La presente Ley provincial establece un Régimen de Protección y Fomento de los Sistemas Socioproductivos de la Agricultura Familiar, mediante políticas públicas de acceso a la tierra, al agua y demás bienes esenciales para la producción, el trabajo y la comercialización. La Ley reconoce en la agricultura familiar un factor imprescindible para el logro de la soberanía alimentaría en la Provincia de Río Negro.

La presente Ley establece los mecanismos y políticas sectoriales para la prevención, protección y fortalecimiento de las naciones y los pueblos indígenas originarios que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad. Los mecanismos de protección contemplan el impedir cualquier tipo de perturbación en los territorios ocupados por dichas naciones y pueblos, como así también la promoción de iniciativas comunitarias para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, facilitando la rehabilitación de la seguridad alimentaria y el acceso a los servicios básicos.

Por la presente Ley se declara de interés público la agricultura familiar, campesina e indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, y por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.

La presente Ley tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones. Para ello establecer el régimen jurisdiccional que permita al Estado resguardar, proteger y defender la propiedad privada individual y colectiva, la propiedad estatal y las tierras fiscales de los avasallamientos y el tráfico de tierras.

En el marco de la política pública de desarrollo social, este Decreto prioriza la eliminación de la pobreza extrema en la República del Paraguay como causa nacional. La Ley incluye a las familias rurales, urbanas e indígenas entre los participantes de los programas y proyectos implementados en virtud de este Decreto. Uno de los objetivos de estos programas es asegurar las condiciones necesarias para el acceso al derecho de propiedad de la tierra y el arraigo en sus comunidades, así como la seguridad alimentaria y nutricional de la población, incluyendo la cobertura de agua potable.

Mediante este Decreto se establece el mecanismo de recuperación de áreas de suelos agropecuarios degradados de pequeñas propiedades y propiedades comunitarias o colectivas con la finalidad de mejorar la salud y capacidad productiva de los suelos a nivel nacional, para garantizar la producción y la seguridad alimentaria con soberanía. Se crea el Programa de Recuperación de Suelos (PRORESU) bajo dependencia del Viceministerio de Tierras, como mecanismo de recuperación de áreas agropecuarias degradadas.

El presente Decreto Supremo tiene por objeto implementar mecanismos de resguardo de las áreas productivas a fin de garantizar la seguridad alimentaria con soberanía. En este marco se definen las siguientes categorías de áreas: a) áreas productivas agropecuarias urbanas, que son espacios de uso agropecuario, piscícola o agroforestal de extensiones influenciables o colindantes con urbanizaciones; b) áreas rurales de vocación productiva, cuyas características, tengan continuidad superficial y preponderancia para la seguridad alimentaria.

La presente Resolución introduce algunas modificaciones a la Resolución Nº 8 de 2008, por la que se estableció el Plan de Apoyo a Pequeños y Medianos Productores. En primer lugar se sustituye el texto del Anexo, el cual enumera los objetivos generales y específicos del Plan. En cuanto al objetivo general, se establece que el Plan se propone apoyar a los pequeños y medianos productores rurales, por su elevado potencial y su importante papel multiplicador en las economías regionales de las distintas zonas rurales del país.

La presente Ley regula el régimen de autonomías en base al artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, que dispone que Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país.

La presente Ley reconoce y protege los derechos de los pueblos y comunidades de indígenas en el Estado de Veracruz, a fin de garantizar su desarrollo económico y humano.

La presente Ley reforma parcialmente la Ley de tierras y desarrollo agrario, tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la justicia, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental

La politique de développement agro-sylvo-pastoral est marquée par le retrait progressif de l’Etat et est conforme aux principes de recentrage de ses missions sur des fonctions régaliennes, de poursuite de la politique de décentralisation, d’amélioration du cadre et des conditions de vie en milieu rural, ainsi que de création d’un environnement propice aux investissements privés en milieu rural. La réduction de la pauvreté est la principale priorité de la politique de l’Etat, en particulier dans les zones rurales.