La Estrategia Nacional: Gobernanza Territorial Incluyente y Sostenible para la Seguridad Alimentaria en Guatemala, es el resultado de un proceso de consulta y debate en torno a la problemática agraria, el desarrollo rural, la seguridad y soberanía alimentaria en nuestro país. Esfuerzos similares se están produciendo en otras regiones y países, como expresión de la preocupación y la movilización mundial ante el acaparamiento de tierras y bienes de la naturaleza por parte de grandes empresas.

Las organizaciones promotoras de la presente estrategia, integrantes de la Coalición Inteernacional de la Tierra en Guatemala (ILC) estamos convencidas de que la necesidad de retomar el abordaje de la problemática agraria y el desarrollo rural desde una perspectiva incluyente y democrática es hoy tan urgente como en 1996; cuando privaba la expectativa generada por la firma de los Acuerdos de Paz, en los que el Acuerdo Socioeconómico y Situación Agraria ponía al centro de las transformaciones históricas postergadas el acceso, restitución y reconocimiento de los derechos con relación a la tierra para la población campesina, como condición para el despegue del desarrollo rural y nacional y por qué no decirlo, también de la reconciliación y la sostenibilidad de la paz.

La Estrategia Nacional no pretende constituirse en una plataforma política, pero sí en un instrumento para concertar acciones que en el corto, mediano y largo plazo contribuyan a generar una situación favorable para las transformaciones que en el agro y el campo guatemalteco demanda el movimiento campesino, las organizaciones sociales y los pueblos indígenas.

Múltiples y prolongados han sido los esfuerzos para institucionalizar la política de desarrollo rural y la ley correspondiente, respetando los contenidos sustantivos propuestos por la sociedad civil desde diversos sectores. Igualmente intensa ha sido la discusión y la movilización social respecto a las políticas de tierras y los impactos que en la vida, la seguridad humana y la conflictividad social, está provocando la imposición del modelo extractivo y el uso comercial de los bienes naturales que como el agua y las Fuentes energéticas, están siendo concesionadas a gran escala a favor de capitales extranjeros y locales; sin tomar en cuenta los derechos de la población que se ve afectada por estos megaproyectos.

La gravedad de la situación rebasa el medio rural, hoy afecta también a la población de áreas urbanas y suburbanas, asentadas a pocos minutos del centro de la capital guatemalteca. Es decir es una problemática de alcance nacional que compromete al conjunto de la sociedad y debiera implicar las competencias del conjunto del Estado, en tanto están siendo afectados derechos fundamentales de las y los ciudadanos guatemaltecos y pueblos originarios de este territorio.