quedo con los brazos cruzados”, aseveró.

El dirigente precisó que en las reuniones con la congresista Medina participaron delegaciones de regiones como Amazonas, Loreto, Pasco y San Martín.

Uno de los representantes del sector agrario que ha tenido varias reuniones con congresistas o sus asesores es José Félix Marín Ludeña, de la Asociación de cafetaleros de Chanchamayo.

El 14 de setiembre, Marín Ludeña se reunió con Nilza Chacón Trujillo, congresista de Fuerza Popular y actual presidenta de la Comisión Agraria. Luego, el 12 de octubre, se reunió con Liliana Asencios Claros, auxiliar de la misma comisión. Ese día tuvo lugar una de las sesiones organizadas por la Comisión para pedir opiniones sobre la autógrafa observada por el Ejecutivo.

Marín Ludeña se reunió el mismo día con la parlamentaria Elizabeth Medina. El 24 de noviembre, se juntó por más de siete horas con Roberto Carlos Llanto Pardave, técnico del despacho de la congresista Medina Hermosilla. Días después, el 28 de noviembre, se reunió por casi una hora con Carlos Villón Pérez, asesor II de la congresista Silvia Monteza Facho, quien en junio del 2022 pidió que se incluyera la disposición complementaria a los dos primeros proyectos que buscaban modificar la Ley Forestal.

Puertas giratorias

Mientras que por un lado organizaciones agrarias, líderes menonitas y otros actores se reunían con congresistas, o sus asesores, Juan Manuel Benites Ramos, exministro de Agricultura del gobierno del expresidente Ollanta Humala, hacía lo propio. El 17 de agosto, Benites y otras tres personas se reunieron por una hora con la congresista Nilza Chacón Trujillo, quien dos días después asumiría como presidenta de la Comisión Agraria.

Benites es hoy presidente del Instituto Crecer, que tiene como asociados al Grupo Palmas —que forma parte del Grupo Romero— con operaciones en el sembrío de palma aceitera en Loreto, San Martín y Ucayali.

Las otras personas que participaron en la reunión fueron Gabriela Gutiérrez Hemala, miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Calidad (Inacal), adscrito al Ministerio de la Producción; Marco Vinelli Ruiz, exdirector ejecutivo de AgroRural, y Martínez Cabezas Pizarro, representante cafetalero de Pichanaqui.

Según informó Chacón Trujillo a OjoPúblico, en la citada reunión se trataron diversos temas, entre ellos “el interés de impulsar el sector cafetalero, la implementación de la Ley de alivio financiero para el sector agrario, y en efecto el tema forestal.”

Más tarde, el 21 de setiembre, Benites Ramos visitó la Comisión Agraria en su calidad de presidente del Instituto Crecer para participar de una de las sesiones que organizó la comisión para recoger la opinión de diferentes sectores sobre la modificación de la Ley Forestal.

Benites también es director de Proyecta Consultoría, una empresa dedicada a la consultoría en temas económicos, gestión de proyectos, asesoría legal, gestión pública, agronegocios, entre otros. Es conocida su posición a favor de entregar títulos de propiedad a los agricultores migrantes de la sierra que se ubican en la Amazonía. Promueve la palma aceitera y otros cultivos con capacidad de transformación agroindustrial.

Representaciones ausentes

En las sesiones que organizó la Comisión Agraria para pedir opiniones sobre los proyectos contenidos en la autógrafa, aparece el nombre de Comunidad Nativa Yanesha. Sin embargo, el dictamen de la norma que recoge información de las sesiones, no ofrece información sobre lo expuesto por dicha comunidad.

Sin embargo, una de las grandes ausentes fue la organización nacional indígena amazónica Aidesep. La Comisión Agraria nunca pidió su opinión técnica, explica Rocío Trujillo, abogada de la organización, quien argumenta además que el proyecto debió ser consultado a los representantes indígenas en el marco del Convenio 169. Acotó además que el reglamento de la Ley Forestal pasó por un largo proceso de consulta previa, y que si se busca modificar la ley corresponde que también pase por consulta.

Por su parte, la Comisión de Pueblos del Congreso informó a OjoPúblico que a fines del año pasado se reunieron con ocho organizaciones indígenas, entre ellas la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) y otras organizaciones locales, de manera virtual y luego de manera presencial, para pedir su opinión sobre la posible modificación de la Ley Forestal. Las organizaciones indígenas pidieron que se archive el proyecto. La comisión también se reunió con organizaciones de agricultores, las cuales se manifestaron a favor de la norma.

“Hay que estar atentos porque hay muchos intereses detrás de esta ley”, dice César Ipenza, abogado especialista en Derecho ambiental. Sobre el nuevo proyecto presentado por el congresista Eduardo Salhuana para modificar la Ley Forestal, sostiene que este se parece mucho al primero, “lo que busca es quitarle todas las competencias al gobierno nacional y pasarlas a los gobiernos regionales”, asegura.

Explica además que hay pruebas de que esta fórmula no tiene buenos resultados. Y cita los casos de regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, “donde quienes debieran custodiar el patrimonio forestal de todos nosotros, han sido los principales promotores de actividades ilícitas y situaciones de corrupción”.

Lo que preocupa de la norma

En cuanto a los artículos que la autógrafa busca modificar, uno de los puntos que genera preocupación es lo referido a las funciones del Minam. “Si el Ministerio de Agricultura va a tener la capacidad de establecer los bosques, su mirada no va a ser la de aprovechamiento de los bosques, sino de sacar el bosque para generar actividad agrícola”, advirtió Julio César Guzmán Mendoza, procurador del Minam.

Sobre la disposición complementaria final que genera las mayores críticas y que representaría una amenaza para la biodiversidad y para los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonía, Julia Urrunaga, directora en Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA), sostiene que al analizar la norma se nota que los beneficiados son los grandes proyectos agroindustriales.

Señala que varias de estas empresas se han instalado de modo ilegal en la Amazonía y que con las normas vigentes es imposible que puedan legalizarse, aunque sorprendentemente sigan produciendo. “Estas empresas nunca van a tener certificación ambiental porque para eso debieron hacer un estudio que les autorizara a remover el bosque antes de entrar”, explicó a OjoPúblico.

En septiembre pasado, en el marco de las sesiones de la Comisión Agraria para pedir opinión sobre la autógrafa, se recogió la opinión del Ministerio del Ambiente y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Midagri.

Sobre la disposición complementaria que propone que no se exija a los predios con título o constancia de posesión, el requisito de zonificación forestal para el cambio de uso de suelo, la entidad señaló que cuando el cambio de uso ocurre sin conocer la capacidad de uso mayor del suelo se genera procesos de deforestación y degradación del bosque, con pérdida de los servicios ecosistémicos que benefician a la población en general.

Sobre la misma disposición, el Serfor se pronunció en la misma línea al reconocer que esta permitiría que los agricultores sean autorizados por ley para deforestar toda la propiedad sobre la cual desarrollan sus actividades sin pedir autorización o contar con los permisos que requiere el marco normativo vigente. Eso, agregaron, atentaría con el patrimonio forestal.

OjoPúblico se comunicó con los despachos de los congresistas Miguel Ángel Ciccia y Rosio Torres Salinas, mencionados en este informe. Se les envió un cuestionario para conocer la naturaleza de sus reuniones, pero hasta el cierre ninguno respondió.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización indígena amazónica más grande del país, advirtió que la norma propuesta impulsará “nuevas olas migratorias” en la selva, que terminarán en invasiones, tráfico de tierras, actividades ilícitas y más amenazas y muertes de líderes y lideresas indígenas que defienden sus territorios.

 

 

 

Publicado en la pag: Ojo Publico