La sexta avenida, entre quinta y cuarta calles está prácticamente tomada por campesinos, hombres y mujeres que se trasladaron a vivir ahí –frente a Casa Presidencial– porque fueron expulsados violentamente de comunidades en donde vivían, y según lo dicen, están dispuestos a continuar resistiendo hasta tanto el gobierno no les dé una respuesta clara y concreta a sus peticiones que tiene relación con la restitución de las tierras que históricamente les pertenecen.

Todos ellos han llegado de Petén, Izabal, Quiché, Santa Rosa, Escuintla y las Verapaces, pero la problemática agraria está presente a lo largo y ancho del país porque no se ha respetado la posesión histórica de la tierra y las fuerzas de seguridad se han puesto al servicio incondicional de la oligarquía y de las grandes compañías mineras que explotan oro, plata, cobre, níquel, plomo y otros minerales y de quienes les interesa ocupar más tierra para la siembra de palma africana o caña. La tierra, está claro, no es para quien la trabaja, sino para quienes cuentan con el apoyo de los gobiernos para expulsar a las comunidades y tienen recursos para mantener la semiesclavitud en el país.

En lo que va del presente año, doce comunidades han sido afectadas violentamente, en varias de ellas quemadas sus casas, sus chamarras, las pocas cosas que tenían y hasta sus siembras. Cientos de familias han sido abandonadas a su suerte. A nadie le importa la mirada triste de los niños viviendo en condiciones totalmente infrahumanas, ni mucho menos el llanto de las madres que se han quedado solas con sus hijos porque el padre fue asesinado o refundido en la cárcel por luchar en defensa del territorio, por su derecho a la tierra o en contra de las mineras e hidroeléctricas.

Tal como lo señala un dirigente comunitario “El Estado tiene toda la obligación de responder a las demandas de la población afectada por este sistema que nos desaloja, nos criminaliza, nos discrimina y encima nos quieren expulsar de nuestros territorios para proteger sus intereses con empresarios corruptos que impulsan la impunidad en el país”.

El problema fundamental sigue siendo la tenencia de la tierra en pocas manos y mientras eso no se resuelva, los conflictos agrarios van a continuar y cada vez con más fuerza. Y si la criminalización, la represión y la persecución siguen siendo la respuesta del gobierno, no les extrañe que de quinientos pasen a ser miles los que acampen por la Casa Presidencial, el Palacio y las Cortes. El grito por el derecho a la tierra y el respeto al territorio, se escucha en todo el país, si los grandes terratenientes, finqueros, ganaderos, empresarios y el gobierno que les sirve, no quieren oír, aténganse a las consecuencias. La violencia, está demostrado, genera más violencia y las llamadas mesas de diálogo no han servido para nada, sólo para seguir engañando al campesinado.

Opinion publicada aquí