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La presente Ley declara de interés nacional la protección y el apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, así como su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando al mismo tiempo sus propios valores y modalidades. A tal fin deberán implementarse planes que permitan el acceso de las comunidades indígenas a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal. En base al artículo 2º, las comunidades indígenas podrán adquirir personería jurídica mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas actuará como organismo de aplicación de la presente Ley. El artículo 7º dispone la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas debidamente inscriptas de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal. La adjudicación de tierras deberá efectuarse a título gratuito.
